Tras los escándalos que se han destapado sobre la corrupción en Cali por cuenta de un millonario contrato que EmCali había firmado con una cuestionada unión temporal para el suministro de una serie de elementos cuyo valor superaba con crecer el precio comercial de cada uno de los documentos incluidos, todos los ojos volvieron a Medellín.
Y es que desde hace más de dos años los medios de comunicación, el Concejo de Medellín y muchos ciudadanos preocupados han denunciado a gritos todas las irregularidades que rodean la contratación de Alcaldía y sus entidades descentralizadas.
Desde el 1 de enero del 2020 hasta mediados del 2022 desde la oposición en el Concejo ya habían realizado hallazgos preocupantes sobre el manejo de la contratación en la ciudad, como lo explica el concejal Alfredo Ramos.
Según los datos oficiales, estas cifras corresponden al 79 % del total de la contratación del municipio, es decir que, aprovechando el menor control que puedan tener las entidades descentralizadas cuyos mecanismos de contratación se rigen por una mezcla de derecho privado y público y de esta manera algunos contratos cuestionados se han desviado a través de entidades como el EDU, ESU, Telemedellín, Metroparques entre otros.
Es más, durante la administración de Daniel Quintero el tope que existía para convenios interadministrativos que era de $500 millones, se amplió hasta lo $10 mil millones cuando se cambió el objeto social de Metropartques. En ese momento IFMNOTICIAS.COM y varios ciudadanos alertaron sobre que este hecho podría aumentar la posibilidad de que se contrataran a dedo millonarios servicios para la Alcaldía.
Por otro lado en los contratos firmados por estas entidades descentralizadas se permiten adiciones infinitas a diferencia de los limites impuestos en la Ley 80 donde la adición a un contrato no puede superar el 50 % del valor del mismo, y esta sería una de las razones para desviar gran parte de la contratación a través de estas entidades.
En pocas palabras cerca del 80 % de la contratación en la ciudad de Medellín se hace a través de contratación directa, invitación de proponentes, donde obviamente está incluido el contratistas deseado y se invitan otros posibles proveedores que no tengan las mismas capacidades del seleccionado previamente.
En Cali esa contratación, según las entidades de control supera ligeramente el 60 % por lo que no se entiende como esas mismas entidades no han iniciado acciones en Medellín para ponerle freno a este tipo de prácticas.
Entonces, ¿En Cali si actuaron de manera rápida las entidades de control y en Medellín nada?, ¿Se estarán haciendo los de la vista gorda por algún interés particular? ¿Mientras lo medios siguen denunciando las entidades siguen inactivas?. Estas son algunas de las preguntas que se hace la ciudadanía y de nuevo llaman a que entren en acción las denominadas “ias” y le pongan la lupa a la contratación en Medellín.
