En medio del tweet del día, sea o no fake (¡¡increíble tener que decirlo!!), en medio de la “camorra” política, de la viabilidad jurídica del decreto del día, en medio de una inflación de reformas sin norte claro y que abren día a día negociaciones al detal en el Congreso; hemos perdido la capacidad para reflexionar y actuar sobre lo que necesitamos como Nación a mediano y largo plazo.
Uno de los riesgos grandes de las democracias 3P, de populismo, polarización y posverdad (mentira), es que les interesa mantener una tensión popular permanente, una movilización constante para generar hoy positividad en el proyecto político, y claramente eso no se logra con políticas de largo plazo.
Tampoco se logra construyendo institucionalidad. Es un modelo que prefiere mirar más hacia atrás que, hacia adelante, por eso privilegian la victimización o el “retrovisor” como estrategia política. Hay que achacarle al pasado toda responsabilidad (el fatalismo según el cual llevamos 200 años de destrucción y muerte como República en Colombia) y construir así un falso “mesianismo”.
Obviamente con un modelo así de gobierno, no cabe el “rigor técnico”, porque éste planea, argumenta, se preocupa por el futuro, conoce las limitaciones de la política pública, no traga entero, no comulga con las mentiras y las rebate con datos y hechos. Con este rigor técnico, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos.
Hoy en Colombia y en general a falta de este tipo de miradas desde el gobierno central, afortunadamente aparecen actores que lo hacen. Me refiero al completo análisis del Informa Anual de Competitividad 2024-2025 que recientemente compartió el Consejo Privado de Competitividad.
Una instancia ejemplar de articulación privada, gremial y académica, que le entregó al país esos desafíos para construir una Nación a futuro en la que se recupere la confianza y la esperanza. Asuntos que debiesen ser parte de la agenda de un gobierno de turno que genuinamente piense en lo que el país necesita como políticas de Estado.
Del estudio, quedan algunos temas críticos a trabajar desde ahora o desde el 8 de agosto de 2026, y que ojalá ese día tengan ya borradores de proyectos de ley, de decretos o decisiones e inversiones listas a ser tomadas.
Primero la urgente depuración normativa a una maraña de 7.273 normas en 2023 (20 normas por día); segundo acelerar con incentivos y regulación la transición energética en el sector transporte que genera 14% de los gases efecto invernadero; tercero firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, acelerar licencias y rediseñar las consultas previas para enfrentar el déficit de energía que se viene; cuarto promover educación terciaria, técnica y dual de ciclo corto para lograr más pertinencia y atender a más de 3 millones de ninis (ni estudian, ni trabajan) en 2 años; cuarto elevar la productividad de país con más formalización laboral, empresarial y financiera; quinto acelerar la internacionalización por la vía del nearshoring, sexto multiplicar por diez la apuesta en ciencia y tecnología; y séptimo acabar con exenciones y evasión y modificar las tarifas y estructura de IVA y Renta.
Sólo el rigor técnico y la experiencia es capaz de enfrentar estos desafíos.
