Por Jaime Restrepo Vásquez
Cada vez son más violentos. De hecho, son recurrentes las arremetidas feroces del alcalde y de varios secretarios contra todo aquel que se atreva a controvertir las pésimas decisiones que se toman en La Alpujarra.
Resulta evidente que la actual administración no tiene idea de lo que significa la no violencia. Comencemos por las purgas al estilo Lenin, Stalin, Castro y Pol Pot. El manual de los tiranos comunistas incluye la persecución y el exilio de cualquier aliado que resulte sospechoso de traición —o de disidencia—. Por eso no deben sorprender las purgas que hace Daniel Quintero Calle en su círculo cercano: al fin y al cabo, responden a la ideología y la egolatría del alcalde.
La violencia desplegada contra Hernán Muñoz, exdirector del servicio informativo de Telemedellín, corresponde al mismo libreto que aplicaron con Álvaro Guillermo Rendón, antiguo gerente de EPM, o con la junta directiva que renunció: todo asomo de moralidad y ética hace que un funcionario caiga en desgracia y sea víctima del escarnio público y del sicariato moral.
Si todas estas son acciones cotidianas en la alcaldía de Medellín, ¿cuál es la función de la tal secretaría de la no violencia? ¿Obedecerá a la práctica de bautizar a las entidades de forma rimbombante, ocultando una misión diametralmente opuesta a lo que anuncia el nombre? ¿Cómo olvidar que una de las dictaduras más feroces del planeta opera en la República Popular Democrática de Corea o que una inexistente democracia era el estandarte de la República Democrática de Alemania?
En Medellín, el inepto secretario de la no violencia, Juan Carlos Upegui, ha venido impulsando una idea tan etérea como costosa para el erario: nuestra ciudad como epicentro de la implementación de los acuerdos de paz. Según el primo de la gestora social, están «trabajando para ser la capital de la no violencia».
Si evaluamos el desempeño de Upegui, a partir del comportamiento de la cúpula gubernamental de Medellín —incluidos el sicariato moral, las purgas, las agresiones y las descalificaciones contra todo aquel que discrepe del concierto para delinquir de La Alpujarra—, el resultado es patéticamente deplorable. Sin embargo, alguien podría decir que la visión del cartel quinterista está alineada con el desarrollo del pacto habanero firmado entre Santos y las FARC. No obstante, ahí también, la evaluación sería muy deficiente.
En un reciente informe de Indepaz, titulado Los focos del conflicto en Colombia, hoy por hoy hay 13 mil combatientes ilegales en todo el territorio nacional. Además, al escudriñar el documento, encontramos que las FARC tiene 5 200 hombres levantados en armas. Para completar, el ELN cuenta con 2 450 integrantes.
Tal y como afirma el periodista Ricardo Galán, en su Libreta de apuntes, «las cifras de Indepaz demuestran que el proceso de paz fracasó». Es que hay, a la fecha, 22 estructuras «narcoparamilitares» operando, más 34 disidencias de las FARC y 8 frentes de guerra del ELN.
Con estas cifras, aportadas por una organización proclive a eso que llaman paz, resulta contradictorio el propósito de la Secretaría de la no violencia, pues no se puede implementar un estruendoso fracaso como es el pacto habanero.
Total: la no violencia de la alcaldía de Medellín es el ejercicio más depravado de violencia contra cualquier contradictor. Asimismo, si la Secretaría de la no violencia tiene el propósito de aplicar un acuerdo fallido, que, además de espurio, es ilegal e ilegítimo, el resultado será un enorme desgreño de los recursos públicos, pues no se sabe a dónde irán a parar los dineros que invertirán en esa falacia. Esto se sumaría a la larga lista de corruptelas que exhiben como grandes logros los ineptos inquilinos de La Alpujarra.
En Twitter: @atrabilioso
