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La crisis de las Cortes

Por: Álvaro Galindo Cruz*

Es año de elecciones locales, significa que es una oportunidad para nuevas representaciones políticas en el territorio, pero también un escenario donde tradicionalmente se han desempolvado viejos procesos judiciales de aquellos candidatos que ya hicieron pública su aspiración de llegar a un cargo de elección popular.

Ejemplo de esto es el caso del exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, quien al poco tiempo de hacer pública su aspiración por la alcaldía de Bogotá, y a pesar de que hace 15 años dejó su cargo, la Fiscalía le abrió una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la fase III de Transmilenio. Casos como este y muchos otros son los que veremos en los próximos meses como parte del escenario político electoral del país, donde el poder judicial parece haberse convertido en uno de los mayores aliados de grupos políticos que buscan favorecer o enredar a sus oponentes, afectando así la independencia y eficiencia en el trabajo de nuestras Cortes.

Con la nueva Constitución, la Justicia como poder público subió de status, pero también comenzaron nuevos problemas derivados en parte de su renovado vigor institucional y de sus nuevas funciones electorales. De ahí que no son pocas las dudas sobre decisiones y fallos controversiales de las altas cortes en las últimas dos décadas. Dos grandes ejemplos de muchos son los fallos de la Corte Constitucional en temas económicos y sociales, que han impactado de manera clara la sociedad colombiana, como los relativos a las pensiones y a los derechos fundamentales amparados por la Constitución, y el otro ejemplo es la Corte Suprema de Justicia que se echó al hombro la judicialización de la política y como todo proceso complejo de esta índole, ha dejado y sigue dejando profundas heridas, interrogantes y cuestionamientos.

En Antioquia -por ejemplo- procesos hasta cierto punto conexos se dirigieron contra políticos con una trayectoria consolidada y en ascenso, como es el caso de Luis Alfredo Ramos Botero, cuyo proceso en la Corte cobró impulso cuando anunció su aspiración a la presidencia; el de Oscar Suárez Mira, a quien la Corte le abrió proceso por enriquecimiento ilícito -cuando ya el tema había sido desatado a su favor en proceso anterior- cuando anunció su aspiración a la Gobernación de su departamento, y el de Óscar Arboleda Palacio, a quien la dilación interminable de las actuaciones ante la Corte Suprema terminó minando su salud, tragedia que tambien afectó a otro destacado antioqueño como Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, ambos fallecidos sin resolución de sus procesos.

La vigencia interminable de los procesos en la Corte sin decisión definitiva, no sólo afectó aspiraciones y carreras políticas, también acabó con la salud y la vida de valiosos antioqueños.

Los términos de la Corte no solo se han vuelto eternos sino antijurídicos, inciertos y en ocasiones hasta absurdos, porque para algunos las actuaciones avanzan según los calendarios electorales. Hay investigaciones en las nuevas salas que ya completan más de un año de creadas sin decisiones de fondo, y las explicaciones de los magistrados no atienden el interés superior de la administración de justicia, aludiendo a altas cargas de trabajo, o decretando reiteradas suspensiones de términos, como si esas situaciones estuvieran por encima de los derechos fundamentales de los procesados y sus familias, quienes deben padecer el dolor personal y moral que generan estas dilaciones.

En cualquier caso, si existen delitos con pruebas concretas, se deben emitir los fallos, pero el sistema no puede contribuir a dilatar procesos afectando la vida personal y la confianza en las instituciones que lastima la credibilidad en nuestros sistema democrático.

Las Cortes (así como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) se volvieron mediáticas, pero sólo para anunciar capturas, llamados a indagatoria o medidas de aseguramiento, luego de los anuncios y las filtraciones selectivas de audios y piezas procesales, los expedientes pierden interés y se acumulan en los despachos por varios años sin resolución de fondo.

Se volvieron más mediáticas las capturas de políticos que de reconocidos líderes del crimen organizado y la Corte, que antes se pronunciaba por autos y sentencias, ya era común que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la sala penal salieran en ruedas de prensa hablando sobre investigaciones y procesos.

La afectación de la imagen del poder judicial en el país es evidente y se suma a los recientes problemas de poder ejecutivo y legislativo para responder a las necesidades de los ciudadanos. Pero el poder judicial es piedra angular de las democracias y de la estabilidad institucional, por eso las nuevas salas y la actual Sala Plena –cuyos integrantes ya poco o nada tiene que ver con los cuestionados integrantes del “Cartel de la Toga”- tienen la enorme responsabilidad de rescatar la credibilidad, la juridicidad, la confianza y la estabilidad de la rama. Importante labor teniendo en cuenta los cuestionamientos de la opinión pública sobre actuaciones contaminadas de política, corrupción y malas prácticas judiciales, así llamo la atención sobre el reiterado irrespeto a los términos que ya ha hecho carrera en la Corte Suprema de Justicia y principalmente en la sala de casación penal.

Los colombianos nos merecemos de las Cortes, decisiones serias, jurídicas, oportunas, donde la agenda judicial no dependa de lo electoral, con el profesionalismo que debe caracterizar a estas instituciones, y no solo producir determinaciones influenciadas por medios de comunicación, intereses políticos y económicos, solo así dichas Cortes retomarán el liderazgo, en el contexto moral e institucional del país que tanto lo necesita.

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  • Abogado de la Universidad Externado de Colombia; Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona – Universidad Pompeu Fabra; Diplomado en Delitos contra la Administración Pública, Universidad del Rosario; Diplomado en Derecho Penal Económico, Pontificia Universidad Javeriana; Diplomado “El Rol del Fiscal en el Sistema Penal Acusatorio”. Con estudios complementarios sobre Teoría del Derecho, Pasantías Financieras sobre prevención de la Financiación del Terrorismo, seminarios y talleres sobre sistema penitenciario, manejo y administración de bienes incautados en investigaciones contra el lavado de activos y terrorismo, estrategias y técnicas para la práctica de entrevistas cognitivas y testimonios, investigación de conductas de malversación de recursos de regalías, investigación de delitos financieros. Con diez (10) años de experiencia como Fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública y más de diez (10) años en cargos de asesoría en el Nivel Central de la Rama Ejecutiva en el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
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