Antinarcóticos, GOES (Grupo de Operaciones Especiales), Gaula, Comandos Jungla y Lobos, son algunos de los grupos especializados que podrían desaparecer durante el gobierno de Gustavo Petro, pues la idea de «desmilitarizar» a la institución y trasladarla al Ministerio del Interior, afectaría a estas unidades de enorme importancia estratégica para la seguridad de los colombianos.
Con el pretexto de reorientar a la Policía hacia la protección de los ciudadanos, el nuevo gobierno tiene el propósito de derrumbar la estructura policial actual, enfocada en la protección del orden, y llevarla a una suerte de institución de derechos humanos, una ONG con uniforme y algo de armamento.
Cabe anotar que ese enfoque, paradisiaco en verdad, no se compadece con los fenómenos de violencia que vive Colombia. De hecho, una institución defensora de los derechos humanos como la que plantea Petro resulta peligrosamente insuficiente para enfrentar, con éxito, retos como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y el propio ELN. Ciertamente aseguran que van a negociar la paz por impunidad total, pero en el horizonte de estos grupos narcoterroristas, solo figuran las enormes cantidades de dinero que captan por las drogas ilícitas.
Por tal razón, es una epifanía que el cambio planteado para la Policía Nacional afecte los grupos especializados que han sido fundamentales para frenar el narcotráfico en nuestro país. Así las cosas, lo que está planteando el gobierno, es quitar las salvaguardas operativas, para que los delincuentes, narcotraficantes y terroristas puedan hacer y deshacer en todo el territorio nacional. ¿Quién y cómo va a enfrentar el terrorismo, el secuestro, la extorsión, las masacres que campean en todo el país, el narcotráfico y la minería ilegal?
Es cierto que la Policía Nacional tiene que responder a las necesidades de las comunidades en materia de convivencia y seguridad humanas. Para cumplir con esa misión institucional están la policía de vigilancia y el esquema de vigilancia por cuadrantes, cuyos efectivos policiales han sido capacitados para enfrentar los problemas de convivencia y de cotidianidad de la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno es ciego frente a las realidades de violencia y amenaza que se viven en diferentes territorios: además del narcotráfico está la minería ilegal, el tráfico de personas y el boleteo en ciudades y campos. Todos esos fenómenos confluyen en la conformación de ejércitos privados que cuidan sus intereses y que deben ser enfrentados por el Estado.
Frente a esta realidad, Petro e Iván Velásquez han insistido en que la Policía no cumplirá funciones exclusivas de las Fuerzas Militares. De hecho, el gobierno tiene el propósito de establecer «cuerpos híbridos» entre militares y policías, para desarrollar las operaciones especiales contra el crimen organizado. Esos híbridos contarían con armamento militar y surgirían de la coordinación entre militares y policías. Sin embargo, si las Fuerzas Militares y la Policía, estando bajo el mando del mismo Ministerio, tenían dificultades en la coordinación de operaciones conjuntas, lo que se avecina es un caos que sepultará la operatividad en el combate contra esas expresiones criminales.
En la práctica, los «cuerpos híbridos» terminarían en la desarticulación de los grupos especializados de la Policía, pues dependerían necesariamente de la colaboración armónica entre las Fuerzas Militares y la institución policial y, parece evidente, el mando de dichas operaciones lo tendría el Ejército al ser una operación de carácter militar, conformada también por civiles uniformados que son los policías.
Otro factor que, evidentemente, el gobierno nacional no ha tenido en cuenta, es el del presupuesto del sector de seguridad y defensa. ¿Cómo será la distribución de las funciones entre las Fuerzas Militares y de Policía y cuál va a ser su marca sobre la asignación presupuestal? ¿Cuál será el impacto de los reajustes presupuestales sobre las operaciones conjuntas o separadas de policías y militares? Es que la participación de la Policía Nacional en las tareas relacionadas con la política antidrogas, le ha permitido recibir recursos provenientes del presupuesto nacional y de la cooperación internacional. ¿El gobierno Petro querrá perder esos recursos?
Así las cosas, no solo se está derrumbando a la Policía Nacional: están trabajando, con intensidad, en destruir la poca seguridad con la que aún cuentan los colombianos, pues en la práctica, el Estado perdería las herramientas para combatir los complejos fenómenos delincuenciales que existen en el país. Colombia rumbo al caos y a la anarquía.
