Durante el gobierno Petro, han ocurrido decenas de masacres en todo el territorio nacional. Incluso, mientras el presidente y la alcaldesa de Bogotá hablan del «paraíso» que es la capital del país, en sus calles los ciudadanos son víctimas constantes de numerosos delitos.
Adicionalmente, la intención del gobierno de desarticular a la Policía Nacional, quitándole toda posibilidad de defensa ante los ataques terroristas y cancelando los grupos especializados que han mostrado los resultados más importantes contra el combate contra el narcoterrorismo; tendrá como consecuencia el debilitamiento de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.
De igual forma, el traslado de la Policía Nacional al ministerio de la política ocasionará, necesariamente, la politización de la institución y la manipulación de esa fuerza por parte de quienes estén en el poder, al punto de generarse una persecución contra opositores y críticos de los gobernantes en los territorios.
Lo anterior, además, está consignado en la disposición presidencial de otorgar un poder absoluto a los alcaldes y gobernadores sobre las Fuerzas Armadas, incluyendo operaciones, restricciones para el cumplimiento de las misiones e incluso, decisiones logísticas que no les corresponden a los gobernantes territoriales.
Asimismo, la incertidumbre generada sobre la misión del ESMAD, confinándolo a ser la «última, última alternativa» en caso de disturbios, deja a la ciudadanía en manos de los vándalos y delincuentes que ejercen control territorial a través de tomas y bloqueos en todo el país.
Finalmente, la parálisis de las Fuerzas Armadas frente a las invasiones de tierra en todo el territorio, no solo viola los derechos de los propietarios, sino que pone en peligro la seguridad alimentaria de toda la nación.
Todos estos son motivos para salir a marchar el próximo lunes 26 de septiembre.
