martes, noviembre 30, 2021
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Las dudas sobre fallo de segunda instancia a los secretarios jurídico y de prensa del expresidente Uribe

De manera sorpresiva, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Dagoberto Hernández Peña, revocó en segunda instancia en un fallo express, la absolución que un juez de la República había concedido a los secretarios de la Casa de Nariño , jurídico Edmundo del Castillo y de Prensa, César Mauricio Velásquez; durante el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Luego del fallo de 109 páginas, quedan muchas dudas sobre la decisión que revoca la absolución, luego que el juez que la concedió en primera instancia, realizó durante los últimos 5 años, un juicioso trabajo de análisis, donde escuchó a más de 50 actores testimoniales, realizados en cerca de 60 audiencias y con todo el rigor de un proceso que lleva ya 13 años.

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Para Edmundo del Castillo, es al menos curioso que en pocas semanas, se haya proferido un «fallo express» que revoca la decisión de primera instancia, sin que se haya tomado el magistrado Hernández, la tarea juiciosa de analizar todos los expedientes probatorios acumulados en 5 años y en menos cuatro semanas, profiere fallo mas por las prisas de la prescripción en lo que cataloga como un «fallo político».

Y es que el Magistrado Dagoberto Hernández, recordado por haber beneficiado con el Habeas Corpus que dejó libre al miembro de las Farc, Jesús Santrich, quien luego se fugara; terminó dicatando fallo el mismo día que el proceso contra Del Castillo y Velázquez prescribía, lo que genera la mayor sospecha.

Para miembros del cuerpo de defensa de los dos secretarios, esta vez, las prisas sacrificaron la verdad, toda vez que no lógico proferir en tan poco tiempo un fallo de este tipo con tal cantidad de folios, transcripciones de audiencias y pruebas recopiladas en 5 años, que fue además, el tiempo que tardó el juez en primera instancia para estudiar el caso y proferir un fallo.

Indican que no es posible creer que toda la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, haya dejado de lado todos los procesos que lleva, para dedicarse a estudiar solo este y poder haber hecho un trabajo de lectura y análisis de tal magnitud de documentos, «ni siquiera suspendiendo todo el quehacer y dedicándole tiempo completo, alcanzarían a leer y analizar todo en tan poco tiempo».

A las sospechas de las prisas por no dejar que prescriba y a la falta de tiempo, se suma las dudas que surgen por como se ha presentado el fallo, relacionándolo con un supuesto delito de «desprestigio» que no existe en el marco legal colombiano, algo que además da a pensar que el fallo sí fue político, como lo expresa Del Castillo.

Ante este fallo express, caben varias acciones lo que hace que no quede en firme la sentencia de 63 meses de privación de la libertad para los dos secretarios. La primera es interponer en los próximos días una impugnación especial por «doble conformidad» y la presentación de un «recurso extraordinario de casación» ante la Corte Suprema de Justicia, para lo cual los equipos de defensa de Del Castillo y Velásquez, ya comunicaron ante los competentes, que se procede con los recursos; por lo que la sentencia proferida por el Magistrado Dagoberto Hernández, todavía no queda en firme.

«Con la sentencia del Magistrado Hernández, una vez mas queda ante la opinión pública y el mundo, la inseguridad jurídica y la falta de garantías de la justicia en Colombia» dice uno de los miembros de los equipos de defensa, quienes complementan diciendo que estas actitudes terminan minando la confianza de los colombianos ante la justicia y haciendo daño a la imagen de los tribunales y las cortes.

En ese sentido, desde el despacho de Víctor Mosquera Marín Abogados, se anunció que ante la «inujusta y arbitraria condena proferida por a Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se acudirá a organismos internacionales de Derechos Humanos». Para los defensores, lo que ocurrió con la sentencia express que contradice lo actuado en los últimos cinco años, obedece a una persecución política que ha instrumentalizado al aparato de justicia en cabeza de algunos magistrados que se prestan para ello.

En ese sentido, las dudas que deja la sentencia también están en el tiempo en el que se falló con prisa en la segunda instancia, pues el fallo se da el mismo día de la prescripción, por lo que hay una gran cantidad de juristas que consideran que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, no tiene sustento y es extemporáneo, pues justo el día que se da la sentencia, prescribe el caso.

Así las cosas, sobre esa duda está si la sentencia es o no válida a la luz de la legislación vigente porque «según la sentencia la imputación fue en octubre de 2015 y el máximo de la pena es 108 meses, lo que implicaría que el término del 292 sería de 54 meses… 4 años 6 meses» dice el abogado penalista José de Jesús Días Moncada. Desde esta visión, las cuentas están mal hechas por parte del Tribunal y en efecto, el tiempo ya prescribió, quedando por fuera del tiempo para fallar, la sentencia que revierte la absolución.

Pero las dudas no paran ahí. No hay todavía claridad sobre si la sentencia a 63 meses de privación de la libertad debe ser ejecutoriada en los próximos días o si bien debe esperarse a que se falle la impugnación.

En el primer caso, Edmundo del Castillo ha indicado que él se encuentra residiendo el Colombia y que está en su casa en caso tal de ser requerido. En el caso de César Mauricio Velásquez, reside hace más de 10 años en Roma, Italia, por lo que se desconoce si deberá ser requerido a través de Interpol.

En el segundo caso, los dos secretarios deberán entonces, permanecer en libertad, hasta tanto no se falle sobre la impugnación. El caso genera dudas, por cuanto no se está en el proceso de investigación, sino sobre un fallo de segunda instancia a los que le caben recursos especiales y extraordinarios.

Lo que ha generado molestia en algunos sectores políticos y sociales, es que quien ahora sentencia en contra de Del Castillo y Velásquez, fuera el mismo que desde el derecho, dejó en libertad al guerrillero desmovilizado Jesús Santrich, quien «le hizo conejo» a la justicia, al país y al proceso de paz.

Con o sin razón, en las redes sociales el Magistrado Dagoberto Herández Peña, ha sido señalado como comprometido ideológicamente y uno de los persecutores del uribismo y defensores de las Farc y la izquierda.

Tal afirmación es tomada por algunos como una falta de respeto a la justicia y hay quienes defienden la labor del Magistrado al considerar que se ha actuado en consecuencia con la gravedad que suponen los hechos, así durante todo el tiempo del proceso se haya acumulado dos archivos de caso y una absolución tras demostrar la inocencia de los secretarios.

En esta defensa del magistrado, están quienes celebran la decisión, curiosamente, sectores opositores al expresidente Álvaro Uribe Vélez y algunos ciudadanos del común que se identifican con el pensar de la culpabilidad.

Pero son mayoría las personas que lamentan el retroceso en la justicia. En esas mismas redes sociales, salen también quienes rechazan la sentencia y resaltan justamente, las dudas que se generaron con la llamada «sentencia express».

Lo cierto es que todavía queda camino en esta historia que ya ajusta más de 13 años y que no termina en la Corte Suprema de Justicia, a donde llega como nuevo escenario en los próximos días, sino también a las instancias internacionales. Por lo pronto, los equipos jurídicos de Edmundo Del Castillo y de César Mauricio Velásquez, trabajan fuertemente para en el término de ley, interponer los recursos que quedan.

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