La audiencia preparatoria dentro del proceso penal contra Sandra Ortiz, investigada por hechos relacionados con el contrato de carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue suspendida y reprogramada para febrero del 2026, luego de que la defensa solicitara más tiempo para revisar el material probatorio entregado por la Fiscalía.
El abogado Mauricio Camacho, quien asumió la representación de Ortiz en septiembre, pidió a la Juez Octava Penal del Circuito suspender la diligencia argumentando falta de tiempo para controvertir el extenso conjunto de documentos del expediente.
Señaló además dificultades para acceder a información requerida, lo que, según su postura, impedía preparar adecuadamente la estrategia para el juicio. La juez aceptó la solicitud y estableció el 11 de febrero del 2026 como nueva fecha para continuar con la audiencia, que se desarrollará desde las 8:00 de la mañana y podría extenderse hasta la tarde.
La Fiscalía negó retrasos en la entrega del material solicitado y sostuvo que la imputación de cargos se realizó hace un año, por lo que, a su criterio, el cambio de defensa no constituye motivo para detener el avance procesal. Aunque reiteró que no busca que la procesada sea juzgada sin garantías, insistió en que la actuación del ente acusador ha seguido los tiempos previstos. El representante de víctimas y la Procuraduría apoyaron la petición siempre que se agilice la entrega de información requerida por la defensa.
La juez explicó que la medida adoptada corresponde a una suspensión y no a un aplazamiento, aclarando que los nuevos términos serán asumidos por la defensa y no por la Fiscalía. Camacho manifestó su desacuerdo con esa determinación y señaló que planteará la discusión ante un juez de garantías.
Junto con la suspensión de la diligencia de este 3 de diciembre, también fueron reprogramadas las audiencias previstas para el 9 y 10 de diciembre, ahora fijadas para el 18 de febrero y el 4 de marzo.
Sandra Ortiz, permanece detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. Está acusada de participar en un esquema de direccionamiento contractual en la UNGRD, por el cual enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. La investigación de la Fiscalía señala que Ortiz habría intervenido en la movilización de 3.000 millones de pesos vinculados al contrato de carrotanques y que esos recursos habrían sido entregados al entonces presidente del Congreso.
El expediente incluye hechos ocurridos el 12 y 13 de octubre de 2023, fechas en las que, según el ente acusador, Ortiz se habría reunido con Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD actualmente privados de la libertad por las mismas investigaciones. La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria habría recibido dinero en efectivo para entregarlo al entonces presidente del Senado. Ortiz ha negado su participación en estos hechos durante las audiencias y en declaraciones públicas posteriores a su judicialización.
