El Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería ordenó el arresto de cinco días y una multa de más de siete millones de pesos contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, por presunto desacato a un fallo de tutela relacionado con el acceso a información pública sobre la región de La Mojana.
Según la decisión, fechada el 6 de noviembre de 2025 , Vélez no cumplió con la orden judicial de entregar los documentos solicitados por el abogado Manuel Navarro Manchego, quien había requerido detalles sobre los convenios suscritos entre el Ministerio de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en esa zona del Caribe colombiano.
El fallo establece que la funcionaria deberá pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, consignados en una cuenta del Banco Agrario de Colombia. Sin embargo, la sanción no se hará efectiva hasta que sea ratificada por el Tribunal Superior de Montería, al cual fue remitido el expediente. El tribunal podrá confirmar, modificar o revocar la orden de arresto.
El incidente de desacato surgió luego de que el despacho judicial tutelara, el 29 de agosto de 2025, el derecho fundamental de petición del abogado Navarro, ordenando al Ministerio de Ambiente dar una respuesta de fondo en un plazo máximo de 48 horas. Según el accionante, la entidad no entregó la información requerida sobre los convenios ambientales, lo que dio lugar a la nueva sanción.
“La ministra Irene Vélez fue sancionada con cinco días de arresto por negarse a entregarme los documentos del convenio que tiene el Ministerio con el PNUD sobre La Mojana”, afirmó el abogado en un video publicado tras conocer la decisión judicial.
El despacho aclaró que, si el Ministerio cumple con la orden judicial antes de la revisión del tribunal, la sanción podría ser levantada.
La titular (e) del Ministerio de Ambiente enfrenta otros procesos judiciales similares. Uno de ellos está relacionado con el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales sobre la delimitación del páramo de Santurbán, en donde se le exigió avanzar con estudios técnicos y procesos de participación ciudadana. Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la sancionó recientemente con una multa de dos salarios mínimos por otro incidente de desacato promovido por la Fundación Al Verde Vivo.
Este nuevo episodio representa un revés judicial para el Gobierno Petro, pues Irene Vélez, una de las figuras más cercanas al presidente, ya había sido cuestionada durante su paso por la cartera por la gestión de proyectos ambientales estratégicos. Ahora, la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Montería, que deberá decidir si confirma o no la sanción de arresto.
