De manera extraña, los registradores especiales de Medellín y por fuera de sus competencias, enviaron una carta el pasado 30 de abril al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, insistiendo en una respuesta sobre la pregunta a si es o no competente para vigilar y controlar los protocolos de bioseguridad en la recolección de firmas para la revocatoria del mandatario local.
Según los términos de ley el alcalde Quintero, solo disponía de 5 días tras la recepción de la notificación con esa pregunta, entregando a la registraduría como respuesta, que para tal efecto había ordenado a la secretaria de salud, asumir el tema. Esta no dio nunca respuesta, dejando vencer los tiempos.
Así las cosas, la registraduría debió asumir la no respuesta como una dados los tiempos de la ley y solo que quedaba pronunciarse el pasado 30 de abril ordenando la entrega de las planillas.
Paralelamente, la Procuraduría también tenía hasta el pasado 30 de abril para pronunciarse sobre las recusaciones, cosa que tampoco ha pasado. En este sentido queda por sentado que las recusaciones fueron aprobadas por el Silencio Administrativo Positivo, por lo que debe actuarse según lo que se solicitó en la recusación, esto es que se nombre a la Seccional de Salud de Antioquia como la competente para la vigilancia y control de los protocolos.
Pero extrañamente, en vez de actuar en consecuencia el pasado 30 de abril, los registradores especiales emitieron dos cartas. Una a la procuraduría en la que le hace varias preguntas que fueron reseñadas por IFMNOTICIAS.COM
La otra carta, la insistencia en la pregunta al alcalde sobre sus competencias, algo que es extemporáneo y que no tendría porqué hacerse, pues el alcalde ya había dado una respuesta en el sentido de que había entregado a la Secretaria André Uribe Montoya, la potestad de respuesta, la misma que, como ya se informó, no respondió y dejó vencer los términos.
Con esto, la Registraduría se salta los tiempos estipulados por la ley y le da sospechosamente, oxígeno al alcalde Daniel Quintero. Para algunos seguidores del tema, la Procuraduría debería comenzar un proceso en contra de los registradores especiales, por incumplimiento a las normas y violar la ley al no hacer efectiva la entrega de las planillas.
Entre tanto, sobre la procuraduría y la no respuesta, asumen que el silencio administrativo aplica y que la no respuesta de la procuraduría, en sí se considera una respuesta que da razón sobre las recusaciones a los comités de revocatoria.
