Por Santiago José Castro
¿Por qué imponer las opciones estatales? ¿Por qué tanto miedo a la libertad? ¿A ofrecer opciones y que cada uno decida?
Me llama mucho la atención que todos los candidatos proponen educación superior gratuita para estratos uno, dos y tres, en universidades públicas ¿Saben lo que toca invertir en infraestructura y en nómina para cumplir esa promesa? ¿Por qué no aprovechar los amplios espacios que tienen muchas universidades privadas con las que se puede llegar a un acuerdo y pagar las matrículas con un descuento importantes? Eso resultaría mucho más eficiente ¿Les preocupa la calidad? Pues se establece que solo procede para programas acreditados y ya está ¿Acaso la acreditación de alta calidad no es igual para públicas y privadas?
Otro asunto grave tiene que ver con los límites en cupos que se establecen para muchos programas académicos de pregrado y posgrado que tienen alta demanda en el mercado, independientemente de su salida laboral ¿Por qué limitarlos en programas de medicina, psicología o incluso derecho? Ya hay pruebas estándar y suficiente regulación para que, más allá del número de estudiantes, quien se gradúe demuestre haber desarrollado las competencias clave para ejercer. Urge aumentar el número de médicas y enfermeros especialistas, por ejemplo.
Me sorprende y me entristece, además, que no se habla de la importancia de la educación preescolar. Colombia mantiene como obligatorio apenas un año de preescolar, siendo los primeros años clave para el desarrollo y el aprendizaje de los niños. A los más pobres los encierran en guarderías y se les garantiza un plan básico de alimentación, pero no hay suficiente inversión en infraestructura, modelos pedagógicos, materiales, profesores. Allí está el cambio. Allí se combate la pobreza y la desigualdad contra la que tantos vociferan.
La libertad debe tener como pilares en el sistema educativo la posibilidad real para que las familias elijan el modelo e institución que quieren para sus hijos, sin importar si es público o privado. La educación es un derecho de la persona y un servicio público esencial. En ninguna parte dice que tiene que ser estatal y mucho menos que allí deben primar los privilegios de algunos frente a los derechos de los niños y jóvenes.
Solo Enrique Gómez se ha atrevido a hablar de váuchers educativos y de competencia en el sector para mejorar la calidad. Ojalá los que se alegan defensores de la libertad revisen esa propuesta y se quiten el tufillo populista que los acerca a Petro, no a la democracia.
Amanecerá y veremos
