IFMNOTICIAS

Presidente Duque: sí hay conmoción interior

Por: Eduardo Mackenzie

¿El presidente Iván Duque no puede ver lo que ocurre en el país? Él es probablemente el hombre más informado de Colombia. En su escritorio se acumulan los informes de los servicios de inteligencia y de los ministerios sobre los más candentes temas. No parece que a esos análisis les falte calidad. Sin embargo, la respuesta del mandatario es abúlica.

Ayer, gracias a la televisión, todo el país vio con angustia y cólera la estrepitosa tentativa de un jefe fariano, Santrich, de escapar de La Picota con la descarada ayuda de la JEP. Vió luego la recaptura del guerrillero tres minutos después de que cruzara la puerta de la cárcel, y vió su embarque forzado en un helicóptero que lo llevó de nuevo al bunker de la Fiscalía, a pesar de las agresivas protestas de la JEP y de los amigos del extraditable. El presidente Duque respondió a eso con una corta aparición. El trató ese episodio excepcional como si fuera algo perfectamente rutinario.

Su discurso de dos minutos y medio fue en tono perentorio. Pero el fondo fue flojo. No aludió ni una sola vez al problema de la JEP y se abstuvo de mencionar la palabra extradición. Empero, la JEP es la entidad que presionó y dio la orden de poner en libertad al jefe narco-comunista. La JEP es la entidad que resolvió (de manera arbitraria) que Santrich no sería extraditado. La JEP creó la grotesca situación que los colombianos criticamos todos los dias.

Vimos ayer cómo un organismo artificial, no instituido por la Constitución nacional, se imponía como el nuevo orden jurídico del país, emergía como un monstruo capaz de sacar de la cárcel a un traficante de droga pedido por un tribunal americano. Vimos cómo la JEP podía pulverizar el Estado de Derecho, violar un tratado de extradición, transgredir las orientaciones del gobierno nacional, así como la misión de los servicios del Estado, de la Fiscalía General (la entidad que había ordenado la captura de Santrich en abril de 2018), del poder judicial y hasta del poder legislativo. La opinión vio con asombro que al Fiscal General le quedó la renuncia al cargo como último recurso para no validar la embestida de la JEP. Vió cómo el engendro subversivo que los colombianos habíamos rechazado expresamente en octubre de 2016, mediante un referendo, era exaltado por la JEP.

Empero, Duque no quiso ver lo que había sobre el tapete: una situación de conmoción interior. El aborda ese incendio institucional con tibieza, como si creyera que semejante golpe político-judicial será conjurado con una intervención de dos minutos. Estimó que el país quedaría satisfecho por el encanto de sus frases. Su ambigüedad mostró, en mi opinión, que él no logra, aún en los momentos más álgidos, tomarle el pulso a las calamidades del país. ¿No explica eso, en parte, la caída en picada del respaldo popular a su gestión?

Duque sí habló de luchar “contra la reincidencia criminal” pero no mencionó a la JEP que es, precisamente, la oficina que trató de dejar en libertad a un reincidente criminal. Duque dijo: “Toda nuestra institucionalidad seguirá trabajando para que no haya impunidad”. ¿Pero acaso él cuenta dentro de “nuestra institucionalidad” a la JEP? La ausencia de repudio al acto de la JEP en su discurso hace pensar que él ve ese aborto fabricado en La Habana como un elemento de “nuestra institucionalidad”. ¿Eso explica el fracaso de Duque en su tímido intento de hacer aprobar en el Congreso solo seis objeciones a la JEP?

Es cierto, la recaptura de Santrich le ahorra al país, por un momento, el espectáculo bufo de ver a ese individuo posando de senador. Pero no resuelve nada. Dilata sí la incertidumbre frente a ese desafío. De la Fiscalía Santrich pasó enseguida a una clínica de Bogotá para evitar la nueva audiencia de imputación de cargos. Y la JEP, al seguir intacta, retomará su ofensiva. Sin la extradición de Santrich todo seguirá en un limbo. Las relaciones de Colombia con Estados Unidos se deterioran y el gobierno pierde terreno.

El país pide medidas rápidas para salir de ese impase, y acciones certeras contra la JEP, pináculo de la ofensiva subversiva, pues sabe que esas soluciones existen. La mayoría pide la abolición pura y simple de la JEP. Ni los mismos sabios de la Corte Constitucional pueden explicar cómo el acuerdo final Santos-Farc es la otra cabeza que le nació de repente a la Constitución de 1991. Un país, dos Constituciones. Colombia, un caso único en el mundo.

Duque no quiere tomar decisiones. Rechaza lo que puede poner fin a la pesadilla institucional. La constituyente, la reforma de la justicia, un referendo revocatorio y la figura de la conmoción interior han sido rechazadas por él. Esta última podría sacar del país la pestilencia traída de La Habana. Pero no quiere hacer nada, salvo frases y discursos “contundentes”.

Ante el manotazo del 15 de mayo unos congresistas pidieron acudir a la conmoción interior para extraditar a Santrich. Duque los mandó a freír espárragos y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez los calificó de “irresponsables”. En cambio, un albacea de las FARC, instigador de los mayores asaltos contra el Estado de Derecho, no fue reprendido cuando anunció que el presidente “es respetuoso del Estado de Derecho” por haber renunciado a decretar la conmoción interior.

Es probable que Iván Duque tenga una visión excesivamente restrictiva de lo que es una conmoción interior, aunque los criterios del artículo 213 de la Constitución son claros y responden a lo que ocurre hoy. Él debe admitir que Colombia vive en estos momentos una grave perturbación del orden público, que afecta de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

No creamos que solo una ofensiva guerrillera, o una huelga insurreccional, son graves perturbaciones del orden público. El orden público es perturbado si hay derrumbe del sistema jurídico. Es lo que vemos. El país perdió su estabilidad institucional. La polarización social se agrava. La convivencia ciudadana es cada vez más difícil.

Desde 1991, el poder ejecutivo decretó cinco veces la conmoción interior. Tres fueron validadas por la Corte Constitucional. Dos de las tres fueron para hacerle frente a escaladas terroristas y la otra para impedir la fuga de presos (paramilitares y guerrilleros). Hoy la escalada incluye esos mismos factores y los agrava: narco-terrorismo en campos y ciudades (Escuela de Policía de Bogotá), irrupción de un furúnculo de poder judicial que se pretende hegemónico (la JEP), protestas “universitarias” violentas, intrigas para sacar al ministro de Defensa y al Comandante del Ejército, artículos del NYT plenos de fake news sobre las Fuerzas Armadas de Colombia, amenazas militares de la dictadura venezolana y hasta del gobierno ruso. Todo bien coordinado y al mismo tiempo. Sin embargo, todo va bien en el mejor de los mundos.

Duque lo está haciendo mal. Quiere “fortalecer la extradición” con los partidos que apoyaron la agenda de Santos. De ese cónclave saldrá con las manos aún más atadas. Alguien tiene que decirlo. Nadie le pide que radicalice el discurso. Le piden que utilice la Constitución, que una al país y luche a fondo contra el proceso subversivo. No basta con comentar y gerenciar la crisis: hay que tratarla a fondo.

La Constitución de 1991 debilitó la función presidencial, y reforzó los otros poderes, pero le dejó al ejecutivo algunas palancas de gobierno. Duque debe utilizarlas. ¿Qué espera?

Comentarios: 0