El Poder Judicial de Perú ordenó la detención preliminar del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, implicado en un presunto caso de corrupción por el que también se investiga al presidente Pedro Castillo, informaron este martes medios locales.
Según la información, difundida de manera unánime por la prensa nacional, que citó fuentes judiciales, la medida aún no la ha podido ejecutar la Policía Nacional porque el exministro se encuentra en paradero desconocido.
Al respecto, el abogado de Silva, Alfredo Yalan, declaró al diario Perú 21 que el exfuncionario «se ha puesto a buen recaudo» y consideró que en su país «no hay justicia».
«Mi cliente está en el Perú, no se ha fugado. No tiene por qué fugarse», aseguró Yalan antes de agregar que aún no se les ha notificado oficialmente sobre la orden de detención.
La decisión judicial la tomó el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, a pedido de la Fiscalía de la Nación, que investiga a Silva por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado, detalló el diario El Comercio.
Tras conocerse la información, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, afirmó que Silva debe presentarse ante la justicia, que, según dijo, debe hacer «su trabajo de manera objetiva, sin apasionamientos, sin tintes políticos».
«Si está llamando al señor Silva pues lo que tiene que hacer es, y lo mejor que puede hacer, es presentarse a la justicia y llevar un debido proceso que le permita ejercer su derecho a defensa”, remarcó.
El exministro no acudió este lunes a una citación fiscal para que amplíe su declaración, aunque previamente su defensa afirmó que no había recibido la citación y pediría una reprogramación de esta convocatoria.
Como parte de este caso, el Poder Judicial dictó el sábado pasado 36 meses de impedimento de salida del país contra Silva, y una medida similar, aunque por 9 meses, contra los congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, del partido centrista Acción Popular.
La Fiscalía investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente «Tarata II» sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.
El pasado viernes se difundió la transcripción de un presunto audio en el que el empresario Zamir Villaverde, quien está preso mientras se le investiga por corrupción, supuestamente le ofrece un soborno a Silva para obtener la licitación para la construcción del puente.
Villaverde, quien pidió ser colaborador de la investigación fiscal en este caso, también ha implicado a Castillo en la presunta trama corrupta, aunque sin presentar hasta el momento pruebas de sus afirmaciones.
En las pesquisas se ha incluido a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, liderada por el presidente Castillo, quien ha negado esas acusaciones.
El fiscal general peruano, Pablo Sánchez, ordenó hace una semana ampliar las pesquisas contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Este domingo, la Fiscalía citó al gobernante para que el próximo 13 de junio declare en la investigación que se le sigue y, de acuerdo con sus prerrogativas, el presidente puede decidir si acude ante el despacho fiscal o da su testimonio en el Palacio de Gobierno.
Sin embargo, la defensa de Castillo presentó este lunes un pedido de «tutela de derechos» ante el Poder Judicial para que se anule la investigación que sigue la Fiscalía, ya que considera que goza de inmunidad mientras esté en el cargo.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó la audiencia en la que se debatirá esta «tutela de derechos» para la mañana del próximo 15 de junio.
Las denuncias contra el mandatario y personajes de su entorno cercano han reactivado la crisis política que afronta Perú desde el inicio del actual régimen, a fines de julio del año pasado, y llevado a la oposición y medios locales a exigir que Castillo renuncie o sea destituido por el Congreso.
