A través de IFMNOTICIAS.COM, de manera exclusiva, se denunció que Diana Osorio, compañera permanente del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compró en diciembre la vivienda en la que reside la familia desde la llegada a la primera magistratura de la ciudad.
La vivienda está ubicada en un exclusivo conjunto residencial en el barrio La Calera, en el Poblado, y tiene cerca de 700 mts2, incluyendo el amplio jardín con el que cuenta la vivienda.
Según expertos consultados por IFMNOTICIAS.COM, esta casa estaría valorada por la no despreciable suma de $3 mil millones de pesos, y eso siendo generosos, ya que por el área y precios de ventas de viviendas similares puede éstas más cerca de los cuatro mil millones.
Sin embargo y como se evidenció a través de la información publicada en este medio, Diana Osorio no tiene los recursos demostrables para tal adquisición.
Primero que todo hay que resaltar que, según información publicada por la misma gestora social, ella no percibe ningún ingreso por desempeñar dicho trabajo en la Alcaldía de Medellín, y en las escrituras de compra afirma ser “ama de casa”, es decir que confirma que no desempeña ninguna labor que le permita justificar unos ingresos.
Y es ahí donde comienzan todas las inquietudes, sin tener ingresos, y con un compañero permanente que funge de Alcalde de Medellín y que tiene un salario mensual de $15.512.880 y que no reporta ingresos por otros negocios, logra entregar una cuota inicial por $570 millones, sin haber claridad de como una familia que fue elegida dando la imagen de que no tenía recursos y en 2 años logra un ahorro de esa magnitud para entregarlo como cuota inicial.
Adicional a esto registran en las escrituras en notaría donde certifican que el valor total del inmueble que fue pagado entre la cuota inicial y un leasing de Bancolombia por un monto total de $1.200 millones de pesos, un valor muy inferior al avalúo comercial de viviendas ubicadas dentro de la misma unidad residencial que se están negociando alrededor de $3.200 millones de pesos.
Consultamos con varios asesores de bancos sobre el proceso que debe surtirse para el trámite de un leasing habitacional y más teniendo en cuenta que la solicitante es la compañera permanente del Alcalde de Medellín es decir una persona públicamente reconocida y políticamente expuesta.
Nos informan que para poder acceder a un leasing habitacional por un valor de $630 millones, ya que el restante de $570 millones ya había sido pagado como cuota inicial, partiendo de la idea inicial de que efectivamente la transacción se hizo por $1.200 millones de pesos; la solicitante, en este caso Diana Osorio, debe reportar unos ingresos superiores a los $40 millones de pesos mensuales.
¿De qué manera la gestora social, que en repetidas oportunidades ha confirmado que no tiene ingresos, y que en documentación oficial afirma que es ama de casa, logra que se le apruebe ese monto a través de una entidad bancaria?
Esto no quiere decir que una persona que no tenga trabajo formal no pueda adquirir una vivienda, pero si debe justificar su fuente de ingresos y el monto de los mismos con extractos bancarios, certificados de ventas, entre otros documentos.
Los asesores bancarios de Bancolombia consultados y quienes pidieron no revelar su identodad, también informan que, al ser una persona públicamente expuesta, independiente de que así lo registre, para el que tramitó debió ser evidente de quien se trataba al registrar que tenía una unión de hecho con Daniel Quintero Calle, sin embargo, el trámite no tuvo en cuenta este detalle tan relevante.
“Para las personas que están públicamente y políticamente expuestas, los trámites bancarios, como la solicitud de un leasing habitacional, tiene un tramite diferente ya que no son aprobados a través de las oficinas habituales, sino que eso pasa a la gerencia regional y es allí donde se hace el estudio para la aprobación del crédito”, señala una de las fuentes.
Otras imprecisiones encontradas están en el negocio como tal, es por esto que se consultó con abogados especialistas en el tema y nos dan cuenta de una serie de movimientos irregulares que rayan con el presunto delito que se cometió en el proceso de compraventa de la vivienda.
“Las normas colombianas establecen que no se puede adquirir un inmueble por un valor muy por debajo del que tiene en su avalúo comercial, siendo esta lo primero que debía haber levantado todas las alertas tanto en el banco como en la notaría donde se registraron las escrituras, esto con el objetivo de impedir que se cometan delitos con negocios inmobiliarios”, señala El abogado Juan Giraldo.
El articulo 90 del estatuto tributario limita o regula el precio de venta mínimo por el que se debe hacer una escritura pública en la venta de bienes inmuebles para efectos tributarios, nos confirma otro de los abogados consultados.
“En el caso de bienes raíces, además de lo previsto en esta disposición, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo sin perjuicio de la posibilidad de un valor superior. En el caso de que existan listas de precios, bases de datos, ofertas o cualquier otro mecanismo que permita determinar el valor comercial de los bienes (…) los contribuyentes deberán remitirse a los mismos”, afirma la norma.
Y esta norma hace todavía mas inexplicable el negocio realizado entre la compañera permanente del Alcalde Daniel Quintero y la vendedora de la vivienda, ya que la transacción se hizo, al parecer, por una tercera parte del posible avalúo comercial del inmueble.
“El funcionario que adelanta el proceso de compraventa debe verificar, a través de publicaciones y ofertas relacionadas, ya sea en la misma zona y con características similares, si el precio declarado es similar a lo que se publica en medios especializados de compra venta de inmuebles, y en caso de encontrar una diferencia importante, superior al 15%, tiene la potestad de rechazar el negocio” señalan los abogados.
Sin embargo, la notaria no presentó ningún reparo en el precio y procedió a emitir la escritura pública correspondiente.
Dado el avalúo de las viviendas de la zona, es posible que el negocio realizado por Osorio para la compra haya implicado un monto adicional por “debajo de la mesa”, práctica que se utiliza para realizar un pago menor de impuestos a la hora de hacer la transacción ante notaría.
El estatuto tributario aclara que tanto compradores como vendedores deben declarar el valor real pagado por un inmueble y exige a los compradores, bajo juramento a declarar, que no existen valores adicionales a los declarados en la escritura ante notario.
Esto abre una puerta que comienza a rayar con la ilegalidad y es precisamente la evasión de impuestos, algo que se hace mas grave al tratarse de la compañera permanente del Alcalde de la ciudad, pues la Promera Dama debe dar ejemplo de rectitud, pues su función como Gestora Social y de cierto modo, “Representate de la Alcaldía” debe marcar la pauta de la legalidad pues la administración, entre otras cosas, función a gracias a los tributos que se recaudan, como es el impuesto predial, entre otros.
Y es que mentir en un documento público, como es una escritura, es un delito, y haber declarado el pago de un inmueble por un precio inferior al pagado, no solo implica un delito de defraudación del estado por la evasión de impuestos sino defraudación del sistema de notariado y registro al pagar un valor inferior por el trámite ante notaria de las escrituras, ademas que esta incurriendo en falsedad de documento público; algo que se agrava al mentir al declarar que no es “Persona Expuesta Políticamente”.
Es decir que si pagaron un valor inferior al avalúo, se esta incurriendo en un delito, y si reportaron un valor inferior al pagado, también se esta incurriendo en un delito.
Aun no es explicable como la notaría aprobó las escrituras del dicho inmueble, así como no se entiende como Bancolombia aprobó un leasing habitacional sin el cumplimiento mínimo de requisitos para el trámite; a no ser que hayan aportado documentos de ingresos que no han sido declarados públicamente, lo que seria ocultamiento.
Los negocios que suelen rodear a la familia Quintero Osorio terminan teniendo un manto de duda sobre presuntas ilegalidades o una serie de irregularidades en sus procesos.
