Por Eduardo Mackenzie
Colombia marchará y ocupará avenidas y plazas este 14 de febrero para expresar su descontento y su furor contra el desastroso gobierno del nuevo jefe de Estado.
Va a exigir el fin del gobierno de Gustavo Petro. Los colombianos han superado la fase de pedir limosnas, medidas razonables y proyectos de ley menos absurdos a un gobierno demente. Convocada por el representante a la Cámara Miguel Polo, esta será la cuarta vez que la ciudadanía se moviliza contra el impopular mandatario.
Las manifestaciones pacíficas del 28 de septiembre, 22 de octubre y 29 de octubre pasado –impulsadas por el activista Pierre Onzaga y los 25 grupos de la Mesa Nacional por la Libertad, que se define como una “alianza ciudadana en oposición al socialismo”–, fueron realizadas en una veintena de ciudades, varias de Estados Unidos, México, Panamá y Suiza, contra una reforma tributaria brutal y contra las alteraciones previstas para el sector de la salud, del sector laboral y pensional. Esas marchas mostraban ya en esos momentos el alto grado de riesgo que estaba corriendo el país con Petro en ese cargo.
Nadie olvida que él llegó a la Casa de Nariño gracias a unas elecciones anómalas: graves escándalos políticos e incidentes técnicos, jamás explicados, dieron por ganador a Petro. Algunas franjas de la opinión están arrepentidas de haber votado por él y muchos otros consideran, con razón, que esas elecciones fueron fraudulentas.
Desde el 7 de agosto de 2022, y bajo la férula del nuevo mandatario, Colombia entró en una fase de emergencia, como un avión sin motores y con un piloto en síncope. Desde ese día, el país no ha avanzado un centímetro hacia la paz, ni hacia la concordia, ni hacia la estabilidad. Todo lo contrario, todo ha sido soliviantado, revolcado, pisoteado.
El peligro ahora es más grande que nunca: los anuncios y los actos destructivos del gobierno continúan. Está creciendo, por eso, en todas partes, la convicción de que ese horror debe ser conjurado lo antes posible, por todos los medios.
Petro anuncia locuras sin inmutarse, como la ruina de Ecopetrol y de la industria minera y de hidrocarburos de Colombia, la principal fuente de divisas del país. Su “reforma de la salud” es otra calamidad que pondrá en peligro la vida de decenas de millones de colombianos. Los precios de los alimentos, de los combustibles y de los servicios públicos crecen como nunca. La invasión de tierras, las masacres de activistas de derechos humanos y de desmovilizados en el campo, por guerrillas narcotraficantes, ascienden, así como suben todos los índices de delincuencia en las ciudades. Petro ordena excarcelaciones ilegales sin respetar las decisiones de la Fiscalía. La fuerza pública está paralizada por orden del ejecutivo y de los alcaldes alineados con el gobierno.
La política de tierra arrasada de Petro no tiene excusa. Su ignorancia de lo que es tanto la administración pública como la empresa privada, de lo que es un gobierno y un Estado regidos por una Constitución democrática, habría podido ser superada mediante un equipo de ministros y asesores competentes y decididos a trabajar por el bien de Colombia. Petro descartó de esa salida y se rodeó de torpes funcionarios visibles y de asesores invisibles con proyectos dictados lejos de Colombia.
El único bagaje político-cultural de Gustavo Petro son sus 26 años y medio de aventura castrista, la cual parece no haber terminado, es decir sus 13 años como miembro de base de una banda terrorista, el M-19, sus tres años y medio como inepto alcalde de Bogotá, y finalmente sus 10 años como agitador parlamentario apoyado por las facciones comunistas más duras que el país haya sufrido.
Petro tiembla ante la jornada del 14 de febrero. En lugar de buscar una fecha distinta para hacer su “gran diálogo social para cambiar a Colombia”, diálogo donde él no escucha a nadie, el presidente convocó a una manifestación para ese mismo día. Optó pues por la provocación y la confrontación más irresponsable. Utilizar a sus seguidores como masa de maniobra y de choque contra los colombianos de oposición, es una muestra más de que el hombre vive en un mundo paralelo.
Nadie olvida que en la manifestación de septiembre, gente del petrismo intentó agredir a manifestantes en Bogotá. El jefe de Estado deberá rendir cuentas ante el mundo si la violencia, por esa directiva, reaparece el 14 de febrero.
El país va cayendo en picada: la producción está estancada (1), el desempleo y la depreciación del peso aumentan. La inversión extranjera es desestimulada. La médula de la nación colombiana es lanzada al caño. El narcotráfico crece e inunda los mercados de Estados Unidos y Europa. El gobierno es incapaz de fijar derroteros admisibles. Tal desorden es justificado por el régimen con el pretexto falacioso del “desorden climático”. Hasta las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa han sufrido. Por su injerencia abusiva en los asuntos internos, Petro golpeó la amistad que nos unía a Perú y Guatemala.
Creyendo que dispone de un plan mágico y “alternativo” de gobierno, el megalómano busca destruir lo que hicieron los presidentes anteriores. El método: introducir el caos en todas partes. Jamás Colombia había tenido un mandatario como éste, demagogo de bajo nivel, devastador y subversivo.
Petro no gobierna pero sí recorre el mundo diciendo tonterías. Para vergüenza de Colombia, y ante la asamblea general de Naciones Unidas, hizo de vocero de los carteles ilegales al lanzar una prédica infundada: “la guerra contra las drogas y la prohibición ha fracasado”, “el carbón y el petróleo son más peligrosos que la cocaína”, los países deben cesar el combate contra esa criminalidad.
Petro ha puesto al país contra el muro. Es él o Colombia. Por eso el clamor que sube es que Gustavo Petro debe dar un paso al lado, renunciar o ser destituido por los organismos competentes. Ya una vez Colombia se vio ante un dilema idéntico. Al dictador Gustavo Rojas Pinilla lo tumbó en 1957 una ola de unidad nacional: la sociedad civil, la empresa privada, los dos grandes partidos, la Iglesia, los universitarios y hasta los sindicatos se levantaron contra él. No olvidemos ese precedente. El 14 de febrero es el comienzo de una lucha encarnizada en Colombia entre la libertad y la tiranía.
(1).-Desde noviembre de 2022, una hora de trabajo en Colombia produce un valor de 17 dólares americanos, mientras que la productividad sube a 67 dólares en el Reino Unido.
