La defensa de Santiago Uribe Vélez presentó ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia una impugnación especial contra la sentencia mediante la cual la Sala de Segunda Instancia lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
El recurso fue radicado el pasado viernes por el abogado Jaime Enrique Granados Peña. En el documento dirigido al magistrado René Molina Cárdenas, Granados señaló que actúa como defensor de Uribe Vélez e interpuso el recurso contra la decisión que revocó la absolución concedida en 2024.
Pues, en este caso se le condenó a Uribe Vélez a 340 meses de prisión, además se le impuso una multa de 6.500 salarios mínimos, una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas y la prohibición de porte de armas por 54 meses.
De igual forma, el abogado defensor también reiteró su solicitud para que se habilite el acceso digital al expediente. Entrando en detalles, el fallo que ahora es objeto de impugnación calificó los hechos investigados como delitos de lesa humanidad y determinó que existían elementos probatorios suficientes para revertir la decisión emitida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.
Según el tribunal, la conducta atribuida a Uribe Vélez se alinean con las normas de homicidio agravado y con concierto para delinquir agravado que se tipifican en el Código Penal colombiano. La Sala de Segunda Instancia también negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, argumentando la gravedad de los hechos.
La decisión judicial generó múltiples reacciones, entre ellas la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien expresó en la red social X: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”.
De igual manera integrantes del equipo jurídico reiteraron su rechazo a la condena. El abogado Juan Felipe Amaya calificó el fallo como “una injusticia mayúscula” y aseguró que la valoración probatoria del tribunal contiene “banderas rojas” que, a su juicio, deben ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido, explicó que ha estudiado el expediente durante más de 15 años y sostuvo que la evidencia no respalda la acusación formulada en 2016 durante la administración del entonces fiscal general Eduardo Montealegre. Según dijo, la imputación habría sido construida “sin fundamento y basada en falsos testigos”.
Amaya recordó que en 2024 un juez especializado absolvió a Uribe Vélez tras un análisis de casi tres años, descartando la credibilidad de los testigos directos que lo vinculaban con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles y con un homicidio ocurrido en Yarumal.
Según la defensa, la sentencia de segunda instancia se apoya en testimonios de respaldo de exjefes paramilitares que, expresan, no constituyen pruebas directas ni tienen suficiente peso para justificar la condena. Añadió que, debido a la edad de Uribe Vélez, la pena impuesta equivale en la práctica a una cadena perpetua, lo que exige una revisión especialmente rigurosa.
Mientras que desde sectores políticos también reaccionaron al fallo contra Santiago Uribe, mencionando que además de la condena se compulsó copias contra el abogado Diego Cadena, por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia en relación con Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’.
