Petro se dirigió al país en una alocución televisada en la que centró su intervención en la defensa del aumento del salario mínimo y de los decretos expedidos bajo la figura de emergencia económica, en medio de cuestionamientos jurídicos, políticos y técnicos sobre el impacto de esas decisiones.
El mandatario utilizó buena parte de su discurso para confrontar a medios de comunicación, sectores empresariales y al Congreso de la República, a los que responsabilizó de difundir, según dijo, interpretaciones erradas sobre los efectos de su política económica.
Desde el inicio de su intervención, Petro sostuvo que su mensaje había sido objeto de “censura”, al tiempo que afirmó que existe una ofensiva contra lo que denominó el “salario mínimo vital”, al que presentó como un mandato constitucional.
Según el mandatario, las críticas apuntan a responsabilizar el aumento salarial del alza en los precios, lo que, según indicó, busca enfrentar a los trabajadores entre sí y mantener bajos los ingresos laborales.
Para sustentar su posición, el presidente expuso cifras del Índice de Precios al Productor, señalando que, pese a que el salario mínimo real habría aumentado un 18% durante su Gobierno, los costos de producción registraron una variación negativa entre 2024 y 2025.
De acuerdo con los datos citados por Petro, mientras los salarios crecieron, los costos asociados a producir bienes y servicios disminuyeron, lo que, según su planteamiento, contradice la narrativa que vincula directamente el alza salarial con la inflación.
En esa misma línea, el mandatario puso como ejemplo los precios de los alimentos, a los que calificó como el principal componente de la inflación en Colombia. Durante la alocución mostró listados de Corabastos y afirmó que, tras la expedición del decreto del salario mínimo, la mayoría de los productos básicos se han mantenido estables, con incrementos puntuales en algunos casos específicos.
Para Petro, estos datos refuerzan la idea de que el aumento salarial no ha generado un encarecimiento generalizado del costo de vida. Así mismo cuestionó normas que, según él, indexan costos como la vivienda al salario mínimo, pese a que indicó que el componente laboral representa apenas una fracción del total de esos gastos.
En ese punto, insistió en la necesidad de avanzar en decretos que desvinculen ciertos precios del salario mínimo. Por lo que el mandatario solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que pueda expedir decretos de “desindexen” la vivienda del salario mínimo para que los costos del salario mínimo no se equiparen al de ese sector.
En cuanto a los decretos de emergencia económica, Petro los justificó como una respuesta a hechos sobrevinientes relacionados con la situación fiscal y el endeudamiento. Aseguró que, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, el país enfrentó mayores costos para acceder a crédito interno y externo.
En ese contexto, el presidente dedicó un tramo central de su intervención a explicar la operación de endeudamiento externo por 4.950 millones de dólares, a la que acudió el Gobierno tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
Según Petro, la decisión no estuvo orientada a ampliar el gasto público ni a financiar nuevos programas, sino a cubrir obligaciones previamente adquiridas por el Estado, en un escenario que describió como de restricción fiscal inducida por la falta de herramientas legislativas.
El mandatario sostuvo que, luego de que el Congreso rechazara la ley de financiamiento, el Gobierno se vio obligado a buscar recursos en el mercado interno para cumplir con el pago de la deuda, enfrentando tasas de interés superiores al 13 %.
En su relato, ese aumento en el costo del endeudamiento interno reflejó, a su juicio, la percepción de riesgo generada por la imposibilidad del Ejecutivo de asegurar ingresos suficientes para atender sus compromisos fiscales.
Petro afirmó que, ante ese escenario, el decreto de emergencia económica permitió restablecer la confianza de los mercados internacionales al introducir nuevos tributos dirigidos a los sectores de mayores ingresos y a determinadas rentas concentradas. Como resultado, explicó, el Gobierno acudió al crédito externo con una solicitud cercana a los 5.000 millones de dólares, frente a la cual, según dijo, recibió una oferta que superó ampliamente esa cifra, alcanzando compromisos por cerca de 23.000 millones de dólares.
Durante la alocución, Petro vinculó directamente este resultado con la expedición del decreto de emergencia económica, al señalar que la disminución del riesgo país y la alta demanda por bonos colombianos evidenciaron, desde su perspectiva, una recuperación de la credibilidad internacional.
En esa línea, sostuvo que los recursos obtenidos se destinarían exclusivamente a reemplazar deuda más costosa y a reducir presiones fiscales, sin afectar el nivel de gasto ni comprometer nuevas erogaciones.
El mandatario también reiteró que, según su explicación, el impacto de esta operación tendría efectos en los próximos gobiernos, al modificar el perfil de vencimientos y aliviar la carga financiera del Estado, en un contexto que describió como marcado por restricciones políticas y disputas institucionales alrededor de la política fiscal.
El presidente concluyó señalando que el tiempo limitado de la alocución, al estar «censurado», le impedía profundizar en los datos expuestos, en un mensaje marcado por la confrontación directa con sus contradictores.
