El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentará en las próximas semanas, un proyecto de ley que elevará a rango legal las metas sobre reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático.
Estas metas fueron anunciadas en diciembre de 2020 en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y están consignadas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), la hoja de ruta a través de la cual el país pretende alcanzarlas.
Este proyecto, conocido como Ley del Clima, busca establecer la ejecución de acciones y esquemas de articulación que le permitirán al país continuar avanzando hacia sus metas de mediano y largo plazo, entre las que se encuentran reducir en un 51 % las emisiones de GEI al año 2030, disminuir las emisiones de carbono negro en un 40 % respecto del 2014 y alcanzar la carbono-neutralidad al 2050, entre otras.
Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dijo que este proyecto de ley que presentará el Gobierno Nacional con el liderazgo de su cartera enviará un mensaje a la comunidad internacional sobre el compromiso del país en la gestión efectiva del cambio climático, fortalecerá el marco jurídico y las instituciones podrán idear estrategias más claras, y será un soporte para gestionar recursos tanto nacionales como internacionales. Agregó que pondrá a Colombia a la vanguardia en temas ambientales de interés mundial.
La Ley del Clima integrará a los sectores públicos y privados, a la academia y a las comunidades, entre otros, en un trabajo coordinado para sacar adelante los objetivos climáticos del país, a los cuales se comprometió el Gobierno Nacional al firmar el Acuerdo de París. La seguridad jurídica que traerá esta iniciativa será de enorme valor administrativo, económico y social para el Estado, los empresarios y la ciudadanía.
De igual forma, el Gobierno presentará nuevamente en esta legislatura el proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú, y comenzar unos circuitos pedagógicos en las regiones con los diferentes grupos de interés de este tema. Este acuerdo representa el compromiso del país con la democracia ambiental, el empoderamiento de la ciudadanía en la protección de sus derechos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
