Claramente cuando se toca un derecho fundamental y cuando se plantea todo un proyecto para cambiar el sistema prestador de salud, el trámite de su aprobación en el Congreso debe hacerse como ley estatutaria. Es la conclusión que surge de la la evaluación y alcance de la norma.
Al respecto, los sectores de la izquierda radical argumentan que la ley 1751 del año 2015 es la ley estatutaria ya existente, por lo cual el trámite de la reforma a la salud tendría que ser como ley ordinaria tal como lo pretende el ex guerrillero presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, el procedimiento y alcance supera temas trascendentales, que tocan la esencia misma del derecho, y como tal no sería posible tramitar dicha ley como ordinaria. El proyecto del gobierno modifica la ley 100 ya que redefine el derecho a la salud, lo que podría afectar directamente al bolsillo del usuario y del paciente, que se vería obligado a pagar más por la salud, y por si fuera poco redefine incluso el propio derecho, además que le prohíbe al paciente hacer uso de su capacidad de elección sobre el prestador del servicio, ya que se eliminan las empresas prestadoras de salud en el polémico proyecto.
Además, mediante una nota de prensa de la Corte Constitucional, se ratifica que este órgano tendría la potestad de suspender la ley en casos excepcionales. Lo que quedó ratificado por la entidad judicial mediante la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, donde se anuncia que se podrán suspender las leyes demandadas como medida cautelar, si hay un inminente riesgo de ser afectada la Constitución Política o algún derecho fundamental.
Según el pronunciamiento del magistrado, se entiende que la Corte estaría en toda la capacidad de suspender la reforma, de no tramitarse esta como una ley estatutaria, tal como lo indica la ley cuando se trate de definir y legislar sobre derechos fundamentales como la salud.
