El portal El Expediente dirigido por el periodista Gustavo Rugeles, reveló cómo desde Medellín se estaba centralizando la operación de Centros Poblados, el escándalo de MINTIC que generara la renuncia de la ministra Karen Abudinen. Revela que en esta trama está el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por considerarlo de interés para la ciudadanía, reproducimos el artículo completo publicado en El Expediente.
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Medellín: el centro de operaciones de Emilio Tapia y su poder en la alcaldía de Daniel Quintero
Por: El Expediente
El alcalde de Medellín Daniel Quintero ya salió a negar a Emilio Tapia pero no podrá negar su relación con algunos de los protagonistas de Centros Poblados, con el ex viceministro Iván Mantilla, ni la influencia del Partido Liberal, ni del grupo político del expresidente César Gaviria en su gobierno. Contrario a lo que dice el mandatario, Quintero y Tapia se conocerían personalmente y según fuentes de El Expediente lo habría visitado en su oficina en un sexto piso de la calle 93 en Bogotá.
Además, hay una serie de hechos fácticos que conectan a Emilio Tapia, Centros Poblados y demás empresas socias, con el Partido Liberal y el alcalde Daniel Quintero.
Ottomar Lascaro
Ottomar Lascaro es socio de Emilio Tapia en distintos negocios. Como denunció El Expediente es una de las cabezas de la red de contratación, su hermana Tatiana Zenith Lascaro fue representante legal de Intec de la Costa empresa que forma parte de Centros Poblados con un 15% de participación.
Su otra hermana, Ana Regina Lascarro quien había llegado de Canadá a trabajar con el Estado, apareció muerta en su apartamento en Bogotá producto de un accidente con el gas, según la versión oficial.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra también se ha referido a Ottomar Lascaro recordando lo ocurrido en 2015 cuando denunció como una de sus empresas de papel (OTL Logistica) fue favorecida por el Área Metropolitana, en concreto, por Carlos Mario Montoya quien hoy es el secretario de infraestructura de Daniel Quintero.
Hoy el periódico El Colombiano también menciona a Lascaro y cuenta que estaba buscando casa en Llano Grande al igual que Emilio Tapia. ‘Sin duda puede ser una coincidencia que los dos, Tapia y Lascarro, hayan decidido o querido mudarse a Medellín o a Llanogrande. Pero no deja de despertar curiosidad sobre todo porque Emilio Tapia, cuando participó en el saqueo de Bogotá, ubicó su centro de operaciones en la Hacienda San Simón, un sitio campestre, de lujo, en las afueras de la ciudad’, dice el periódico antioqueño.
Ver: Otro más del escándalo de MinTic aterrizó en Medellín
Camilo Valencia Suescún
Fue funcionario del Ministerio de las Tics y a su vez asesor de una de Unión temporal SES Inred empresa que compitió por el contrato de conexión digital y perdió contra Centros Poblados. La Ministra Karen Abudinem le pidió la renuncia y terminó contratado en la Alcaldía de Medellín. María Camila Villamizar, quien fue secretaria de David Luna y hoy es secretaria privada del alcalde Quintero, le entregó un contrato por $146 millones para asesorar a la Secretaria Privada y al despacho del alcalde en materia jurídica. Fue suscrito en marzo de 2021 después del escándalo y tiene vigencia de 9 meses.
Ivan Mantilla – Daniel Quintero
Quintero sigue al ex viceministro de las Tics Iván Mantilla en Instragram. Pareciera un dato menor pero el ex viceministro, hoy clave en la investigación, no tiene más de 300 seguidores entre los que se encuentran el alcalde de una de las ciudades más importantes del pías. Mantilla es cuota política del Partido Liberal, de los Gaviria, del senador Liberal barranquillero Miguel Gómez Amin y del exministro también Liberal, David Luna.
Juan Diego Gómez – Presidente del Congreso
El Presidente del Congreso, el conservador Juan Diego Gómez, es otro de los aliados incondicionales del alcalde Daniel Quintero y su nombre también podría aparecer relacionado en la investigación contra Centros Poblados. Según fuentes de primera mano el presidente del Congreso fue uno de los senadores que al igual que Armando Benedetti llamó a la ministra Karen Abudinem para intermediar a favor de Centros Poblados y buscar frenar la caducidad del contrato de conexión digital. La relación política Quintero – Gómez también es de conocimiento público.
