La audiencia de imputación de cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla se desarrolla este lunes 1 de diciembre en el Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La diligencia está a cargo de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, con apoyo del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General. La convocatoria fue hecha por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal, debido al fuero especial que cobija a los exfuncionarios.
Según la Fiscalía, los exministros enfrentarán imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El ente investigador anunció que solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Las acusaciones se fundamentan en actuaciones documentadas entre 2023 y 2024, cuando, de acuerdo con la investigación, Velasco y Bonilla habrían participado en reuniones destinadas a favorecer a congresistas mediante contratos, con el fin de asegurar respaldo en las comisiones económicas del Congreso.
Durante la exposición inicial, la fiscal Patiño indicó que los exministros habrían intervenido en negociaciones vinculadas con proyectos contractuales de valores entre 35.000 y 80.000 millones de pesos. Estos acuerdos, según la Fiscalía, buscaban garantizar apoyo legislativo para las reformas a la salud y pensional. La primera de estas no superó el trámite legislativo, mientras que la segunda fue aprobada en la Cámara de Representantes y actualmente se encuentra en revisión ante la Corte Constitucional.
Las autoridades señalan que los exministros habrían determinado a funcionarios de la Ungrd, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, para tramitar de manera irregular contratos asociados a la entidad.
La Fiscalía también relaciona a los exministros con reuniones sostenidas con Jaime Ramírez Cobo, funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde se habría acordado la coordinación de proyectos de interés para congresistas de la Comisión Interparlamentaria.
En la audiencia, la Fiscalía afirmó que los exministros habrían participado en el direccionamiento de tres proyectos de la Ungrd para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), por un valor total de 89.619 millones de pesos. Asimismo, señaló que Velasco habría instruido al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, a respaldar la reforma pensional mediante la entrega de contratos.
El proceso continúa en desarrollo y la Fiscalía sostiene que los exministros tendrán que responder en calidad de determinadores y autores a título de dolo en los delitos imputados. El Tribunal Superior avanza con las intervenciones pendientes dentro de la diligencia judicial.
