Por: Eduardo Mackenzie
El 26 de marzo pasado, un ciudadano colombiano, François Roger Cavard Martínez, le pidió al ministerio de Justicia copia del escrito mediante el cual, “en cumplimiento de la ley 77 de 1989, las autoridades colombianas resolvieron la solicitud del terrorista amnistiado del M-19 Gustavo Petro Urrego”.
La sorpresa del solicitante pudo ser grande cuando ese ministerio, mediante carta de Digna Isabel Durán Murillo, directora de Justicia Transicional, le respondió al día siguiente que Gustavo Petro Urrego “no ha sido amnistiado o indultado por el Gobierno Nacional, es decir que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecen las citadas normas.”
Según la respuesta del ministerio de Justicia, Gustavo Petro Urrego no recibió amnistía ni indulto en forma alguna y es, en cambio, únicamente un “desmovilizado” del M-19 desde 1998.
Conclusión: si Gustavo Petro Urrego no ha sido amnistiado ni indultado por el Estado colombiano él puede ser objeto de una o de varias demandas penales por los crímenes que cometió desde el primer día de su ingreso a una organización terrorista, el M-19, hasta el último día de su permanencia en esa misma estructura armada ilegal.
Esa aclaración del ministerio de Justicia es importante. Hasta hoy, los medios habían supuesto o sugerido, o dado por entendido, que Petro era un amnistiado o un indultado del M-19. ¿La prensa fue inducida en error por el mismo Gustavo Petro? ¿Quién otro podría estar interesado en crear semejante confusión?
El matutino El Espectador, aseguraba, por ejemplo, el 7 de septiembre de 2013, en un artículo de Juan David Laverde Palma, que Gustavo Petro había sido “indultado” por hechos relacionados “con el holocausto del Palacio de Justicia” y que no había sido indultado por el delito de porte ilegal de armas, por el cual fue detenido y juzgado en 1985.
¿El citado diario dijo entonces una mentira? ¿Qué dirá ahora El Espectador?
Las turbias relaciones de Petro con la justicia colombiana siempre han estado rodeadas por una espesa niebla. Por ejemplo, el expediente del proceso penal que culminó en la condena de Petro a 18 meses de prisión en 1985, por porte ilegal de armas, cuando militaba en el M-19, desapareció del juzgado. Durante mucho tiempo, la única prueba que quedaba de esa condena era, según El Espectador, una minuta del juzgado 106 de Instrucción Penal Militar “en el que constaba que el hoy alcalde había sido sentenciado”.
Cuando fue necesario que el expediente de la condena de 1985 reapareciera, el abogado de Petro lo sacó de entre sus archivos por arte de magia. La prensa sólo pudo examinar en ese momento una parte del expediente. En esa carpeta fue hallado un informe de tres páginas en el que las Fuerzas Militares reseñan la captura de Petro y de sus dos compinches del M-19 en Zipaquirá (Cundinamarca), el 24 de octubre de 1985.
El abogado Rafael Barrios Mendivil, quien tenía guardado el expediente, sacó ese documento de su oficina por una sola razón: le había pedido al Consejo de Estado que no inhabilitara a Petro para ejercer el cargo de alcalde de Bogotá. Barrios alegó que Petro había sido un delincuente político, no un delincuente común. Barrios explotaba así una absurda tesis, en boga en esa época, que decía: matar seres humanos en nombre del comunismo es menos grave y hasta disculpable. Por eso Petro podía ser, según él, alcalde de Bogotá. Gracias a tal aberración jurídica Gustavo Petro logró regresar al cargo del cual había sido destituido por sus malos manejos en la Alcaldía de Bogotá.
Orlando Parada, un rival de Petro en el Consejo de Bogotá, había pedido al Consejo de Estado que inhabilitara a Petro por haber cometido un delito, porte ilegal de armas, por el cual había sido condenado y había pasado 16 meses en una cárcel de Bogotá. Parada insistía que por esa razón Petro no podía haber sido elegido senador y mucho menos alcalde de Bogotá. Su demanda no prosperó.
Tampoco prosperó la que presentó e1 15 de mayo de 2018 François Roger Cavard, quien había obtenido la citada certificación del ministerio de Justicia. Alberto Yepes Barreiro, un consejero de Estado, rechazó tres días después la demanda de Cavard. Este pedía la anulación de la inscripción de Gustavo Petro como candidato presidencial por haber sido condenado a 18 meses de prisión en 1985 por porte ilegal de armas, sin que Petro haya sido amnistiado o indultado por ese delito. Por esa razón, según Cavard, Petro está impedido “de por vida y de manera insaneable para ocupar cargos de elección popular”.
La respuesta de Yepes fue asombrosa: que esa inscripción no era susceptible de control judicial porque esa inscripción sólo fue “un acto de trámite”. Ese acto será definitivo si Petro es declarado electo. En ese caso, según Yepes, la candidatura de Petro podría ser demandada. Así va el derecho en el Consejo de Estado colombiano.
Apareciendo ante muchos como alguien amnistiado o indultado, Petro se siente protegido. Él se postula como un ex delincuente “político” que está exceptuado de rendirle cuentas a la justicia. Sin embargo, como no hay trazas de que él haya sido amnistiado o indultado, su situación podría cambiar.
En el espacio de la información numérica o digital tampoco hay vestigios de una amnistía, o los vestigios han sido borrados. Lo que el lector encuentra en internet sobre ese personaje, hoy candidato presidencial de la izquierda marxista, son notas de Wikipedia basadas en artículos en tres idiomas: castellano, inglés y francés. Esas notas omiten toda referencia exacta sobre si Gustavo Petro fue amnistiado o indultado.
En los artículos en francés que sirven de fuente para la nota sobre Gustavo Petro en Wikipedia (1) la cuestión de si él fue amnistiado o indultado es eludido de manera sistemática: no hay ni una palabra al respecto. El anónimo redactor de esa biografía (¿el mismo Petro?) escogió una serie de artículos en español, inglés y francés donde esa omisión es flagrante. Así, el redactor de Wikipedia pasa de un punto (la militancia terrorista de Petro) a otro (Petro como actor político legal) sin dar ninguna explicación sobre cómo él logró transitar de una condición a otra, ni como adquirió el nuevo estatus jurídico que le permitió pasar de la cárcel y de la clandestinidad a la vida legal.
En un diario comunista, L’Humanité, en un artículo de Cathy dos Santos, corresponsal en Bogotá, intitulado Colombie. L’ex-guérillero Petro sur la route de la présidence (2), artículo francamente hagiográfico, la autora elude la cuestión de si Petro fue amnistiado: “Dès les années 1990, il troque le fusil pour les habits civils, qu’il n’a jamais cessé de porter. Il opère une reconversion dans la vie politique dite légale. Dès 1991, il devient député à la Chambre des représentants.» En esas tres líneas Gustavo Petro pasa de « guerrillero » a « diputado», sin explicación jurídica alguna.
En otro artículo en francés (3), de Louise Michel D., publicado en Hong Kong, el 27 de abril de 2014, citado en una de las biografías de Petro en Wikipedia, y difundido a raíz de la destitución de Petro de la alcaldía de Bogotá, aparece la misma omisión obscura: “Elu maire de Bogotá en octobre 2011, l’ex-guérillero du M-19 s’était reconverti avec succès en politique” (…). Eso es todo. Inútil buscar una frase sobre la milagrosa reconversión.
En el Wikipedia en inglés ocurre lo mismo: ninguna explicación: “After the demobilization of the M-19 guerrilla movement, former members of the group (including Petro) formed a political party called the M-19 Democratic Alliance which won a significant number of seats in the Chamber of Representatives of Colombia in 1991” (…).
En su propia página web, donde Gustavo Petro colgó un artículo que se supone es su biografía, el tema de su desmovilización, amnistía o indulto es evitado totalmente. La biografía que le publicó Semana al comienzo de la campaña presidencial, también evade el tema (4).
Si Gustavo Petro fue beneficiado por decisiones judiciales de diferente naturaleza hay muy pocas huellas de esos actos. Si no lo fue, la justicia no ha pasado la esponja sobre sus actuaciones delictuosas y éstas pueden ser objeto de nuevos procesos. Esto permite deducir que Gustavo Petro Urrego ha sido hasta hoy beneficiado por la particular interpretación de la ley que hicieron ciertos magistrados, no por decisiones judiciales que legalmente hayan borrado la imputabilidad de sus delitos. No olvidar que todos los documentos relacionados con ese affaire son públicos y deben estar al alcance del más amplio público. Un portal web (5) afirmó en 2011 que una orden de captura contra Gustavo Petro y dos otros guerrilleros del M-19, Eduardo Chávez López y Carlos Augusto Erazo Murcia, “involucrados los tres en el ajusticiamiento de varios policías (…) había sido cancelada mediante sentencia judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 9 de marzo de 1990”. No hemos podido verificar ese dato. En todo caso, la cancelación de una orden de captura no es lo mismo que un indulto y/o amnistía. Y si no hubo amnistía esa cancelación pudo haber sido un acto ilegal.
(1).- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Petro
(2).-https://www.humanite.fr/colombie-lex-guerillero-petro-sur-l…
(3).- http://www.jolpress.com/maire-limogeage-gustavo-petro-bogot…
(4).- https://petro.com.co/gustavo-petro/
(5).- https://www.periodismosinfronteras.org/indulto-a-petro-un-e…
@eduardomackenz1
CARTA DE COMUNIDADES JUDIAS A BESSUDO by Ifm Noticias on Scribd
