Por Yesenia Bedoya Gallego
Esta semana seguimos dando continuidad al análisis y la crítica prometida y merecida frente a los nombramientos del nuevo gabinete ministerial, y con las ya acostumbradas absurdas propuestas hechas por los jefes y las jefas de cada cartera.
Hoy le tocó el turno al Ministerio de Cultura y la recién nombrada nueva ministra Patricia Ariza.
Primero, creo que es moral y ético poner en conocimiento de todos los lectores un breve resumen de qué es y para qué existe el Ministerio de Cultura.
Las funciones de esta cartera:
Primera función: Liderar la formulación de una política integral, desarrollar programas y proyectos, implementar y hacer seguimiento a políticas públicas orientadas a la garantía de derechos culturales con enfoque territorial.
El presidente Duque, por su parte, propuso e implementó la economía naranja: un modelo de desarrollo con enfoque en la cultura que tiene como objetivo propiciar las condiciones para generar empleo digno en el sector cultura, abordando áreas como artes visuales y escénicas, diseño, publicidad, editorial, fonográfica, audiovisual; para este propósito se dispuso, por ejemplo, beneficios tributarios como la exención en el pago del impuesto de renta durante cinco años. Si ese beneficio no le es suficiente motivación, en la página web se va a encontrar con 53 opciones desde bancos, fundaciones y otras entidades estatales dispuestas a brindarle todo el apoyo y acompañamiento.
En contraste ¿qué ha propuesto el nuevo gobierno? Subsidios sin una proyección real y realizable de crecimiento y continuidad para estos sectores.
Segunda función: Promover el reconocimiento de la diversidad cultural y salvaguardar el patrimonio.
Por patrimonio cultural de la nación se tienen, por ejemplo, los edificios que construyen la identidad nacional y que así se hubieran declarado, además de los eventos como las corralejas y las corridas de toros que hoy en día solo se conservan en Manizales.
Existe la política para la protección del patrimonio cultural mueble y también las políticas para salvaguarda y fomento de cocinas tradicionales, patrimonio cultural inmaterial, de artes, patrimonio bibliográfico y documental (¿será que con el nuevo gobierno van a borrar todo lo documentado sobre la toma del palacio en el 85?) museos, diversidad cultural, turismo, cinematografía, estímulos, casas de la cultura.
Conocemos bien la posición del nuevo gobierno frente a estos temas. Tenemos claro que para ellos lo que salga del gusto y la costumbre urbana capitalina es en esencia barbárico y debe abolirse. Tenemos claro que van a pretender extinguir siglos de costumbres provinciales y campesinas que no sean de su agrado.
También es claro para mí, que manifestaciones culturales como la ópera nacional de Colombia serán demasiado elitistas para los petristas al mando y por tanto indignos de apoyo.
Frente al patrimonio mueble me remitiré a un caso concreto que puede ser considerado por ustedes como una premonición o una visión futurista: el edificio Vásquez en Medellín, lindo, hermoso, conservado, querido por todos… Sólo bastó la llegada del petrista Quintero Calle a la administración distrital para que lo convirtiera en un mugrero más.
Tercera función: Establecer alianzas estratégicas para la consecución de recursos que apoyen el desarrollo de procesos culturales.
¡Establecer alianzas, señora ministra! ¡Establecer alianzas, no crear impuestos!
La creación de impuestos es facultad del legislativo, en cabeza del Congreso de la República, para los impuestos nacionales; asambleas en jurisdicción departamental y concejos para los impuestos distritales y municipales.
Tendremos que explicarle entonces a la brillante ministra que la creación de impuestos está sujeta a valoraciones técnicas, estadísticas y económicas; no obedecen al sentimiento ni al capricho, ni pueden ser considerados bajo el desconocimiento absurdo y grotesco de la jefe de una cartera ministerial.
El Ministerio de Cultura no es una puesta en escena donde la señora ministra pueda recrear las fábulas de su gusto a su antojo.
Señora ministra: tiene usted la obligación legal de educarse en temas de administración pública, organización del Estado y legislación: quítese los zapatos de payaso y póngase a la altura del cargo que va a desempeñar y si no le alcanza, consígase unos tacones.
