Por Bernardo A. Guerra Hoyos
Si echamos una mirada a los graves sucesos que ocurren en diferentes barrios de la comuna 14, El Poblado, y otras zonas críticas de la ciudad, podremos afirmar que en materia del plan de ordenamiento territorial (POT) la ilegalidad le ganó el pulso a la legalidad.
En la ciudad, el seguimiento y el cumplimiento de lo estipulado en el POT está en crisis desde hace varios años, y se ha agravado durante la actual administración, donde la ilegalidad de los constructores piratas desbordó las cartillas y los manuales de la legalidad.
En los territorios la amplia capacidad de estos actores ilegales para corromper el Estado, para infiltrar y entregar fuertes sumas de dinero a funcionarios públicos, impide que en esta ciudad se tenga un modelo de aplicación del POT ajustado a la realidad.
En el caso concreto de los vecinos que se quejan por el excesivo ruido que proviene del hostal ubicado en la carrera 31 N.º 16-35, sector la Asomadera 2, cuya licencia para uso residencial fue otorgada por el curador tercero de Medellín, Wilmar Serna Montoya —nombrado en noviembre de 2021—, ellos coinciden en señalar que sus viviendas se convirtieron en un verdadero desastre.
Este es un ejemplo del impacto negativo en el uso residencial de las denominadas zonas mixtas contempladas en el POT, donde se viene presentando un desplazamiento forzado por parte de algunos comerciantes en diferentes zonas, a causa de los altos volúmenes de ruido que producen, sin que haya sanciones ejemplares para los infractores de la nueva modalidad de discotecas a cielo abierto.
El cuestionado Wilmar Serna Montoya es el mismo oscuro personaje que se desempeñó como curador cuarto, denunciado por la Dirección de Planeación ante la Fiscalía por la expedición de licencias de construcción para falsas viviendas de interés prioritario en cuyo entramado fueron estafadas miles de familias.
Conocida en el sector inmobiliario la curaduría cuarta como la prepago, Serna Montoya, luego de haber sido removido de su cargo, apareció en el mundo de los negociados como asesor de Invernorte, la firma liderada por el capturado e imputado Jorge Wilson Patiño Toro, quien captó ilegalmente en 83 proyectos inmobiliarios la no despreciable suma de más de medio billón de pesos y adeuda al municipio cerca de 10 mil millones de pesos en obligaciones urbanísticas.
Cuando afirmo que la ilegalidad le gana el pulso a la legalidad recuerdo que justamente al frente del citado hostal funcionó un hogar geriátrico, utilizado por personas sin escrúpulos, como fachada para la recuperación de pacientes extranjeras que eran captadas irregularmente para la realización de procedimientos estéticos invasivos denominados combos.
A partir de las denuncias realizadas por varios ciudadanos, los ilegales montaron toda una coreografía jurídica pretendiendo ocultar sus indebidos procedimientos y hoy siguen haciendo de las suyas.
Post Scriptum: ¿Será mucho pedir a la Personería de Medellín abandonar su zona de confort para averiguar lo que pasa en la ciudad con los altos niveles de ruido y sancionar a los funcionarios responsables con la permisividad?
