Unidad Investigativa
El denominado Informe McGrgor, que hoy tiene a todo el país hablando de él aunque no se conocen los pormenores de las mas de 700 páginas que lo componen, fue contratado por EPM con sesgo dirigido en su objeto, para ser utilizado como insumo para la defensa de intereses parcializados por parte de EPM, para sustentar sus demandas en contra de los contratistas constructores.
Así se desprende del hallazgo que IFMNOTICIAS.COM ha logrado establecer tras revisar el contrato CW98049 del 18 de junio del 2020 por un valor de $2.023.000.000 de peso y para “Realizar una auditoría utilizando metodologías afines a la auditoria forense al proyecto Hidroeléctrico Ituango, con finalidad de robustecer la estrategia de defensa de los intereses de EPM como socio y constructor del proyecto”.
Como se ve en el objeto del contrato, la hoy denominada “Auditoría Forense” no es tal, sino que la firma colombiana JAHV McGregor, solo se comprometió a utilizar “metodologías afines a la auditoría forense” lo que no puede interpretase como que el informe resultante, es efectivamente una auditoria de ese tipo. Igualmente en el objeto queda claro que el fin del informe no era buscar la verdad sobre la contingencia del 2018, sino elaborar un informe que sirviera para “robustecer la estrategia de defensa de los interese de EPM”.
Una de las fuentes confidenciales de IFMNOTICIAS.COM que participó con esta firma en la elaboración de la auditoría, detalló que cuando se comenzó a realizar el trabajo, fueron instalados dentro del edificio de EPM al lado de la Gerencia y dispusieron de varias salas. Esto fue corroborado en una carta que el exgerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón, le solicitó a la empresa autora del informe cuando el alcalde Daniel Quintero, lo acusó falsamente de haber engavetado la auditoría.
En la carta, se detalla, por ejemplo, lo que la fuente también relata, que fueron instalados en las sala Tímpanop+ del piso 13 en el ala sur del edificio y otra parte del equipo en el tercer piso en la sala 125 llamada Servir.
Comenta la fuente, que la llegada no fue fácil y que nadie los quería haciendo ese trabajo, que tuvieron mucha dificultad al comienzo para poder acceder a la información y para poderse reunir con los funcionarios, quienes decían “estar muy ocupados”. No fue diferente en terreno, en donde los representantes de los constructores no “tenían tiempo para nosotros”, señala.
Recuerda que el trabajo se hizo en tiempo de pandemia con lo que eso significa. “La mayoría de la gente estaba en encierro cando comenzamos” señala mientras explica que muchas de las reuniones se debieron realizar de manera virtual.
La fuente explica que ellos solo buscaban “encontrar lo que EPM orientaba en sus necesidades, es decir, no se hizo una auditoría forense, sino que se emplearon las técnicas para tratar de encontrar los problemas que sustentaran las demandas que EPM quería interponer” y se remite al objeto del contrato.
Quien coordinaba estas acciones era directamente el Vicepresidente Jurídico de EPM del momento, Alexander Sánchez Pérez, dice la fuente, quien era el que decía lo que debíamos buscar y quien tenía la idea de lo que dirían las demandas. Al respecto, la carta de la empresa JAHV McGregor, corrobora lo dicho por la fuente, en donde indica que “con los profesionales, directivos y Vicepresidentes de EPM, liderados por el Vicepresidente Jurídico Dr. Alexánder Sánchez Pérez”.
La carta involucra a otros funcionarios con los que se coordinaron reuniones y acciones que incluyeron comunicaciones escritas solicitando información.
La firma JAHV McGregor, precisa lo que entiende por “auditoría forense”, señalando que “esta auditoría, consiste en la realización de un análisis forense, acorde con las especificaciones indicadas por la compañía, utilizando la metodología “Investigation and Risk” (I&R). Este trabajo, incluye la exploración o examen crítico de las actividades, operaciones y hechos económicos, incluidos sus procesos integrantes, a través del uso de procedimientos técnicos, con los cuales se busca determinar la ocurrencia de hechos ilícitos, relacionados con el aprovechamiento ilegal de los bienes y recursos o su desviación. Tales procedimientos tienen por fin, obtener evidencia válida y suficiente, para ser usada ante las autoridades jurisdiccionales con indicación de los posibles responsables y su nivel de participación.”
Pero la misma empresa concretamente señala que lo que realizó para EPM, no fue una Auditoría Forense sino que empleó técnicas de auditoría forense para la elaboración del informe, tal y como quedó estipulado en el contrato.
Se habla de connotación fiscal en el informe, algo que es del resorte propio de la Contraloría, pero no tiene peso judicial para determinar culpabilidades de alguno de los actores, nadie “en la compañía se van a prestar para testificar” dice la fuente, quien además señala que la firma es tan seria que nadie se prestaría para seguir un juego con tintes políticos o populistas, entendiendo que la empresa es contratista del Estado en diferentes entidades y que no está dispuesta arriesgar su reputación.
Con base en la evidencias (testimonio de la fuente interna de McGergor, la carta de McGregor a Rendón, el contrato y la consulta de otras fuentes confidenciales) es claro que el trabajo realizado por JAHV McGregor, solo fue el de presentar un informe divido en varias entregas parciales y un consolidad, que además fue objeto de modificaciones en lo que fue puntualmente solicitado.
El informe tanto en sus parciales como en su consolidado, fue llamado “Auditoría Forense” pero solo se utilizaron técnicas en tal sentido para lo que en realidad fue “un dictamen pericial de carácter financiero, técnico, y contable, por medio del cual se acredite, utilizando las técnicas propias de la auditoría contable, el valor de la totalidad de los perjuicios patrimonaales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante tanto consolidado como futuro, así como los perjuicios extrapatrimonioales (…) que ha sufrido EPM como consecuencia de la contingencia“.
Este objeto parcializado, dirigido y sesgado, fue ejecutado tras el “modificatorio No.1”, que señalaba concretamente lo que quería EPM y que quedó evidenciado en lo dicho por la compañía en la carta a Rendón.
Otro de los detalles del informe McGregor, es que el periodo de tiempo auditado contablemente y que fue presentado bajo el nombre de “Auditoría Forense”, comprendió desde la ocurrencia de la contingencia en abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019; es decir, todos los documentos recopilados y analizados correspondieron solo a ese período.
El propósito de que se entregaran los informes de avance, estuvieron condicionadas a la necesidad de EPM, en cabeza de su Vicepresidente Jurídico Alexander Sánchez Pérez, para argumentar las demandas contra los contratistas constructores, y corresponde al mismo tiempo en que se produjeron las peleas entre Sánchez y Rendón, que fueron reseñadas por IFMNOTICIAS.COM
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Los conflictos, según señaló en su momento Álvaro Guillermo Rendón, tuvieron como fondo, un costoso equipo de buffetes de abogados externos y los desacuerdos con la manera y los términos para las demandas, que finalmente se concretaron al comienzo del 2021 y que fueron devueltas por los despachos judiciales por contener errores que fueron calificados en su momento, como de estudiantes de derecho
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Como si fuera poco, en su momento, Álvaro Guillermo Rendón, renovó los contratos con los contratistas constructores por todo el 2021, para lo que señaló que hizo uso de la información del informe McGregor. Así lo señaló en su comunicado de desmentido al alcalde cuando fue acusado de haber engavetado el informe.
En la última semana, el Alcalde de Medellín ha dado pistas convenientes de lo que al parecer está en el informe McGregor con respecto a la utilización de menos pernos y el uso de otro tipo de materiales a los concertados originalmente.
La fuente interna que participó en la elaboración del informe, señaló a IFMNOTICIAS.COM que en ningún momento se señala que se trate de corrupción, y el informe se limita a detallar un hecho sin conocer las razones por lo que se tomó la decisión; es decir, si fue porque se hizo un tunel mas pequeño y necesitaron menos pernos o si fue por un cambio de diseño o por otra razón. De todos modos, el que aprobaba todos esos cambios era EPM que es el constructor y así quedó en el informe”.
Explica también que “quedó evidenciado en el informe que los túneles los comenzó una empresa que fue totalmente diferente a la que los terminó y a los que le toco la contingencia.”
Son respecto a si el informe servirá en la Fiscalía, la fuente considera que no, porque esta auditoría se hizo con un propósito particular que era buscar razones para poder demandar a los contratistas, mas no tiene acervo probatorio que explique lo que en verdad ocurrió con el incidente u otros propósitos.
El informe McGregor no desmiente el informe Causa-Raíz contratados por la anterior administración de EPM y tampoco desmiente los informes contratados por las aseguradoras, lo que hace mas dudoso el nuevo nuevo uso judicial que le pretenden dar a este informe como prueba ante la Fiscalía.
Para los analistas de lo que está ocurriendo, es un nuevo intento del alcalde Daniel Quintero, por justificar el cambio de contratistas constructores, a viento y marea, buscando argumentos que le permitan sustentar de manera retórica una posible decisión. Para ello, está poniendo en peligro la continuidad de los pagos de las aseguradoras, pues el nuevo uso del informe McGregor, si llegara a desmentir el propio informe Causa-Raíz de EPM, haría que las aseguradoras se quedaran con la teoría que lo que ocurrió no fue un siniestro, sino un dolo.
Así el alcalde, estaría sacrificando la estabilidad financiera y la viabilidad de EPM, porque quedaría como la responsable absoluta de lo ocurrido, al ser ella misma, la constructora, independiente de si le reclama o no los contratistas, que ya han iniciado un proceso de Tribunal de Abitramiento Internacional.
Así las cosas, pese a los anuncios del propia alcalde de llevar el informe McGregor a la Fiscalía, algo que todavía no ha ocurrido y solo está en el anuncio tras la reunión de Junta Directiva de EPM; quienes se sostienen en que los que deben pagar son las aseguradoras son el Presidente de la República Iván Duque quien insiste en que no haya cambio de contratistas y se termine la obra tal como va; y el propio Contralor General de la República, quien dijo que siempre ha buscado un acercamiento de entendimiento entre EPM y los contratistas para que sean las aseguradoras las que paguen. Este nuevo pronunciamiento, deja ver, una vez fue nombrado un contralor Adhoc, la verdadera línea que tiene trazada el contralor.
