(INVESTIGACIÓN) Medellín y el Valle de Aburrá, al borde de una emergencia carcelaria

En Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, ya no caben los presos. Desde antes de la crisis generada por el Covid-19, ya en esta zona del país, se habían dado las alertas tempranas del INPEC y de las autoridades locales, ante la difícil situación carcelaria que se vivía. El encierro y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional por cuenta del Coronavirus agravaron la situación.

En mayo del año pasado, la Personería debió recurrir al Tribunal Superior de Medellín para buscar que los centros de paso en los calabozos de la Fiscalía y en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá, fueran llevados a la cárcel de Bellavista. En ese momento, se hablaba de 412 presos que llevaban privados de la libertad varios meses, ocupando las estaciones de policía y, si bien no estaba copada la capacidad total, ya se hablaba de la falta de condiciones de salud, alimentación y condiciones dignas de los detenidos y una eventual emergencia.

El fallo del Tribunal en ese momento, fue la de ordenar el traslado a Bellavista, pero la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), seccional Bello, en representación de la cárcel de Bellavista, se opuso al fallo del Tribunal Superior, que para el momento, había dado un plazo de 30 días para el traslado.

Bellavista, es la cárcel de mayor capacidad en el departamento de Antioquia. Su capacidad es para 1.869 reclusos, pero para el 2020 ya supera los 4 mil internos, más del doble de su capacidad, haciendo de este centro carcelario, una olla a punto de hervir. En marzo de este año, una revuelta dejó 2 internos heridos, mientras en el mismo mes, se vivió una emergencia sanitaria por casos de varicela en el patio 8.

El caso en la cárcel de Pedregal no es diferente. Hace un año se hablaba de 2.208 internos mientras que la capacidad es de 1.288, lo que representa una sobre población de 920 personas y un hacinamiento del 71,4%. Hoy los internos casi llegan a los 3 mil.

De acuerdo con el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, el hacinamiento carcelario en el Departamento de Antioquia es del 82,24%, reflejando lo disparado que están las cifras de las que señaló lo lejos del promedio nacional, que es del 50%; mientras reseñaba que el promedio en América Latina es del 25%. Es decir, Antioquia triplica en hacinamiento el promedio latinoamericano.

En abril del 2019, en Medellín se celebró un encuentro territorial para analizar posibles soluciones a los problemas del hacinamiento carcelario en el departamento. En esa oportunidad, se hablaba que según la Corte Constitucional, en el departamento había 20 cárceles y esto ponía a Antioquia como el departamento del país con mayor cantidad de centros de reclusión en el país y que la capacidad total era de 7.592 internos pero la cifra casi se duplicada a 13.836.

Contrario a lo que se pensaría, las cifras para el 202o, año y medio más tarde, no ha disminuido y de aquel encuentro en el que se buscaban soluciones, ninguna se ha dado, excepto que esta semana se puso la primera piedra para la ampliación de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, que no soluciona el problema inmediato, pues la cifra de internos supera ya los 15 mil.

Pese a que el Gobierno Nacional había declarado en los decretos por el Covid-19, la orden de traslado de algunos recluso

s a sus casas con beneficio de prisión domiciliaria, en Antioquia, esto no fue solución para el hacinamiento. Dentro de los decretos, se optó por hacer que los capturados, no fueran trasladados a las cárceles del INPEC y sí dejarlos en los lugares transitorios o de paso. Resultó más grave la cura que la enfermedad.

En la actualidad, los sitios de reclusión transitoria en las sedes de reacción de la Fiscalía en sus calabozos y las jaulas de las estaciones de Policía, están

desobordados, al punto, que ya a los capturados los tienen que dejar libres, dejando que no se realicen los procedimientos de oficialización de captura en las horas correspondientes. Es más, hasta los fiscales están filtrando los casos que llevan donde los jueces de garantías y los mismos jueces, están evitando retener más personas si los delitos no son graves. La razón: ya no hay donde tener a los prisioneros.

Y es que las cárceles están saturadas, los gaurdias del INPEC no son suficientes para cubrir la población carcelaria y los sindicatos de esta institución, buscan como evitar que ingresen más personas. Muchas veces, los carros de traslado deben devolverse porque no se les permite el ingreso.

Los directores de las cárceles están en un serio lío entre su deber y la realidad que contrasta con la larga cadena que se recorre entre entidades y autoridades para la retención de personas que han cometido delitos: Policía, Fiscalía, Jueces, Inpec y en medio de todos, los abogados y los procesos jurídicos que se fallan de acuerdo a las normas, las mismas que no prevén la insuficiencia de capacidad carcelaria.

En el Valle de Aburrá ya no cabe un alma y hay presos que todavía se mantienen en las estaciones de policía desde antes de la pandemia y no se ve que puedan ser trasladados. Es más, en esas estaciones de detención transitoria o de paso, ya hay condenados que siguen allí conviviendo y utilizando los recursos de la policía, que debe desviar recursos para alimentar, mantener y prestar la atención mínima en baños que ya son mixtos y celdas en las que ya duermen en el piso hasta 10 o mas personas.

La situación es tan grave, que algunas estaciones de policía y sedes de fiscalía, han optado por buscar en municipios cercanos para enviar provisionalmente a los detenidos mientras que la justicia, también por efecto del Covid-19, funciona a media marcha y de manera virtual sin que se pueda tener el control real.

Para las audiencias, los intendentes de policía han tenido que prestar sus celulares que pagan de su propio bolsillo y hasta los computadores de las estaciones sirven para las largas con conexiones de los juzgados, abogados y acusaciones y defensores; para que se puedan realizar y muchas de estas audiencias, se ven frustradas por la velocidad de internet en las estaciones.

El problema es que los presuopuestos que tienen policía y fiscalía no son para mantener a detenidos por largos períodos de tiempo. En este sentido, se están viendo afectados cuando quienes deberían haber sido enviados a las cárceles del INPEC, continúan en sus centros de detención y gastar los recursos que no tienen.

Nadie da razón de nada. Entre las entidades se “lanzan la pelota”. Las alcaldías dicen que no es competencia de ellos, la policía reconoce solo lo que le corresponde igual de la fiscalía y asímismo los jueces. Ninguno quiere dejar de cumplir con la ley, y todos señalan al ministerio de Justicia y al INPEC que a su vez dice que no tiene presupuesto para dejar ingresar más reclusos.

La alerta está encendida. En Medellín, por ejemplo, las ofensivas contra los grupos delincuenciales vienen dando muy buenos resultados y el aparato judicial está operando, pero no tienen donde recluir a los delincuentes. Y es que para colmo de males, la difícil situación económica que se vive, ha hecho que se estén produciendo mas acciones delincuenciales de personas que optan por violar la ley por supervivencia. Los robos se han multiplicado y la acción de la policía, que es contundente, se está viendo agotada.

Wilson Ruiz Orejuela, Ministro de Justicia y del Derecho, anunció el viernes anterior en su visita a Medellín, que el Gobierno Nacional, a través de la cartera que él preside, contribuirá a aliviar el hacinamiento carcelario en Antioquia con el traslado de 802 condenados, quienes pasarán de estaciones

de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) del departamento a establecimientos carcelarios que se encuentran bajo el control del Inpec; pero esto solo ha sido una promesa que no tiene todavía fecha efectiva y que riñe con la disposición que tienen los sindicatos del INPEC para dejar ingresar más condenados a las cárceles. Algunos de los voceros indican que al Ministro le tocará pensar en llevarlos a otras ciudades, porque, definitivamente, aquí no caben.

El director del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, Brigadier General Norberto Mujica Jaime ha sido propositivo, pero es consciente que no ha sido fácil gestionar esta situación, porque lo que ocurre en Medellín y Antioquia, es común en el resto del país. Algo parecido está ocurriendo en las estaciones de policía de Bogotá, en donde, inclusive ser mantienen detenidos en los CAIs.

Las cifras actualizadas el viernes por el Ministro, hablan de que en Antioquia se alberga el 10,8% de todos los internos en Colombia, cerca de 15.500. Y que en URI’s y estaciones de policía del departamento hay 3.300 detenidos. De ellos serán trasladados a centros de reclusión 500 que hay en Medellín y 302 de otros municipios; y estos traslados, tienen a su vez, un incremento en los costos presupuestales, porque los protocolos de bioseguridad, obligan a practicar desde pruebas hasta la dotación de elementos de bioseguridad.

Este aspecto de la bioseguridad, ha sido otro dolor de cabeza. En algunas estaciones el hacinamiento, el calor, la falta de espacio ha hecho que no exista, prácticamente, el distanciamiento y en oportunidades, ni los tapabocas. Para la alimentación, la policía ha tenido que recurrir a los familiares y pactar para que les lleven de comer al menos dos veces al día en lugares que no tienen comedores y ni que decir de los servicios sanitarios o duchas.

“Estamos llegando a un punto que ya no soportamos porque no es solo lo duro que es tener a un familiar detenido, sino ver las condiciones en las que están y con todo esto del coronavirus, uno no sabe cuando se enferman”, dice uno de los familiares de una detenida por robo agravado en la estación de policía de San Cristobal y que, pese a que ya fue condenada, sigue allí sin poder ser trasladada a la cárcel de El Pedregal, pese a que el juez la destinó allá.

“El compromiso del Ministerio y de dos de sus entidades adscritas, el Inpec y la Uspec, es claro: contribuir a mejorar las condiciones de la población condenada. Desde que asumí como Ministro me propuse hallar soluciones prontas y efectivas a una problemática que nos afecta hace muchos años”, dijo en una reunión con el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y otras autoridades departamentales y municipales, el ministro Ruiz Orjuela.

El alto funcionario confirmó que se espera construir dos nuevas cárceles en Antioquia: una en Yarumal y otra en el Bajo Cauca. “La idea es que cada una pueda albergar a cerca de 1.000 internos. El costo total estaría entre los 150.000 y los 200.000 millones de pesos”, indicó al manifestar que se busca crear una especie de “bolsa” en la que aporten el Gobierno Nacional y los entes territoriales.

“Algo muy importante es que las estructuras modulares que se están ampliando en la cárcel de Bellavista nos permitirán aumentar la capacidad del mencionado establecimiento en cerca de 900 internos. Dichas estructuras estarán entregándose en diciembre de 2021”, añadió el jefe de la cartera de Justicia.

Entre tanto, en el Congreso no avanzan los proyectos de reforma a las políticas carcelarias y la reforma a la Justicia, solo está en la idea que ahora se plantea en el referendo que quiere proponer el Centro Democrático. Nada cierto, nada cercano.

Y mientras la delincuencia crece, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que trasladará al Valle de Aburrá, antes de diciembre, a 170 policías que refuercen la seguridad. De estos 100 llegarán específicamente a Itagüí y los 70 restantes, para dividirlos en los nueve municipios del Valle, incluido Medellín. Sin duda, la cifra es insignificante para el reto que se tiene de contener el accionar delincuencial.

La soluciones planteadas, tampoco son inmediatas para acabar el hacinamiento. En el Consejo de Seguridad del sábado en Itagüí, se llegó al compromiso de que para el 2021, se ampliará la capacidad en 800 nuevos cupos en la cárcel Bellavistay 510 más en la cárcel La Paz de Itagüí. No obstante, no se conoce en qué mes del año próximo se tendrá esta ampliación de capacidad.