Por: Mauricio Morales Moreno
Con bombos y platillos, el Ministerio del Medio Ambiente, en cabeza de la jefe de esa cartera Susana Muhamad, radicó un proyecto de ley para prohibir definitivamente el fracking en el país.
Es el cuarto intento para prohibirlo en el Congreso. Sin embargo, esta semana están más optimistas los miembros de las bancadas que votarán a favor de la prohibición tanto de suscribir, como para otorgar y adicionar contratos relacionados con este modelo de explotación petrolera.
En consecuencia, con un gobierno de corte «progresista» y con mayorías en el Congreso, se buscará definitivamente que bajo ninguna circunstancia, el fracking tenga lugar en Colombia.
Aparentemente esta sería una gran noticia medioambiental para un país que ha perdido en los últimos años su posición destacada de cuarta potencia mundial en recursos hídricos, lo que sería un gran alivio en temas de agua y para evitar conflictos socio-ambientales futuros.
El propósito del gobierno es que ni nosotros, ni ningún agente económico externo, pueda hacer uso de esta técnica en el territorio colombiano, eliminando de tajo la posibilidad de recibir ingentes ingresos para las arcas de la Nación.
Esta controversial técnica de explotación, consiste en fracturar las rocas en el interior de la tierra, haciendo uso de productos químicos y metodologías para extraer el crudo. Y es que su uso se ha discutido ampliamente a nivel internacional ya que podría ocasionar no sólo la contaminación de las capas freáticas del subsuelo, sino que también se habla de micro sismos, lo que ha constituido al fracking en una de las formas industriales más criticadas por las izquierdas.
Esta tecnología aunque suena novedosa, realmente ha venido desarrollándose desde mediados del siglo pasado, y ante la opinión pública no se menciona mucho que hoy en día la actividad ya es mucho más amable con el medio ambiente, reduciendo significativamente el daño al entorno, que habitualmente se reporta y se denuncia, mediante informes antiguos de impacto medioambiental que no dan cuenta de la actualidad de ésta técnica.
Definitivamente desde la política dominante en el país, se buscará una total erradicación de la actividad, tal como ya se viene haciendo en otras partes del mundo.
En particular en Colombia, en el gobierno de Duque se inició un programa piloto que le permite a las autoridades evaluar su real incidencia en las aguas subterráneas y en la geología, pero ya que se busca evitar su nacimiento en el país, de esta manera, se acabará también con las pruebas.
Estados Unidos recientemente se convirtió en uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial compitiendo con los gigantes, Rusia y Arabia Saudita entre otros, justamente gracias a la introducción masiva de este modelo de explotación en territorio norteamericano.
Y sin negar las preocupaciones por temas medioambientales que este modelo genera y que realmente son innegables, es claro que de prosperar este proyecto de prohibición en Colombia, en definitiva nunca se haría uso de él, como esperan sus promotores.
Ahora faltaría ver si el cabildeo político empresarial esta vez perderá el pulso en este nuevo proyecto de ley, o si por el contrario por cuarta vez logrará tumbar la iniciativa, un importante termómetro para conocer como están los apoyos en el Congreso para el gobierno, pero al parecer todo indica que la prohibición es inminente.
Queda claro entonces que de imponerse, el gobierno estaría cumpliendo casi de inmediato, una de sus promesas de campaña, y así en un futuro se desarrolle cualitativamente esta tecnología de forma amigable con su entorno y ambientalmente responsable, lo más probable es que el país nunca más tendrá la posibilidad de beneficiarse del fracking para aumentar sus rentas nacionales.
