Por Beatriz Eugenia Campillo Vélez
Las protestas en Colombia se han venido distorsionando, si bien suelen ser pacíficas en horas de la mañana, otro es el cantar cuando llega la tarde y la noche. Las manifestaciones públicas, la posibilidad de reunión, el poder disentir, son derechos de todo ciudadano en una democracia, pero es importante recordar que todo derecho trae aparejado un deber y que el límite a mis derechos es justamente los derechos de los demás.
Es lamentable que lo que podría ser una expresión de descontento que uniera voces e hiciera nacer propuestas que fortalecieran la participación ciudadana, se este convirtiendo en una amenaza para muchos. El anuncio de jornadas de protestas ya suele ser visto con cansancio por una buena parte de la ciudadanía, y no porque no se compartan ideas de cambio, sino porque la sana protesta se ha venido desdibujando y se ha estado convirtiendo en oportunidad para que los violentos, los delincuentes, hagan de las suyas, bajo un manto de “derechos” que ha puesto en jaque a las autoridades y al ciudadano que cada vez queda más desprotegido, y que ve amenazada su integridad, su vida y sus bienes.
Y quisiera detenerme en sus bienes, porque parece que los episodios solo son graves si tienen heridos o muertos, olvidando que la protección a los bienes es esencial, porque en ellos se expresa también la vida de la persona, bien sea porque es reflejo de su esfuerzo y del tiempo que empleó para conseguirlos y el derecho que tiene de disfrutarlos, o bien porque es su medio de trabajo, de subsistencia.
Es infame pensar que la protesta pacífica implica afectar bienes públicos y privados, y que si no se destrozaron, sino que solo se les pintó un grafiti encima, entonces no pasó nada, y todo fue “pacífico”, que solo es cuestión de “echarle pinturita” y todo solucionado, como un “borrón y cuenta nueva”. Valga recordar que el pintar o rayar algo que no es mío, ya es una agresión, solo que lastimosamente se nos ha vuelto paisaje e incluso no falta quien lo defienda como “libertad de expresión”. ¿Acaso no hay formas de expresarse sin afectar lo de otros?, ¿no hay carteles, pasacalles, afiches, camisetas para pintar lo que se quiera, incluso su propio cuerpo?, ¿por qué pensar que tengo el “derecho” de disponer de los bienes de otro, sin su autorización, para expresar mis ideas?
Pensarlo en lo domestico ayuda a entender lo que hay de fondo, ¿será que, si su hijo quiere regar pintura en los muebles de su casa o en el tapete que usted con esfuerzo compró, usted lo reprende diciéndole “tranquilo mañana compramos otro” ?, creo que no. O pongamos otra situación, imagine que un padre de familia lleva de visita a su hijo a la casa de un vecino y el niño empieza a rayar todas las paredes, ahora imagine que esa casa es suya y que usted invirtió mucho dinero en pintarla, ¿será que le dice “tranquilo, eso con pinturita sale”?. Creo que estaremos de acuerdo que al niño hay que educarlo en el respeto, que una cosa es que yo disponga una pared para ser decorada (si se quiere con grafitis) y otra muy distinta que alguien violente mi espacio y dañe lo que con esfuerzo hice, eso por tonto que parezca, es una agresión, es violencia.
Ahora bien, la situación en diversas ciudades de Colombia, ya no está en ese nivel de peleas por pintura, que reitero es el comienzo de un conflicto que se puede frenar a tiempo si se le reconoce como lo que es, después de la pintura se vinieron los destrozos y ahora hemos visto afectaciones aun más serias donde se involucra la vida y la integridad de las personas, el problema es de hondo calado, se ha convertido en un problema creciente y puede traer consecuencias absolutamente nefastas como lo es la llamada “guerra urbana”.
¿Qué pasa cuando un ciudadano en estado de indefensión ante un riesgo inminente llama a las autoridades para que lo defiendan y la respuesta es que no pueden acudir porque temen que su patrulla sea incendiada, o porque a ellos también los pueden herir o matar?, ¿qué pasa cuando el ciudadano se encuentra con una autoridad amarrada para actuar y que tiene más miedo que él mismo?, ¿qué le queda por hacer, o por esperar? este es el problema que hoy tenemos, el ciudadano respetuoso de las instituciones que no quiere hacer justicia por mano propia, sino seguir los procedimientos, se está encontrando con una ausencia clara de la autoridad, y cuando no hay quien ponga orden, lamentablemente otros terminan llenando ese vacío de poder.
Aclaremos amable lector que esto en ningún momento puede interpretarse como un llamado al autoritarismo, ni al abuso de poder y menos a la violación a los Derechos Humanos. Este es un llamado a la reflexión, a recordar que el Estado tiene como encargo principal garantizar la seguridad y las libertades de los ciudadanos, para eso fue creado. Aunque suene algo académico, es importante recordar que desde la tradición liberal y en el marco del contractualismo, teorías en las que se sustenta nuestra democracia, se explica claramente que los ciudadanos pactamos unirnos bajo esa figura estatal cediendo nuestro derecho a la propia defensa, a ese organismo llamado Estado para que sea él quien guarde el orden, ya que si cada uno optara por defenderse a sí mismo, fácilmente caeríamos en una “guerra de todos contra todos” al estilo hobbesiano, lo que nos llevaría a un mundo de incertidumbre, angustia y amargura.
Pues bien, ese escenario caótico es el que acontece cuando el Estado no cumple su labor, y se desentiende de su tarea de mantener el orden público, finalmente en el ciudadano desprotegido que enfrenta una amenaza entra a primar su imperiosa necesidad de supervivencia. Obsérvese la gravedad del problema, ante la ausencia del Estado se da lugar al nacimiento de fuerzas que intentan tomar su lugar, no porque quieran aparecer espontáneamente, no porque tengan deseos de poder, sino como un impulso de simple reacción por sobrevivir.
La reflexión es la siguiente, si alguien amenaza con matarme y yo atendiendo a la institucionalidad llamo a la autoridad, y esa autoridad no me protege ¿estoy yo obligado a dejar que se atente contra mi?, ¿acaso no me asiste un derecho de legítima defensa?, el problema es que cuando esa ausencia de autoridad se prolonga en el tiempo y se vuelve una constante, esa “legitima defensa” se va convirtiendo en un “hacer justicia por mano propia”, es decir la famosa “guerra de todos contra todos” que queríamos evitar creando el Estado.
Reiteremos lo que la tradición liberal enseña, el Estado debe tener el monopolio de la fuerza, es el único encargado de velar por la seguridad. Pero, ¿para qué sirve la seguridad?, ¿por qué se insiste tanto en ella?, la respuesta es amplia y a la vez sencilla, la seguridad sirve para que se puedan desarrollar todas las demás actividades, para ir al trabajo sin el temor de perder la vida en el camino a causa de un acto delictivo, para trasportarme sin pensar en que me van a hacer algo malo, para hablar por celular o tomar fotografías en la calle sin el temor de que me van a robar, para ir a estudiar sin el temor de tener que evacuar porque otros se han tomado las instalaciones, para salir a caminar y no tener que mirar a los demás con desconfianza, para montar un negocio pequeño y verlo prosperar hasta convertirse en una gran empresa, para asistir a una ceremonia religiosa y vivir mi fe con tranquilidad, para disfrutar de un “clásico” de futbol o asistir a un museo, a una galería de arte o a una feria sin pensar que el lugar será atacado, y así podemos dar mil ejemplos. La seguridad es un concepto que hay que analizar y valorar en toda su integralidad, y saber que cuando se pierde, porque siempre existirán actores que deseen amenazarla, es el Estado, la autoridad, la encargada de reestablecerla, de poner orden.
No podemos justificar la presencia de actores no estatales pretendiendo ocuparse de la seguridad, porque se acrecienta el problema, pero tampoco podemos dejar sin instrumentos al Estado para la defensa del ciudadano, porque estaremos cometiendo una incoherencia enorme, indirectamente estaremos impulsando a que el ciudadano en su desespero termine creando o acudiendo a esos actores indeseables. Al Estado hay que exigirle que cumpla su deber, que no claudique ante las presiones, que respete los Derechos Humanos, pero que haga valer la institucionalidad, la autoridad que le confirió el mismo pueblo en la Constitución para el uso legítimo y legal de la fuerza. El escudo de Colombia lo sintetiza muy bien, se trata en último término de “libertad y orden”. La seguridad hay que tomarla en serio, con pinturita no se arregla.
