Por Eduardo Mackenzie
Un video con las declaraciones de Natalia, una joven que iba a ser jurado en una mesa de votación de Pereira, el 13 de marzo, circula desde hace unos días en WhatsApp. Aunque la joven dice ser simpatizante del Pacto Histórico lo que cuenta parece importante. Ella dice haber sido contratada por Disproel, o por una empresa llamada ASD, lo que puede ser AS Disproel, o Disproel S A, una empresa a quien la Registraduría Nacional le adjudicó, el 10 de septiembre de 2021, un contrato enorme de $1.8 billones de pesos y por el cual le anticipó, según Blu Radio, cerca de $200.000 millones para que se haga cargo de los procesos electorales de 2022.
El modesto contrato de Natalia para trabajar desde las 4 de la tarde del día electoral, como miembro de un grupo de personas que en una oficina privada se encargaría de llenar formularios E-14 “de preconteo” de votos, nunca fue firmado. La actividad consistía en escribir en formularios vírgenes E-14 las cifras que ella recibiría por teléfono. Pero el origen de esas llamadas no eran las mesas de votación de Pereira ni de Risaralda ni del Eje Cafetero sino de los departamentos Guaviare, Guainía, Meta y Arauca.
Hay que escuchar lo que ella dice y sacar conclusiones. Es cierto que algunos aspectos del testimonio de Natalia son frágiles. No aparece el nombre completo de ella ni aparece el nombre de la joven que la interrogó en una calle. Sin embargo, vale la pena escuchar ese testimonio.
Por ejemplo, me intriga mucho lo que ella dice sobre el trabajo con los E-14, que son, precisamente, los formularios donde miles de votantes encontraron, después de la elección del 13 de marzo, gran cantidad de errores y de groseras falsificaciones.
La forma como Natalia fue enganchada para hacer “una capacitación, dos simulacros y el [trabajo] el día del evento [electoral]” es muy curioso. Los integrantes de equipo del cual ella hacía parte no firmaron un contrato laboral, aunque iban a recibir una remuneración de 250 000 pesos. Tuvieron sí que firmar un “compromiso”, que consistía en no revelar a nadie qué trabajo habían hecho en esa oficina después de las 4 de la tarde. Ninguno recibió copia del tal compromiso. Antes de comenzar labores estaban obligados a despojarse de sus teléfonos portables, a vestir prendas blancas y sencillas, como para no poder ocultar un micrófono o un aparato fotográfico.
Ella explica que, después de cerradas las urnas a las 4 de la tarde, los datos electorales, les llegarían por teléfono. ¿Disproel instaló en Pereira un centro para hacer un cierto tipo de “preconteo” de votos dentro de una oficina semi clandestina? ¿Fue allí donde hubo una especie de fabricación masiva de formularios E-14 sin el control de las autoridades?
Natalia detalla que los empleados tenían la orden de escribir en los E-14 las cifras que recibían por teléfono de una manera especial: “Nos explicaban que en dichos formularios no podíamos poner ni X ni asteriscos, ni cero en los resultados. Es decir que, si era 75, era 75, no podíamos poner 0075, ni **75, que teníamos que dejar el espacio en blanco.”
Los formularios que llenaban pasaban a manos de otro equipo, en otro cuarto, así: “Terminamos de diligenciar un formulario, lo ponemos en la mesa e inmediatamente se lo lleva” un patinador. Así ocurrió en los simulacros de aprendizaje que ella y su equipo siguieron durante la formación.
Una pregunta obvia: ¿si esa es la técnica para llenar los formularios E-14 de qué sirve el flamante y costoso equipo digital (software) de Smartmatic que Alexander Vega dice haber comprado en Europa a la firma semioficial española Indra? Se supone que hoy, en 2022, la transmisión de datos electorales debe ser hecha por modernos computadores y redes basados en la informática y la telemetría, no mediante el rústico medio de las llamadas telefónicas, como en los años 50.
Es muy probable que el testimonio de Natalia arroje una cierta luz sobre lo ocurrido en la noche del 13 de marzo y en los días siguientes, en Pereira y en otras ciudades de Colombia. Por eso es indispensable un examen detallado de lo que Natalia afirma.
Ese testimonio corrobora por lo menos que la excesiva privatización de la logística de las elecciones colombianas, cuyo mayor arquitecto es Alexander Vega Rocha, creó eslabones débiles e ineficientes en la cadena de actividades de la Registraduría, eslabones que son o fueron aprovechados por quienes están interesados en falsear los resultados electorales del país.
El hecho de que ningún medio de Colombia haya analizado el testimonio de Natalia que, sin embargo, circula y debe haber caído en manos de periodistas, indica que hay esfuerzos sistemáticos para impedir que esa crónica sea conocida y sea objeto de investigaciones, tanto de la policía judicial y del periodismo de investigación.
Aunque el relato de la joven es un poco desordenado –ella habla rápido y con cierta angustia y miedo–, nada prueba que no sea sincero.
Según Natalia, el día electoral ella recibió la orden de salir de la oficina donde iba a participar en el misterioso “preconteo” de votos. Ella había despertado sospechas entre los jefes de esa operación. Durante la formación, y delante de tres personas que ella califica de “registradores”, ella había preguntado por qué tenían que dejar espacios vacíos, y no podían escribir en los formularios cifras que no pudieran ser alteradas, tipo 0075, o **75. Y por qué ellos harían un “preconteo” de votos de otros departamentos. “Te pedimos, por favor, que te retires, te sientas por allí, y no hay ningún problema, te puedes sentar allí pero no puedes recibir nuestras llamadas”, le dijo una “persona encargada” antes de que comenzaran las labores en la oficina de un edificio de la avenida circunvalar de Pereira.
“La verdad, en este momento sí tengo mucho miedo”, dijo Natalia a su interlocutora. Y agregó: “En ese lugar [se] quedaron con mi fotografía de carnet, con mi nombre completo, con mi hoja de vida. En Registraduría también ya tienen mis datos completos”. Y a manera de conclusión remató: “los colombianos votamos hasta las cuatro de la tarde. A partir de las cuatro de la tarde quien elige es el gobierno” (…) “Sepan que las votaciones no se pierden en las mesas, es en este proceso y ASD existe a nivel nacional.”
Ese testimonio, repito, debe ser examinado, confirmado o no por Natalia, quien, además, debe ser protegida por las autoridades. De hecho, lo que ella dice hace parte del torrente de denuncias y de quejas de la ciudadanía y de los partidos por la forma como el escrutinio fue realizado por la Registraduría, con el concurso de firmas privadas nada transparentes. Nadie olvidará que el Partido Conservador, el Centro Democrático y la Coalición Centro Esperanza, perdieron un senador cada uno de ellos por cuenta de un hallazgo milagroso de votos de Alexander Vega que favoreció únicamente al petrismo. Algo nunca visto. Con mucha razón el expresidente Andrés Pastrana afirmó: “Las cifras oficiales del Registrador apestan a fraude a favor del Pacto Histórico. El Gobierno debe contratar, con visto bueno de los actores de la elección, dos firmas internacionales independientes para el análisis forense de los procesos de la Registraduría el domingo pasado”. Si hay testigos de otros “preconteos” extraños, como el descrito por Natalia, que salgan del silencio y se pronuncien. La situación electoral del país es insostenible. Algo tienen que hacer el presidente Duque y el Consejo Nacional Electoral.
