La polémica en torno a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no deja de crecer. En su más reciente intervención, Petro afirmó que la JEP, como tribunal de cierre del conflicto, debería aceptar y otorgar beneficios penales a los narcotraficantes, lo que ha generado una ola de críticas por el desconocimiento de los verdaderos alcances de esta jurisdicción especial.
En diversas regiones del país, la violencia ejercida por grupos ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otros actores armados continúa desbordando cualquier intento de pacificación.
Estos grupos, con claros vínculos con el narcotráfico, intentan justificar sus crímenes bajo una fachada política, mientras que sus acciones evidencian su verdadero propósito: perpetuar el control territorial y las economías ilícitas.
El ELN, por ejemplo, no solo asesinó con explosivos a cinco militares en Anorí, Antioquia, sino que sometió a miles de chocoanos a un paro armado en medio de desastres naturales, dejando en evidencia su falta de voluntad para avanzar hacia la paz.
Por otro lado, las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, intensifican el reclutamiento forzado de menores, como los 15 niños llevados a la fuerza en El Plateado, Cauca.
A esto se suman denuncias de fosas comunes, como la encontrada en Buenos Aires, Cauca, con cinco cuerpos. Paralelamente, alias Calarcá y sus hombres mantienen a comunidades enteras bajo un régimen de extorsión descarada, incluso entregando recibos para certificar los pagos de sus víctimas.
La JEP: ¿Un tribunal para narcotraficantes?
Ante este panorama, resulta desconcertante que el presidente Petro proponga abrir las puertas de la JEP a narcotraficantes, un objetivo completamente ajeno a la naturaleza de este tribunal.
La JEP fue creada con base en el acuerdo de paz con las Farc para atender exclusivamente los crímenes cometidos por exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado.
Según lo estipulado en el acuerdo del Teatro Colón, y avalado por la Corte Constitucional, en ningún caso la JEP fue diseñada para ser un mecanismo de beneficio para actores ajenos al conflicto, como los narcotraficantes. Pretender lo contrario no solo desvirtúa su propósito, sino que también debilita su legitimidad ante las víctimas y la comunidad internacional.
Grupos armados y la manipulación de la paz
Mientras tanto, figuras como alias Iván Márquez siguen aprovechando las oportunidades de negociación ofrecidas por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, solo para dar nuevos portazos al Estado. Este patrón, repetido en varias ocasiones, reafirma la intención de estos actores de mantenerse en la ilegalidad.
Por otro lado, antiguos grupos paramilitares, como Los Pachenca en la Sierra Nevada de Santa Marta, intentan camuflar sus actividades criminales bajo la misma lógica insurgente, incrementando sus extorsiones a grandes empresas y afectando gravemente la economía local.
El presidente Petro parece decidido a reconfigurar la narrativa de la paz, pero sus declaraciones sobre la JEP solo añaden confusión y favorecen a quienes buscan legitimar sus actividades ilícitas bajo un manto de legalidad.
La violencia y la criminalidad no se combaten otorgando beneficios injustificados, sino reafirmando la institucionalidad y protegiendo a las víctimas que han soportado las consecuencias de estos grupos durante décadas. La paz no puede ser excusa para premiar al narcotráfico.