Unidad Investigativa
Para Juan Pablo Ramírez Álvarez, el hoy Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el año 2019 al parecer fue un año extrañamente lucrativo y a la vez de costoso. Mientras se desempeñaba para ese año como Gerente de la campaña a la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle, él mismo hizo una donación por valor de $10’000.000 lo que pareciera poder justificar dado sus sorprendentes ingresos de ese año.
Y es que en su calidad de responsable de una campaña llena de cuestionamientos e irregularidades, el hoy secretario pareciera haber servido de vehículo para el financiamiento de la misma, ya que según información reportada a la DIAN, sus ingresos y gastos ese año aparecen desorbitados.
Y es que sus ingresos “no laborales” para ese año fueron de $350.418.000 y sus costos y gastos de $293.068.000.
Llama también la atención su nivel de patrimonio a ese año y el incremento para el año gravable 2020.
Patrimonio 2019:
Patrimonio 2020:
Y es que para el 31 de diciembre de 2020, primer año en la administración municipal de Quintero Calle, su patrimonio pasó de $227’504.000 a $359.443.000.
Se trata de un incremente aproximado de 130 millones de pesos en un solo año con ingresos de $191.740.000. Para los expertos tributarios consultados por IFMNOTICIAS.COM, “eso significaría que su patrimonio se incrementó en la misma proporción de la renta líquida, lo cual en principio carecería de lógica”.
Esta conducta repetitiva de incrementos de patrimonio no justificado se viene observando en las declaraciones de los secretarios de despacho, caso puntual lo denunciado días atrás por IFMNOTICIAS.COM en el caso de Fredy Esteban Restrepo Taborda, hoy secretario de Gobierno.
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Es claro en su declaración de bienes y conflictos de interés, que manifiesta no tener otra actividad que justifique los incrementos.
Así mismo declara no tener inversiones.
Entonces ¿cuál sería propiamente el origen de ese incremento patrimonial, si a la fecha el hoy secretario no posee inmuebles a título personal?
Otro tema que ha llamado la atención, es que el Secretario manifiesta no tener cónyuge ni compañera permanente, desconociendo la realidad de su actual matrimonio.
Así mismo manifiesta ausencia de parientes, cuando es por todos conocida la vinculación de su hermana y su esposa con la actual administración municipal.
Es entonces extraña la información reportada en la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés de acuerdo a la Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019.
Causa sospecha la omisión de información del Secretario Ramírez Álvarez y, en especial, sorprende que la información reportada a la DIAN no sea coincidente con la realidad contractual del Secretario quien en los últimos meses ha sido protagonista de grandes escándalos en la administración municipal, empezando por cargar con toda la responsabilidad de los ingresos cuestionables a la campaña del Alcalde Daniel Quintero Calle.
Es importante recordar que Ramírez ha sido cuestionado por la extraña manipulación en el presupuesto participativo cuando era secretario de Participación Ciudadana y luego se vio inmerso en las denuncias de exfuncionarios que lo vinculan con la trama de las ESALs, (Entidades Sin Ánimo de Lucro) a las que obligaban a depositar cuotas a los funcionarios y contratistas, lo que le ha valido denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía.
En estas denuncias, quienes los denunciaron ante las autoridades, señalan que es Ramírez Álvarez el encargado de recaudar recursos provenientes de la administración municipal, los funcionarios y contratistas, para financiar el proyecto político del alcalde Daniel Quintero, el mismo que definen con un tiempo de 30 años como lo señaló en su momento a IFMNOTICIAS.COM, Pilar Rodríguez, una de las victimas que indicó además que fueron llevados engañados hasta una casa en El Poblado, en donde les quitaron los celulares para luego darles indicaciones de como debían entregar parte de sus sueldos a una ESAL.
Coincide de manera extraña, según los denunciantes, estas irregularidades de ingresos injustificados con estas prácticas de captación de dineros.
