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La JEP y sus pescas milagrosas

Por: Eduardo Mackenzie

El Espectador y otros medios han tratado de arreglar una historia de lo que ocurrió, según ellos, la semana pasada, durante las dos audiencias en las que el general (r.) Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército de Colombia, habló en “versión voluntaria” ante la JEP.

Las “fuentes consultadas” que mencionan esos diarios no son creíbles: son los abogados de tres oficiales involucrados en el caso de falsos positivos de Soacha, ya juzgado, y en el que nunca estuvo involucrado el general Montoya. Es decir, son actores interesados. Luego ellos no pueden ser objetivos.

Peor: las “fuentes” de El Espectador pueden ser los mismos magistrados de la JEP que condujeron las audiencias del miércoles y jueves. ¿Violaron ellos el secreto judicial? No lo sabemos por el momento. Pero la investigación sigue.

Por ahora hay un hecho: ningún medio tuvo un periodista en esa audiencia, pues ésta era “reservada”. Luego lo que dicen algunos matutinos bogotanos hay que tomarlo con cautela: es la interpretación de personas que pueden haber tratado de hacer pasar sus opiniones por hechos.

Hasta la televisión chavista trató de enredar las cosas. Hernán Tovar, de Telesur, a pesar de que no estuvo en la audiencia, gesticuló que el general Montoya “calló  (pero pronunció cayó) sobre los falsos positivos”. Y llegó al extremo de decir que si élno está dispuesto a  auto inculparse “no debería estar asumiendo esta justicia especial para la paz”. Increíble. Ese es el “periodismo” madurista que está tratando de implantarse en Colombia.

La JEP hizo su propia grabación de las audiencias.  Pero de éstas no salió documento oficial alguno. No hay un acta, un auto, un documento  sonoro, visual o escrito, que recoja con exactitud las declaraciones del general Montoya y lo que expresaron los magistrados. Empero, el 13 de febrero, El Tiempo tituló así: “audiencia contra general Montoya en la JEP”. Ha debido escribir: “audiencia del general Montoya”.

¿La JEP respetó  la confidencialidad de esas audiencias? Existen dudas. “Sin que se hubiese terminado la primera audiencia del miércoles ya todos los medios de comunicación tenían conocimiento  de lo expresado por mí. La información que suministré fue filtrada a los medios”, reveló el general Montoya (1).

A esa audiencia la JEP no dejó ingresar teléfonos celulares. Sin embargo, los abogados tenían equipos informáticos. ¿La audiencia era realmente “reservada”? En febrero de 2019, tras la “versión voluntaria” de alias Timochenko, jefe de las FARC, sobre los secuestros cometidos por esa guerrilla, pero sin presencia de las víctimas, la prensa no dijo nada substancial. ¿La reserva de esas audiencias es para las FARC y no para los militares?

La prensa no presentó una versión equilibrada de lo ocurrido la semana pasada. Mucho menos puede justificar la pertinencia de la palabra “indolencia” con la que unos medios creyeron útil condimentar sus artículos.  Estos le reprochan al general Montoya haber sido “indolente con las víctimas”. También le atribuyen una “falta de respeto”. ¿A quién? ¿Cómo? Los medios no responden. Deslizaron esos vocablos y escondieron la mano.

Esos calificativos oprobiosos fueron sacados del cubilete del mago para afectar el buen nombre del general Montoya, en vista de que no tenían nada más para endilgarle.

Veamos más de cerca la cuestión. Vamos al punto central.

Desde agosto de 2015, el general Montoya ha estado dando explicaciones. El fiscal general Eduardo Montealegre, que proclamaba que iba a encarcelar al general, no lo hizo. No lo pudo hacer. No porque no quisiera (su odio antimilitarista de ex miembro de la JUCO es bien conocido)  sino porque no encontró prueba alguna. Después, otro fiscal, Jaime  Camacho,  prometió lo mismo. No lo hizo.

Durante el periodo de Néstor Humberto Martínez la Fiscalía tampoco inculpó al general Montoya. La Fiscalía informó que entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 se reportaron 6.699 muertes en combate contra la subversión, y que de ese universo ella estaba investigando si en 2.429 casos se trató de asesinatos de civiles. Esa investigación no ha terminado. Luego no hay claridad siquiera sobre la cifra exacta de los llamados “falsos positivos”.

En la audiencia del miércoles, el general Montoya afirmó una vez más que nunca dio una instrucción que fuera contra la Constitución, que no dio órdenes de matar civiles, ni de matar a nadie fuera de combate.

La posición de él no ha cambiado. El 10 de agosto de 2015, declaró ante la Fiscalía: “Yo estuve de comandante del Ejército de febrero de 2006 a octubre de 2008, eso da un total de 32 meses o 128 semanas. Y en esas 128 semanas, de acuerdo con el libro de programas del comandante del Ejército, en 92 oportunidades hice alusión al respeto por los derechos humanos, a la transparencia y a limpieza de las operaciones. Hasta la saciedad les dije: ‘Que se muera un inocente y no lo reconozcamos es un gran error, pero que se muera un inocente y lo hagamos pasar por bandido es un acto de cobardía’”.

Sin embargo, el modelo de texto deliberadamente obscuro que adopta en estos días cierta prensa sobre este tema, quizá por hostilidad o por simple incapacidad para examinar los hechos con exactitud, es este: “La JEP ordenó la comparecencia del general (r) Montoya, ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a la JEP y en, por lo menos, 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ejecuciones extrajudiciales.” (2)

Ese párrafo es un perverso juego semántico que calla detalles esenciales para ofrecerle a la opinión un saco de nudos incomprensible.

1.- Nadie puede ser “comprometido” por simples “informes” de terceros. La única forma de “comprometer” a alguien en un proceso penal es que las autoridades judiciales hayan establecido plenamente que existen pruebas (no simples dichos) contra una persona.

2.- La frase  “versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ‘ejecuciones extrajudiciales’”, omite un elemento central: ninguno de esos miembros de la fuerza pública afirma haber recibido órdenes del general Montoya de masacrar a civiles. Lo que ellos dicen es que  el comandante del Ejército “pedía resultados” a sus tropas.

¿Pedir resultados, e incluso presionar para que se obtengan resultados, es un delito?

“Obtener resultados” no es solo un derecho sino un deber de todo comandante militar, en Colombia y el cualquier otro país. No hacerlo es incumplir sus obligaciones. Colombia vive una guerra subversiva,  despiadada, asimétrica, narco-terrorista. El deber de los mandos de la fuerza pública, altos y bajos, es combatir y ganar esa guerra. Los resultados pedidos por los altos mandos colombianos, tienen que ver con acciones militares y de policía, perfectamente reglamentadas, destinadas a proteger la población, a reprimir las bandas criminales, a restablecer el orden público, a hacer respetar la soberbia nacional y a fomentar la concordia cívico-militar.

Empero, la sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP quiere escuchar una canción diferente. Quiere que los altos mandos, como el general Montoya, se auto inculpen.  Como el general Montoya  se acogió voluntariamente,  la JEP cree que el deber de él es  reconocer que cometió delitos. Por no reconocer eso la JEP le recrimina que no está “colaborando”. Y le hace saber a los medios que él  “no está diciendo la verdad”.  Esa actuación es cobarde e ilegal.

¿Cómo no ver en esto un intento de manipulación del público? Deliberadamente insinúan que Montoya miente. La JEP no está lejos cometer una difamación.

“Yo no voy a reconocer ningún delito pues yo no he cometido ningún delito”, subraya el general Montoya.  “Los magistrados de la JEP me dicen: ‘usted debe colaborar para que se restablezca la verdad’. Es decir, la versión que les he dado no les satisface,  quieren que uno se involucre y que diga que presionar los resultados  llevó a ciertas personas a cometer delitos y eso no lo voy a admitir pues no es cierto”. Y detalla: “Mis subordinados eran los comandantes de división del Ejército, oficiales con gran experiencia por sus largos años de servicio a la República. Ellos conocen perfectamente las reglas de funcionamiento del Ejército nacional”.

Pregunta: ¿si la JEP  estima que el general Montoya no está “colaborando”, en qué basa tal convicción? ¿Dispone de pruebas? ¿Éstas en qué consisten? ¿Dónde están? ¿Quién las recogió? ¿Cuándo? La JEP deja ver que no tiene nada, a pesar de la documentación que le ha trasladado la Fiscalía General. Por eso van a la pesca azarosa de informaciones.

“La única ‘prueba’ que ellos tienen, me dice el general Montoya, son las versiones de siete subalternos que ya reconocieron haber matado gente fuera de combate. Ellos, al final, aducen que cometieron eso porque yo presionaba por resultados. Pero el punto es que esas personas no eran mis subordinados. Yo no les daba órdenes a ellos,  ellos tenían otros jefes”. Y concluye: “Si obran así es porque pueden estar tratando de lavarse las manos trasladando a otros la responsabilidad, con el argumento de que se les exigía resultados”.

Hasta hoy no hay prueba de que  hubo una relación directa entre el acto de esas personas y una orden del general Montoya. Éste afirma: “No hay ninguna declaración que diga el general Montoya me ordenó, o me dijo, o sabía. No dicen eso. Todo gira en torno del asunto de que yo exigía resultados. Yo lo que hice fue poner a pelear el Ejército contra los bandidos”.

Estamos pues ante un procedimiento penal muy alarmante, ante una instancia judicial “especial”, la JEP, que parte de la presunción de culpabilidad del acusado, y que abandona la tradición jurídica del país, y del mundo civilizado, de la presunción de inocencia.

El enfoque de la JEP recuerda la justicia bolchevique. Lenin decía: “El tribunal es un instrumento de poder del proletariado y de la clase rural trabajadora en la lucha contra la burguesía y el sistema capitalista”. El juez no se tomaba la molestia de probar la verdad. La técnica investigativa judicial se basaba en la confesión y el arrepentimiento del acusado, hubiera o no pruebas a favor de él. ¿La JEP es un instrumento de poder de las FARC? Es lo que millones de colombianos piensan al ver la trayectoria de ese aparato desde su creación. Si dejamos que ese enfoque penal continúe,  Colombia habrá dejado de ser una democracia aunque sigan existiendo los rituales visibles de la democracia. La democracia no existe sin derechos reales de la ciudadanía y sin justicia auténtica.

Sobra decir que la JEP no es producto del desarrollo jurídico de Colombia, ni de un pacto social entre colombianos, sino el resultado de unos convenios FARC/Santos secretos, espurios, a la espalda de todos, violatorios de la Constitución y rechazados por el país en el plebiscito nacional de 2016, organizado por el gobierno.

Lo que hace la JEP es totalmente anómalo. ¿Está tratando de forjar tranquilamente, mientras la gente duerme, un nuevo delito: el del “crimen  contra-revolucionario”? ¿Por eso es que quieren la cabeza de los héroes militares que quebraron el proyecto de las FARC?

En todo caso, ante la ausencia de pruebas, la JEP opta por el camino fácil de ir a la pesca de informaciones. Esa oficina espera que los militares confiesen delitos que no han cometido. El colmo es que le hace creer a las víctimas y a la prensa que todo militar que se acoge a la JEP terminará asumiendo culpas. Lo ocurrido el miércoles y jueves en Bogotá muestra que la JEP no escucha al general Montoya y que los militares no pueden esperar ser escuchados allí ni obtener beneficios. Por el contrario,  ella quiere convertir al general Montoya en un trofeo, en un anzuelo para hacer caer a otros militares. Ese organismo es un injerto de la detestable “justicia” castrista. Lo mejor es salir y contar a la opinión lo que está ocurriendo. Hay que impedir que la JEP siga intoxicando los otros tribunales y engañando a todo el mundo, sobre todo a los militares y a las víctimas.

 

(1).-Declaraciones dadas al autor de este artículo.

(2).- http://www.radiosantafe.com/2020/02/13/general-montoya-trato-de-guardar-silencio-ante-la-jep-pero-luego-respondio-sobre-los-falsos-positivos/

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