El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un panorama cada vez más complicado para sacar adelante su reforma tributaria, con la cual espera recaudar $12 billones de pesos necesarios para el presupuesto del 2025.
A menos de diez días para que termine noviembre, el proyecto sigue estancado, sin una ponencia lista para el primer debate, y con la oposición preparada para presentar una ponencia negativa que busca archivar la iniciativa.
Con un Congreso que se prepara para su receso de fin de año, el gobierno se encuentra en una verdadera contrarreloj. Si la reforma no se aprueba antes del 20 de diciembre, el Ejecutivo tendrá que convocar sesiones extraordinarias y enfrentarse al costo político de iniciar el 2025 con un hueco presupuestal de 12 billones de pesos.
La representante Olga Lucía Velásquez confirmó lo ajustado del calendario legislativo:
«Los tiempos están muy exactos, ajustados, dan con extras, es decir, antes del 20 de diciembre no podríamos estar saliendo.»
Aunque ya se han realizado dos reuniones entre el gobierno y los ponentes, los avances son mínimos y los consensos están lejos de materializarse. Según los asistentes, los acuerdos siguen “crudos” y las discusiones en una etapa preliminar. No obstante, el Ejecutivo insiste en que presentará una ponencia mayoritaria la próxima semana.
Oposición firme: «No más impuestos»
Mientras el gobierno intenta consolidar el apoyo necesario, la oposición ya ha tomado una posición clara: enterrar la reforma. Liderados por el senador Miguel Uribe, quien es coordinador ponente, han decidido no participar en las reuniones con el Ejecutivo, calificándolas de inútiles:
«No más impuestos y vamos a hacer lo que sea necesario para frenar esta nueva reforma tributaria.»
Uribe y otros congresistas de oposición argumentan que la iniciativa no solo es innecesaria, sino que afecta directamente a los sectores productivos del país. Esta postura quedó evidenciada en la primera audiencia pública sobre la reforma, realizada este jueves, donde gremios como la Andi, Fecoljuegos y la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), además de centros de estudio como Anif y Fedesarrollo, expresaron su rechazo a las medidas planteadas.
Un trámite enredado y de alto riesgo
El trámite de la reforma tampoco cuenta con la claridad operativa necesaria. Los congresistas aún esperan que la mesa directiva de la Cámara de Representantes firme una resolución para habilitar el primer debate en sesiones conjuntas de las comisiones económicas. Sin este paso, el proyecto quedaría estancado incluso antes de enfrentarse al hemiciclo.
Si el Congreso no aprueba la reforma en las próximas semanas, el gobierno no solo tendrá que recortar el presupuesto del próximo año, sino que también deberá regresar al legislativo con una nueva propuesta fiscal en un ambiente aún más polarizado.
