La seguridad del presidente Gustavo Petro volvió al primer plano luego de que el general (r) Humberto Guatibonza, jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, confirmara la existencia de 34 amenazas directas contra el jefe de Estado desde 2022.
De estas amenazas, se sabe que solo cinco se encuentran bajo investigación formal de la Fiscalía General de la Nación.
Las declaraciones del general retirado, fueron dadas a conocer en el diario Vida, sin embargo, abren interrogantes sobre el verdadero alcance de los riesgos y la solidez de la información manejada por el Estado en materia de protección presidencial.
Guatibonza indicó que los responsables de las amenazas serían en su mayoría estructuras ilegales contrarias a la política de “paz total”, como disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Sin embargo, no presentó evidencias específicas que vinculen a estos grupos con los hechos mencionados.
El oficial también se refirió a una supuesta “Junta del Narcotráfico” a la que el propio presidente Petro ha hecho alusión en intervenciones públicas. Según Guatibonza, no existe hasta ahora información concreta sobre sus integrantes ni indicios que permitan establecer una relación directa con las amenazas investigadas.
En el plano internacional, el jefe de seguridad aseguró que mantiene cooperación con agencias del gobierno de los Estados Unidos, y relató haber recibido un mensaje de respaldo institucional a la democracia colombiana. El contenido y el origen exacto de esta comunicación no fue especificado.
Uno de los episodios más llamativos relatados por Guatibonza tiene que ver con el vuelo presidencial del pasado 2 de julio, cuando el avión que traía a Gustavo Petro desde España cambió su ruta de aterrizaje hacia Pereira.
La decisión habría sido tomada tras recibir una alerta sobre un posible ataque con misil tierra-aire, información que calificó como “bastante creíble”. La amenaza, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por fuentes oficiales ni por la Fuerza Aérea Colombiana, y hasta el momento no se conocen detalles técnicos ni resultados de una investigación sobre lo ocurrido.
En cuanto al esquema de protección, el general indicó que se cuenta con inteligencia activa en redes sociales, en calles y en entornos criminales, además de un equipo articulado con otras entidades del Estado. Afirmó que las recomendaciones de seguridad son atendidas por el presidente, aunque sin precisar si ha habido cambios sustanciales en sus desplazamientos o apariciones públicas.
El señalamiento más frecuente durante la entrevista gira en torno a los llamados “lobos solitarios”, actores individuales que podrían actuar por motivos ideológicos, sin conexión directa con estructuras criminales. Esta figura ha sido utilizada en distintos contextos internacionales, pero en el caso colombiano aún no se ha presentado evidencia concreta de su existencia operativa.
Tampoco se presentó un balance comparativo frente a amenazas recibidas por presidentes anteriores ni informes que permitan dimensionar el nivel de riesgo con base en antecedentes verificables.
Desde septiembre de 2024, cuando el presidente denunció un plan para atentar contra su vida durante un acto en la Universidad Nacional, se ha reiterado en diferentes espacios que la amenaza persiste. No obstante, los detalles técnicos, los responsables identificados y los hallazgos concretos siguen siendo reservados o indeterminados.
Mientras la seguridad del jefe de Estado permanece como un asunto de interés nacional, las preguntas sobre la veracidad, el tratamiento institucional y la utilidad pública de los informes de riesgo continúan sin respuesta.
