MUNDO. Expertos de derechos humanos de Naciones Unidas dijeron el miércoles que estaban investigando acusaciones de que las fuerzas policiales venezolanas habían asesinado a 200 personas este año y los investigadores expresaron su preocupación por posibles ejecuciones sumarias.
Los investigadores de la ONU dijeron que las autoridades no entregaron los certificados de defunción, cobraron honorarios por las autopsias y entregaron los cuerpos en un ataúd cerrado “con la instrucción de que no se abriera”.
La delegación de Venezuela desestimó las acusaciones sin abordarlas específicamente. “Una vez más, la misión de investigación presenta información politizada sin equilibrio y equidad”, dijo Héctor Constant Rosales, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo más tarde en un comunicado que rechazaba las “acusaciones falsas” de la misión.
Marta Valinas, jefa de una misión de investigación de la ONU, dijo que el saldo de 200 incluyó a personas muertas en un gran operativo policial en el barrio La Vega de la capital, Caracas, del 7 al 9 de enero.
“Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Al menos 23 personas murieron ese fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y las pandillas, según informes de prensa y activistas, mientras el gobierno se enfrentaba al escrutinio internacional por asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Brasil y Estados Unidos, hablando en el consejo en Ginebra, expresaron su preocupación por lo que el encargado de negocios estadounidense Mark Cassayre llamó la “masacre” en La Vega.
Valinas dijo que al menos 36 personas habían sido detenidas ilegalmente, incluidos periodistas, desde septiembre y que algunas detenciones parecían tener “motivaciones políticas”.
“El concepto estatal de ‘enemigo interno’ parece ser cada vez más amplio”, dijo.
Más de 20 personas, incluidos trabajadores de la salud, han sido detenidas por hablar sobre la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19, agregó.
Los investigadores independientes dijeron en septiembre pasado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que constituyen crímenes de lesa humanidad.
