Por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Asume el presidente Gustavo Petro y son muchas las inquietudes que asaltan a los colombianos, tanto sobre el equipo que lo acompañará como sobre el programa que desarrollará en este cuatrienio.
¿Qué pasará, por ejemplo, con la reforma agraria, ahora que la ministra designada Cecilia López ha dicho que será una reforma «sin timideces»? ¿Expropiarán predios poseídos por agricultores y ganaderos durante décadas e inclusive inmuebles que han pertenecido a las familias durante generaciones, a pesar de estar adecuadamente explotados?
Si ello fuere así, la propiedad privada, como derecho fundamental e incuestionable de los colombianos, quedará derogada de facto por un gobierno con veleidades populistas.
La anunciada reforma tributaria destinada a recaudar 50 o 75 billones, según los anuncios del próximo ministro de Hacienda, ahogará el bolsillo y el nivel de vida de miles de ciudadanos, especialmente de la clase media, que son los que viven de un salario que todos los días se encoge más por efecto de la inflación.
No se compadece una reforma tributaria de esa envergadura con las dificultades que hemos estado padeciendo los colombianos con la pandemia, la caída del empleo, los altos intereses y una inflación que amenaza con salirse de control, pese a las medidas del Banco de la República.
Surgen muchas dudas sobre lo que se hará con las pensiones, como quiera que se anunció en la campaña que se iban a intervenir los fondos pensionales para tomar de ellos alrededor de 18 billones —dineros que son ahorros propios de los aportantes— y financiar determinados programas.
Preocupa, ciertamente, la actitud del presidente Petro con las Fuerzas Militares y de Policía, las cuales vienen siendo víctimas de una arremetida de los grupos al margen de la ley. En nuestro departamento, 35 agentes del orden han sido víctimas de tales criminales, y frente a ello el mandatario ha guardado un extraño silencio, como si solo le preocuparan las muertes de un determinado sector y no las de los hombres que sirven a la patria y defienden las instituciones de los alzados en armas, de los vinculados a organizaciones criminales.
Es extraño también el silencio del presidente Petro frente a la administración del alcalde Quintero, cuyas múltiples actuaciones, reñidas con sus deberes como mandatario local y acusaciones de corrupción, son materia de investigación por parte de los organismos judiciales.
¿Cómo combatirá la corrupción el señor Petro si guarda estas consideraciones con Quintero y, además, incorporó a las listas del Pacto Histórico exfuncionarios del gobierno municipal y de muchas maneras le demuestra su solidaridad?
¿Cómo combatirá la corrupción, insisto, el presidente Petro, si entre sus más cercanos amigos y posibles funcionarios del más alto nivel están ciudadanos con investigaciones y acusaciones por indebidas actuaciones en cargos públicos o en actividades privadas?
Post Scriptum: Quienes conformaron el pacto de Palogrande, para la cuestionada elección de los contralores de Antioquia, Medellín, Bello, Envigado e Itagüí, ahora pretenden imponerle al Pacto Histórico el contralor general de la República. ¿Lo lograrán? ¿Cuál es el cambio?
