Respetado señor,
Medellin, 05 de octubre de 2021
Señor:
DANIEL QUINTERO CALLE
Miembro Junta Directiva
Empresas Públicas de Medellín ESP
POR NUESTRO PAIS es una corporación creada por un grupo de ciudadanos preocupados por el futuro del país, que se dedica a estudiar y plantear soluciones para las diferentes dificultades que afronta Colombia.
En desarrollo de esta tarea, hemos venido haciendo seguimiento a la ejecución del proyecto Hidro-Ituango, dada la incidencia que el mismo tendrá para la economía del país y que usted como miembro de la junta directiva de EPM conoce muy bien.
Vemos con especial preocupación que desde la administración de EPM se viene insistiendo en la intención de cambiar a los contratistas actuales, tal y como lo ha manifestado el Gerente y diferentes medios de comunicación.
Por su parte diferentes actores, de manera unánime, han señalado hasta la saciedad que cambiar los contratistas actuales significará que las dos turbinas proyectadas para entrar a generar en el 2022, no lo podrán hacer, pues el solo cambio de contratistas causará definitivamente un atraso de por lo menos doce meses, tal y como lo señaló públicamente el Gobernador (e), doctor Luis Fernando Suárez y consta en documentos internos de EPM.
Con tal atraso se desencadenan una serie de eventos igualmente conocidos, como es el pago de las multas a la CREG, el retraso en la generación de ingresos por la venta de energía, y la aceleración de los pagos a los créditos del BID, entre otros.
Es por ello que recurrimos a cada uno de los miembros de la junta directiva de EPM, para que en su calidad de administradores en los términos de la Ley 222 de 1995, actúen de manera responsable y sensata, y tomen todas las medidas pertinentes para garantizar que puedan continuar dichos contratistas, sin perjuicio por supuesto de hacerles exigibles todas y cada una de sus obligaciones contractuales.
Ustedes como administradores tienen la potestad de realizar diferentes gestiones, dentro de las cuales está la de intervenir ante los entes de control para lograr que sin menoscabar las acciones que les correspondan, y manteniendo las medidas cautelares que consideren necesarias, se garantice la terminación del proyecto.
En tal sentido sugerimos incluso analizar la conveniencia de que se ordene que todos los recursos involucrados en el mismo se concentren en un patrimonio autónomo, con lo cual no se causarían los efectos negativos enunciados arriba.
No hacerlo sería, en nuestra opinión, una gravísima negligencia.
Agradecemos la atención a la presente
Juan Manuel Jaramillo
Director ejecutivo, Corporación Por Nuestro país.
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