No todos los días un país tiene el privilegio de presenciar un acto de justicia que devuelve esperanza. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que honra a la República: declaró que la campaña presidencial del Pacto Histórico violó los topes de gastos en más de $5.300 millones, confirmando una verdad que durante dos años muchos quisieron ocultar.
Lo primero que corresponde, como ciudadano, es agradecer y felicitar a los magistrados del CNE que tuvieron la rectitud y el coraje de tomar esta decisión. Una decisión tomada en derecho y también en valentía. En derecho, porque actuaron conforme a la Constitución y a la ley, estudiaron las pruebas, siguieron el procedimiento y aplicaron la norma con la serenidad de la justicia. En valentía, porque lo hicieron sobreponiéndose a todo tipo de presiones, amenazas, hostilidades y maniobras de intimidación provenientes del gobierno de Gustavo Petro.
No se doblegaron. No se desviaron. No cedieron a la burda estrategia de miedo y chantaje político que durante meses buscó torcerles la mano. Destaco con especial reconocimiento a los magistrados ponentes Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, cuya labor jurídica, rigor investigativo y entereza personal quedarán registradas como un ejemplo de integridad institucional para las generaciones futuras.
La decisión del CNE no solo restablece el hilo constitucional: abre una puerta de esperanza para que Colombia vuelva a creer en sus instituciones. Pero esa puerta solo será útil si hacemos lo que la Constitución ordena. Y la Constitución es categórica. Cuando una campaña presidencial viola los topes de financiación, la consecuencia es la pérdida del cargo. No es opcional. No es interpretativa. No depende de simpatías ni de cálculos políticos. Es un mandato preciso para proteger la igualdad democrática entre candidatos y la pureza del sufragio. El artículo 109 fue concebido justamente para esto: para corregir la distorsión de una voluntad popular manipulada por recursos obtenidos o utilizados por fuera de la ley.
Por eso, con la decisión del CNE, el país entra en una nueva etapa que exige que las demás instituciones cumplan su deber: el Congreso de la República, la Comisión de Acusaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. El CNE hizo lo que le corresponde. Ahora las demás ramas del poder público deben asumir su responsabilidad.
Pero hay una razón adicional que hace aún más urgente la aplicación del artículo 109: la necesidad de garantizar las elecciones de 2026. Lo he dicho y repetido desde hace casi tres años: mientras Gustavo Petro permanezca en la Presidencia, las elecciones no están garantizadas. El proceso electoral es, en cualquier país serio, una operación de altísima complejidad que exige la articulación plena de todo el Estado: seguridad, logística, comunicaciones, coordinación interinstitucional, financiamiento, vigilancia internacional, auditoría tecnológica y orden público. Y todos sabemos —ya sin necesidad de demostrarlo— que Petro no tiene ni la voluntad ni la capacidad de garantizar ese proceso.
No tiene la voluntad porque se comporta como el jefe de una militancia, no como jefe de Estado; y no tiene la capacidad porque ha demostrado ser incapaz de gobernar, incapaz de coordinar, incapaz de asegurar el funcionamiento básico del Estado. Y hay algo más grave: Petro no es solo un presidente incompetente; es un presidente miliciano. Un presidente en guerra con las instituciones, obsesionado con deslegitimar la justicia, con presionar a los órganos de control, con capturar la fuerza pública y con sabotear cualquier mecanismo que no esté bajo su control político. Con un presidente así sentado en la Casa de Nariño, las elecciones de 2026 están en peligro serio, real y comprobado.
Todo este panorama converge en una conclusión inevitable: Colombia debe activar ya el Juicio Político. El país no puede seguir contando los días en manos de un presidente que ya ha sido señalado por la autoridad electoral por haber llegado al poder con trampa. Un presidente investigado en múltiples frentes. Un presidente que desconoce la separación de poderes, que insulta a los jueces y que llama a la asonada contra las instituciones. El Juicio Político no es una herramienta partidista. Es la figura constitucional destinada a proteger la República cuando el jefe del Estado se convierte en amenaza para el orden jurídico y para la democracia misma. No se trata de una pugna ideológica. Es una cuestión de supervivencia institucional.
La decisión del CNE despejó cualquier duda que aún pudieran tener los tímidos o los indecisos. Hay razones jurídicas, éticas e históricas para que el Congreso active de inmediato el Juicio Político contra Gustavo Petro. Y si los partidos no lo hacen —si prefieren esconderse detrás de sus cálculos y sus miedos— entonces seremos los ciudadanos quienes tendremos que asumir la tarea de defender la patria, porque lo único que no podemos hacer es no hacer nada.
Colombia está ante una encrucijada histórica. No podemos permitir que el país incursione más en la campaña electoral bajo la amenaza de un presidente que ha demostrado desprecio por la Constitución, que llegó al poder violando las reglas electorales y que ha gobernado contra la legalidad. Los magistrados del CNE hicieron lo correcto. Ahora nos corresponde a nosotros —instituciones, partidos y ciudadanos— concluir lo que ellos comenzaron.
La democracia solo florece cuando una nación es capaz de corregir sus errores, incluso cuando le duela, incluso cuando el costo sea alto. Hoy Colombia debe corregir, debe proteger, debe actuar. Y debe hacerlo ya.
