El proceso judicial que buscaba la nulidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 quedó sin curso luego de que el abogado Germán Eduardo Castro Marín decidiera retirar la demanda, pese a que esta ya había sido admitida por el Consejo de Estado. La decisión fue anunciada públicamente por el demandante y estuvo motivada, según explicó el propio jurista, por amenazas y mensajes de odio que pusieron en riesgo la seguridad de su familia.
Castro había presentado una acción de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional estableció un incremento del 23% en el salario mínimo para el próximo año. El abogado aclaró que su actuación tuvo un carácter estrictamente jurídico y se basó en el análisis de la Ley 278 de 1996, que regula el procedimiento para la fijación del salario mínimo, así como en la jurisprudencia vigente del alto tribunal.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el demandante explicó que su intención nunca fue afectar a los trabajadores ni generar un debate político. Señaló que la acción judicial buscaba examinar la legalidad del acto administrativo y defender la institucionalidad económica del país frente a lo que consideraba posibles vicios de forma y de motivación en el decreto.
Sin embargo, tras la admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado, el abogado aseguró que se desató un ambiente hostil en su contra, caracterizado por amenazas directas y mensajes de intolerancia. Ante este escenario, afirmó que optó por priorizar la protección de su núcleo familiar y su tranquilidad personal. “Ninguna controversia jurídica, por relevante que sea, puede estar por encima de la seguridad de la familia”, expresó en su declaración.
El proceso judicial cuestionaba, entre otros aspectos, la metodología empleada por el Ejecutivo para definir el incremento salarial. En la demanda se argumentaba que el Gobierno habría sustentado el aumento en estimaciones técnicas externas, como la brecha salarial planteada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lugar de ceñirse exclusivamente a los parámetros definidos por la ley colombiana, como la inflación, la productividad y el crecimiento económico.
Además, el escrito señalaba que no se habría respetado plenamente el mecanismo de concertación tradicional entre Gobierno, empresarios y trabajadores. Estos argumentos llevaron al Consejo de Estado a admitir la demanda y a abrir la posibilidad de estudiar una eventual suspensión provisional del decreto.
Con el retiro de la acción, corresponderá ahora al magistrado ponente, Luis Eduardo Mesa Nieves, formalizar la terminación del trámite. Castro concluyó su pronunciamiento señalando que se aparta del proceso con la convicción de haber actuado conforme a derecho y reiteró un llamado al respeto por el ejercicio de la defensa judicial como pilar fundamental de la democracia.
