El periódico El Colombiano, el medio escrito (impreso Y digital) más importante de la región, denunció en su editorial del domingo, el veto informativo al que ha sido sometido por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
En el editorial, el periódico se pregunta a sietes debe este veto que ha sido evidenciado por los lectores, quienes han visto que en sus páginas solo se recoge información del alcalde, de manera indirecta a través de sus redes sociales o citando otros medios.
Reclama con razón el periódico, que el alcalde niega sistemáticamente los requerimiento del periódico y hasta se ha negado a asistir a importantes foros de ciudad, mientras sí habla directamente con otros medios radiales, televisivos, impresos y digitales.
Reflexiona el editorial sobre la equivocada percepción del alcalde como representante de los ciudadanos a responder entrevistas solicitadas, como si esto fuera un favor y no deber de transparencia con la ciudad.
Explica que esta actitud del mandatario es una forma de censura que debe ser conocida por la ciudadanía.
Pero el periódico deja otra denuncia planteada y que promete tratar en otro momento y es el chantaje y otra forma de censura que es la cancelación de la pauta publicitaria.
Desde IFMNOTICIAS, nos solidarizamos con el periódico El Colombiano, pues nos identificamos plenamente con sus denuncias ya que hemos vivido en carne propia, otros tipos de censura ejercidas por la administración municipal del señor Quintero.
Este es el Editorial de El Colombiano en el que expresa las denuncias.
¿Por qué el veto informativo del alcalde Quintero?
De forma reiterada hemos buscado respuestas por parte del alcalde de Medellín sobre hechos de máxima relevancia. Es derecho de los ciudadanos recibir esa información. Pero parece existir una orden de silencio.
El pasado mes de agosto se produjeron profundos puntos de quiebre en la normalidad institucional de Medellín. La renuncia en pleno de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, y sus posteriores y graves consecuencias. La renuncia de la mayoría de la junta directiva de Ruta N, que denunció y puso de presente el rompimiento de los estatutos con la imposición por parte del alcalde Daniel Quintero de un nuevo director. La renuncia posterior de otros miembros de junta de entidades relacionadas con EPM, la declinación de nombramientos, las desafiantes declaraciones del alcalde contra quienes le llevaran la contraria u objetaran sus procederes.
Como medio de comunicación, estos hechos y las realidades que generan conllevan varias responsabilidades: informarlas, explicarlas, dar contexto, consultar fuentes, buscar reacciones, dar voz a los protagonistas, ofrecer análisis. Y, por otra parte, proponer interpretaciones a lo sucedido en las páginas editoriales, ofrecer puntos de vista a los lectores, quienes libremente podrán discernir si las comparten o no, si las acogen o si discrepan.
Para la parte informativa, es fundamental consultar a los protagonistas, y brindar a las audiencias sus explicaciones. Informar (medio de comunicación) y ser informado (derecho ciudadano), deber y garantía que impone obligaciones tanto para el medio que cumple su objetivo como para el funcionario público que asume representación ciudadana y, con ella, de forma inseparable, la disposición permanente a dar cuenta de sus actos y de sus decisiones –o de sus omisiones, llegado el caso–.
Desde el momento mismo de conocerse, primero, la manifestación de inconformidad de la anterior junta directiva de EPM por haber sido desconocida en la toma de decisiones relevantes para la entidad, y luego en su posterior renuncia, EL COLOMBIANO ha buscado de forma permanente consultar al alcalde Daniel Quintero. Mediante los canales regulares (Directora de Comunicaciones, y el jefe de Prensa de la Alcaldía) se han elevado repetidamente solicitudes para poder enviarle preguntas sobre los hechos. En general nos topamos con evasivas, y varias veces directamente con la ausencia de respuesta. Para el foro que organizamos para tratar sobre la Gobernabilidad en EPM cursamos invitación al despacho del alcalde, sin haber obtenido contestación.
En la medida en que el alcalde Quintero sí ha atendido –como debe ser– las solicitudes de otros medios, en todas sus plataformas (televisión, radio, prensa escrita y digital), y se ha expresado en ellos con toda amplitud, como igual ocurriría aquí, la negativa a atender a nuestro medio puede entenderse como un veto. Con él, el mensaje que se recibe es que asume que la información es una prerrogativa, y no un derecho, y que su aceptación a ser entrevistado y consultado es un favor que dispensa, no un deber moral que la transparencia que tanto invocó en su posesión le impone frente a la ciudadanía.
La opacidad para explicar las actuaciones de Gobierno, y el veto a atender al medio de comunicación más importante de esta región, son formas de censura. Y así lo deben saber los ciudadanos y en particular quienes se informan a través de nuestras ediciones y plataformas, que legítimamente pueden preguntar por qué no encuentran entrevistas o declaraciones directas del alcalde en nuestro contenido informativo (sí las encuentran, por supuesto, tomadas de sus ruedas de prensa o recogidas de sus redes sociales). La respuesta es esa: el alcalde se niega. No haremos, por ahora, referencia a otra forma de censura, aplicada mediante la cancelación de pauta publicitaria del Municipio, capítulo que merece análisis posterior como mecanismo de coerción contra un medio de comunicación.
