Por: Nicolás Pérez
La llegada de Petro a la Presidencia llevaba consigo un legítimo temor de que en Colombia se pusiera en marcha una oleada de expropiaciones. Quizás no al estilo venezolano, donde Chávez en su programa de televisión ordenaba en vivo el cierre de empresas y la estatización de cientos de negocios, sino con una forma más estilizada pero igual de peligrosa.
Pues bien, ese temido momento finalmente llegó. El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto de decreto que acabará con la inversión en el campo, disparará la inseguridad jurídica a niveles sin precedentes y podría generar una conflictividad rural que ojalá no nos devuelva a escenarios de violencia.
En concreto, este proyecto reglamenta el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual, vale señalar, fue aprobado de manera tramposa en el Senado, ya que en la Plenaria, y con la premura de estar corriendo contra el tiempo, metieron una proposición a último minuto que leyeron de forma incompleta. Nadie supo qué se estaba aprobando ni cuáles iban a ser las implicaciones para el País. Qué grave error.
Especialmente, porque este articulo permite que el Gobierno haga una gran base de datos con los predios que superen las dos unidades agrícolas familiares -UAF-, que es una medida que indica lo mínimo que debe tener una familia para vivir, para que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- identifique los terrenos idóneos para la reforma rural.
Y es aquí donde empieza el peligro. El propietario del bien tendrá la posibilidad de vender voluntariamente el predio que quiera la ANT y, si no lo hace, se somete al procedimiento agrario, es decir, lo expropian.
El problema, es que en el proyecto de decreto el Ministerio fue más allá y modificó las causales para que proceda la expropiación de terrenos. Por ejemplo, ahora el Gobierno podría quitar los predios cuando allí no se siembren los productos que defina el Estado, implementando así la fracasada planificación central de la economía.
Esto implica que, por poner un caso, si un propietario tiene una siembra de papa en su terreno pero el Gobierno dice que en esa zona se tiene que producir lechuga, la ANT estaría facultada para iniciar el proceso de expropiación, ya que no se estarían cumpliendo las disposiciones del Estado sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. ¡Qué peligro!
Además, también se podría expropiar cuando el propietario no haya declarado activos o exista evasión tributaria. Un enunciado bastante inspirador, pero que desconoce por completo los altísimos niveles de informalidad en el campo e impone una sanción totalmente desproporcionada. Si alguien tiene deudas fiscales, lo que procede es el procedimiento de cobro en la DIAN, pero no quitarle directamente el bien.
Adicionalmente, el proyecto indica que la carga de la prueba estará en cabeza del titular del terreno. Esto significa que a la ANT solo le bastará con decir que quiere apropiarse de un bien, sin tener que probar que se cumplen los requisitos. En contraste, para defender su propiedad, el dueño del predio tendrá que entrar a probar que el Gobierno se equivoca, lo cual implica un desgaste impresionante y gastos millonarios en abogados.
¿Qué sucede si el propietario no tiene la liquidez para pagar quién lo defienda y pruebe el error de la ANT? Sencillamente pierde su terreno. Una infamia total.
Bajo estas condiciones es imposible pensar que alguien invierta en el campo en Colombia. El Gobierno desplegará toda su estructura para perseguir a los propietarios rurales y apropiarse de la tierra. La expropiación está a la vuelta de la esquina y la única esperanza que existe está en la Corte Constitucional, quien ya admitió varias demandas en contra del artículo 61 del PND.
El futuro del País está, literalmente, en manos de la Corte.
