Por: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
En la Constitución de 1991 se estableció la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos y municipios como función a cargo de las contralorías departamentales y municipales, en concurrencia con la Contraloría General de la Republica.
Se concibieron como organismos técnicos, apolíticos, dedicados a ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de gobernadores y alcaldes allí donde se hayan creado las contralorías de las entidades territoriales.
Este mandamiento constitucional y legal de ejercer un severo control fiscal se ha desvirtuado totalmente y en la actualidad las contralorías se han convertido en cuotas de alto valor para los jefes políticos, los cuales celebran acuerdos para la elección de los contralores y las consiguientes repartijas burocráticas, además de apoyo incondicional a los mandatarios locales, cuyas irregularidades no son cuestionadas, sino que muchas veces son ocultadas o desestimadas las denuncias de los ciudadanos por evidentes casos de corrupción.
Se manipulan entonces los procesos de selección y se califica como mejores candidatos para ocupar el cargo a los que tienen hojas de vida impresentables por sus hechos pasados o están inhabilitados, pero que son de la confianza de los alcaldes y de las casas políticas que los respaldan.
De acuerdo con la información recientemente conocida, la escogencia de los candidatos para ocupar los cargos de contralores en Medellín, Bello y Envigado ha sido el producto de una trama urdida en un conocido restaurante ubicado en uno de los municipios del sur del Valle de Aburrá.
Allí se congregaron un congresista, un concejal de Medellín y el suspendido rector del Tecnológico de Antioquia, responsable de la ejecución de los contratos para la elección de contralores de Envigado, Medellín y Bello, y uno de los aspirantes ternados.
Reunión que se realizó nuevamente, la semana pasada, en el Concejo de Medellín, con la presencia de varios concejales y congresistas.
Con lo que no contaban los comensales fue con la decisión del Juzgado 27 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Medellín, que con fecha de 25 de enero de 2022 admitió la tutela interpuesta por la excontralora departamental Elsa Yazmín González Vega, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Además, ordenó al Concejo de Medellín y al Tecnológico de Antioquia suspender nuevamente el cuestionado proceso de elección de contralor de la ciudad hasta que se resuelva de fondo la demanda de tutela.
En igual sentido se pronunció el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín el pasado 21 de enero al admitir la acción de tutela instaurada por el excontralor de Bello Haver González Barrero en contra de las mismas entidades.
Para complementar el cuadro de las que podríamos denominar las tres tristes ternas, la recientemente elegida contralora de Envigado estaría inhabilitada para el ejercicio del cargo por haber sido jefe de Control Interno de Indeportes.
Todo ello ha conducido al desprestigio absoluto de las contralorías, que son hoy foco de la inmoralidad, que ha hecho metástasis en Antioquia y Medellín, otrora ejemplo de pulcritud administrativa y hoy víctimas de la más avasallante corrupción.
Post Scriptum: El alcalde Quintero, en su desesperación, ha llevado a contratistas de su administración a poner tutelas contra la revocatoria acudiendo a los más alocados argumentos con tal de entorpecer ese proceso democrático.
En efecto, la señora Salomé Restrepo, accionante en la tutela interpuesta en Bogotá, ha tenido en los últimos dos años con Fonvalmed y el ITM cuatro contratos por valor cercano a los cincuenta millones de pesos, desempeñándose como auxiliar administrativa.
