El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, solicitó una reunión, al acercarse el término para conocerse la decisión en segunda instancia sobre el proyecto HidroItuango. La primera decisión de este ente de control fue la sanción Fiscal por más de 4 billones de pesos a los constructores de esta importante obra para la energía del país.
Quintero manifestó que en la mesa de trabajo estuvo presente la Contraloría, Procuraduría, Gobierno Nacional, EPM y aseguradoras y que el propósito de sentarse en la mesa es que los contratistas paguen cuatro billones de pesos, monto que no cubren las aseguradoras.
El Alcalde de Medellín enfatizó “Este es un proceso por el colapso y los daños fiscales que ocasionó el colapso de un túnel de desviación en el 2018, que ha hecho que EPM pierda 12 billones de pesos. Podemos determinar que al menos unos cuatro billones de pesos no son cubiertos por aseguradoras y que esos cuatro billones de pesos los tendría que pagar EPM y los ciudadanos, en caso de que no los podamos cobrar a los contratistas”.
Quintero agregó que en la reunión se abordaron las necesidades energéticas del país, entendiendo que HidroItuango representará el 17 % de la energía del país.
A ese respecto, Quintero reiteró que las lluvias y el efecto de la pandemia hicieron que el Gobierno Nacional tuviera tiempo para sacar unas licitaciones, unas subastas de energía eólica y solar que entrarán a funcionar el próximo año, por lo que no habría tanto riesgo de racionamiento el próximo año, uno de las preocupaciones más importante teniendo en cuenta el apagón de 1993, también por una represa.
Así las cosas, dice el mandatario de Medellín indicó que estas opciones le dan tiempo a Hidroituango de entrar en operación, pero el traspiés mayor es buscar la manera de continuar, teniendo en cuenta que dos de los constructores (Conconcreto y Coninsa Ramón H) se declararon en insolvencia.
Quintero enfatizó “Abordamos el caso de que los contratistas no puedan continuar, dado que ellos ya se declararon, algunos de ellos en insolvencia, o porque el fallo de segunda instancia los obligue a pagar o castigue a tener que ceder sus contratos hasta que paguen. Los abogados nos han dicho que es una mala noticia para EPM, porque esto podría retrasar o dilatar los tiempos de cobro de las platas que queremos recuperar”.
A su vez, aclaró que según las normas corporativas de EPM, al estar declarados en insolvencia, está prohibido hacer una prórroga, lo que implicaría acelerar el proceso de cesión o de contratación de un tercero.
El asunto ha generado polémica, incluso, con el mismo gobernador Aníbal Gaviria, pero este mismo miércoles hubo un intercambio de trinos, cada uno señalando su postura.
Por último, Quintero se refirió a la transición, cambio de contratista, destacó “Va a depender mucho de la actitud del contratista, si escoge un buen cesionario, eso haría que la transición sea mucho más tranquila y se continúen los mismos empleados y varias de las operaciones se mantengan sin alteraciones y podríamos incluso llegar a cero días perdidos. Si en 2018 hubiera entrado en operación, hoy tendríamos tarifas 25 por ciento más bajas. Este daño le ha salido muy caro a todo el país, lo que queremos es que respondan”.
