Tras una decisión de ley, sin analizar el dictamen judicial la registraduría intenta enterrar la revocatoria, dándole un fuerte golpe, ilegal por demás, a la democracia participativa. Después de que tras una acción de cumplimiento un ciudadano obligó al CNE a hacerse cargo de verificar únicamente los topes y estos en consecuencia fueron aprobados. Ante esto la responsabilidad de la registraduría era verificar los estados contables. De esta manera en este proceso, ya habían quedado claras las funciones de ambas entidades en materia de revocatoria.
Sin embargo, la Registraduría ayer se niega a no certificar los requisitos de revocatoria, mediante la Resolución No 054 de 22 de noviembre de 2022 firmado por Hilda Luz Jara Vélez, nueva registradora especial de Medellín y ficha clave del conservador petrista Carlos Andrés Trujillo, según denuncian fuentes cercanas a IFMNOTICIAS.COM.
La funcionaria en cuestión firma el documento que dice que no certifica los estados contables después de que en la en la entidad reposa el correspondiente dictamen pericial contable donde se determina que sí se había cumplido con los topes.
Por lo tanto, no hay motivo para que la Registraduría Nacional del Estado Civil siga obstaculizando un proceso 100% legal, destruyendo de esta manera la democracia participativa e instaurando una dictadura, aduciendo una aparente superación de los topes, e involucrando nuevamente al CNE, tras no haber certificado a tiempo los requisitos de la revocatoria.
La revocatoria, tenía plazo hasta ayer 22 de Noviembre para notificarle al presidente de la república dandole luz verde para proseguir con las elecciones en las urnas sobre la continuidad del cuestionado mandatario, no obstante se presenta este nuevo intento de enterrar el proceso.
Al respecto, argumenta Julio González en el Concejo distrital que: “así no va haber paz nunca, han asesinado un instrumento constitucional desde Bogotá. Hoy debe quedar claro que la Constitución de 1991 ha dejado de existir”.
De todo este proceder sospechoso de la Registraduría se presume fraude a resolución judicial, y también un presunto prevaricato “del tamaño mismo del edificio de la Registraduría Nacional en Bogotá” como lo menciona Andrés Rodríguez, quien también señala: “Señores o abrimos los ojos o el próximo año no van haber garantías electorales de ningún tipo para ninguna persona, que no sea del ala del Pacto Histórico o que no sea del ala de la corrupción de los funcionarios de la registraduría y los demás liderazgos o personas buenas que quieran aspirar a un cargo de elección popular, pues tendrán que verse sometidos a esta dictadura donde ya a gusto de un registrador se certifican o no las cosas”.
Ante semejante escándalo ocasionado por la Registraduría debido a estos cuestionables hechos, desde el comienzo de la semana, en el interior de la entidad ya se instaba a sus empleados a mitigar la oleada de críticas que le iban a surgir por frenar nuevamente la revocatoria sin sustento jurídico alguno, y los invitaba hacer uso de las redes para mejorar su desprestigiada imagen.
