martes, diciembre 7, 2021
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Hoy nace oficialmente registrado el Comité de Revocatoria del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero

El Comité de Revocatoria del Alcalde de Daniel Quintero, queda registrado oficialmente hoy ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, seccional Antioquia, como comienzo del proceso que busca el retiro del cargo como mandatario local, tras la insatisfacción generalizada de la ciudadanía que hoy se manifiesta dentro del uso democrático del mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Nacional y en la ley.

Daniel Quintero fue elegido el 27 de octubre del 2019 tras una contienda dudosa en la que, según denuncias, el entonces candidato por los «Independientes», habría pactado con grupos al margen de la ley para movilizar a la ciudadanía en los barrios populares y alcanzar la votación que lo llevó a ganar la primera magistratura de la ciudad.

Y es que para los medellinenses fue extraño que un desconocido en las tierras paisas, lograra una votación histórica por ser la mas alta registrada en esta ciudad desde 1988 cuando se realizó por primera vez la elección popular de alcaldes en en país. Y es que Quintero obtuvo 304.034 votos, ganando a una serie de candidatos locales de diferentes vertientes, con mayor trayectoria, reconocimiento popular y tradición, mientras que Daniel Quintero fue llamado como un «aparecido» en el mundo político local, pues si bien venía de tener cargos en el Gobierno Nacional durante el mandato de Juan Manuel Santos, como el de ser viceministro en MinTic, no estaba en el radar de exposición mediática para obtener tal nivel reconocimiento.

No obstante, Daniel Quintero logró la votación más alta superando inclusive a Alfredo Ramos, candidato del Centro Democrático quien obtuvo 235.319 votos, con una diferencia de 68.715 votos. Según los análisis posteriores tras el conteo, se dio la «casualidad» que fueron «las comunas Nororiental y Noroccidental, sumadas a los suburbios también de clase media baja y humilde de Buenos Aires, Villa Hermosa y la muy célebre comuna 13 o San Javier, más la zona rural de la ciudad, las que le dieron el triunfo electoral como alcalde a Daniel Quintero Calle» como lo reseñaba en aquel momento el periódico El Mundo; zonas en las que tienen presencia las denominadas «bandas delincuenciales» entre las que están la «Oficina», con las que fue vinculado Quintero y su hermano en una investigación que adelanta  la Fiscalía 196 Seccional de la Unidad Delitos contra la Administración Publica-Electorales Medellín, a cargo del  Dr. Jaime Alberto Duque Molina, por la compra de votos y presunta relación con grupos delincuenciales.

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Daniel Quintero durante su campaña hizo promesas y dejó ver que de ganar, adelantaría una cruzada de lucha entre clases tomando las banderas populistas de la Colombia Humana, luego de su paso por el apoyo a la campaña presidencial en la segunda vuelta a Gustavo Petro, de quien dijo, «quería que fuera su presidente» y siendo uno de los principales promotores de esa campaña en la Ciudad. Se dice en los círculos políticos que fue en esas correrías por los barrios populares, en donde logró el contacto con los grupos al margen de la ley y pactaría el apoyo logístico y económico para alcanzar la alcaldía, apoyados en la denuncia. Es justo en la denuncia interpuesta por ciudadanos ante la Fiscalía, que se detalla cómo se habría utilizado a una ONG a quien vinculan con grupos delincuenciales, como «el enlace» y que habría sido la protagonista para negociaciones anteriores denominadas «Pacto de Fusiles», de otras alcaldías del pasado.

Estas relaciones le habrían permitido llegar al poder, según investiga la Fiscalía, al haberse utilizado las amenazas de hombres motorizados en las comunas quienes obligaban a votar por Daniel Quintero mientras que se repartían sobres con billetes de 50 mil y las tarjetas con la imagen del candidato por quien debían marcar en el Tarjetón Electoral, según dice la denuncia que investiga la Fiscalía. Es así como se busca establecer la extraña cantidad de votos alcanzados por el actual alcalde, quien se posesionó el 1 de enero de 2020.

Desde entonces, Quintero comenzó a nombrar en cargos a personas principalmente de Bogotá, tanto en las secretarías como en las entidades descentralizadas y entes autónomos como Empresas Públicas, poniendo en duda su bandera de «independiente». Y es que los nombramientos que hizo y sigue haciendo han estado marcados por la politiquería tradicional, y personal vinculado a partidos tradicionales, muchos de ellos, con dudosos pasado y relaciones «non sanctas». A ello se sumó la politización de entidades que hasta ahora venían siendo manejadas con criterio técnico. Inclusive en las secretarías y entidades nombró a funcionarios que habían ejercido similares cargos en la administración fallida de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá.

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Para colmo, los medellinenses, que siempre habían visto un cuidado extremo de sus bienes comunes, del Metro, del mobiliario urbano, tuvieron que soportar la complacencia del mandatario con los vándalos que en medio de protestas violentas, no solo fueron animados por el alcalde, sino patrocinados en sus marchas, las mismas a las que les llevó hidratación, tablados, música y protección, mientras los marchantes destruyeron y atacaron bancos, hoteles, estaciones del Metro y MetroPlus entre otros espacios; para luego disculparlos con la resonada frase de que aquellos daños «salen con pinturita».

Luego sobrevino la pandemia del Covid-19 y con ella lo que parecía una buena gestión reconocida nacional e internacionalmente, resultó ser el pago programado de «publirreportajes» que fueron alimentando la sarta de mentiras que con los meses se desvelarían y sobre los que insistiría. Desde ese momento Quintero ya mostró su estilo de manipulación de la información, del hacer parecer y de atacar a sus contradictores. Al debate se incorporó la dudosa creación de una «base de datos» llamada «Medellín me Cuida» que hace uso de una aplicación móvil y sobre la que todavía no hay claridad del propósito de la misma. Aunque se dice desde la administración que ha sido utilizada para la gestión de la pandemia y la población vulnerable, son más creíbles las versiones de que viene siendo utilizada políticamente, todo por la falta de claridad en su manejo y propósito.

Pero fue EPM la que llenó la copa de la insatisfacción ciudadana como ningún alcalde lo había logrado en tan corto tiempo, al sorpresivamente romper el Gobierno Corporativo, una figura que la ciudad había logrado establecer para el respeto de reglas básicas que le han permitido al ente autónomo, funcionar exitosamente y convertirse en el conglomerado multilatino que es aun siendo público; esta figura parte del respeto de las Empresas Públicas de Medellín en su manejo empresarial sin politizarse y priorizando lo técnico y el interés de la ciudad por encima de los intereses particulares o de caudillos. Para ello, Quintero se valió del accidente en HidroItuango y de las críticas políticas y mediáticas que se dieron, para argumentar y dañar el acuerdo de Academia-Empresa-Estado y así politizarla y entregarla a los intereses guiados por un expresidente, un exvicepresidente y un excandidato a la presidencia, en compañía de sus seguidores paisas, a fin de convertirlos en su caja menor. Varios de ellos, manifestaron su apoyo y dieron pautas a seguir públicamente, sobre EPM con el caso del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el excandidato a la presidencia por la Colombia Humana, Gustavo Petro. Todo esto ambientado de la «falacia populista», como lo denominaron algunos analistas y experto en el tema, de una demanda por 9,9 billones de pesos a los contratistas constructores de la Hidroeléctrica de Ituango y el apoyo de algunos caudillos locales que buscan el apoyo de estos personajes para impulsar su nombre en las elecciones del 2022.

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En medio de este conflicto y lejos de solucionarlo, Quintero decidió echarle leña al fuego e inició una guerra en contra del tejido empresarial antioqueño, poniendo como caballito de batalla al GEA. Si bien de discurso todo parecía indicar que su guerra solo era en contra del GEA y su supuesta presencia en EPM, la evidencia demostró cómo se volvió costumbre remplazar a los proveedores locales de la administración en todas las entidades, sacrificando a las empresas antioqueñas y los empleos que ellas generan, para privilegiar y dárselos a empresas bogotanas con presuntos nexos con sus jefes políticos de la capital. Los casos de los contratos bogotanos en la remodelación de la clínica de la 80, la alimentación hospitalaria, la compra de unidades y ventiladores para las UCI, los mercados para los vulnerables, la seguridad de la alcaldía y sus entidades y hasta los proveedores tecnológicos. Todo lo anterior, acompañado con el desplazamiento del talento profesional paisa y para ello, continuó con el nombramiento de gente foránea, sin conocimiento de la ciudad, ni de sus barrios, que solo llegaron a ocupar un puesto por componendas políticas, favores y apoyos. Hasta venezolanos hay en la administración que mintieron diciendo que eran paisas.

Fue este el momento en que se comenzaron a crear movimientos y colectivos de insatisfacción en la ciudad, a fin de defender desde el tejido empresarial, hasta hacer veeduría y pasando por quienes propusieron revocarlo. Nacieron así, Libertank para proteger el empresariado, la Veeduría Todos por Medellín, para defender a EPM y los movimientos de revocatoria. A la Veeduría Todos por Medellín, que nada tiene que ver con la revocatoria, Quintero la ha señalado desde ser uribista hasta ser un brazo el GEA y promotora pagada de la iniciativa y a los movimientos de revocatoria como tal, los ha querido hacer parecer ante los medios de comunicación, que nacieron un día después de su posesión por parte de quienes perdieron en las urnas y vincularlos a compromisos políticos. Estos señalamientos del Alcalde de Medellín, han sido desmentidos insistentemente por las organizaciones.

Daniel Quintero continuó con los ataques a sus contradictores a quienes ordenó seguir y perfilar. Para ese momento, cada semana el alcalde no paró de salir de un escándalo para entrar en otro, como el de acoso sexual y posterior intento de soborno a los medios de comunicación para callarlos con pauta, las amenazas a las víctimas que denunciaron y a las periodistas que hicieron públicas las denuncias con llamadas a los jefes de ellas pidiendo su cabeza; las fiestas y los incumplimientos a sus propias normas de cuarentena, los incumplimientos de sus empleados y cercanos a las mismas normas, entre otros. De allí las mentiras encadenadas del alcalde que dieron para un largo listado y los ataques a la ciudadanía a quienes vinculó con el legado de Pablo Escobar. Le siguió el sonado nepotismo y contratación de familiares y amigos cercanos en grupos, parejas y demás. Todo ello, fue sumando a la insatisfacción ciudadana y fue fortaleciendo un movimiento de revocatoria, como jamás se había visto en el país.

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Tal fue el nivel de agravio que hasta secciones de periódicos nacionales y periodistas de afinidad ideológica, lo atacaron sin piedad, confirmando la frase popular que no hay palo que mas duro de que el propio palo.

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Los grupos de chat en WhastApp, Facebook, Telegram y otras redes sociales se fueron copando de ciudadanos que compartían desde la indignación hasta la preocupación por el futuro de la ciudad. De repente, ya existían más de una decena de grupos todos pidiendo revocatoria. Un proceso de orden espontáneo, fue fusionando a varios de ellos hasta que la Corporación Medellín Cuenta Conmigo, se convirtió en la primera en ser registrada ante la Cámara de Comercio con el objetivo de Revocar al Alcalde. Tras ella, se fueron uniendo otras organizaciones de ciudadanos como Primero Antioquia, Más Medellín, BRANT, Cruzada, Revocatoria, Recostrucción Colombia, Salvemos Colombia entre otros; quienes unieron a otros grupos organizados de ciudadanos y con quienes se firmó el «Pacto por Medellín», todos con el objetivo de constituir el Comité de Revocatoria y trabajar unidos por esta iniciativa.

Firmado el Pacto por Medellín entre las organizaciones que buscan la revocatoria del Alcalde de Medellín

Hoy llegan a la Registraduría Nacional del Estados Civil con un documento que integra cuatro partes: 1) Los planes estratégicos y los incumplimientos, 2) Las propuestas hechas en plan de gobierno omitidas en plan de desarrollo, 3) Las Empresas Públicas de Medellín, y 4) Los argumentos de la insatisfacción ciudadana. El documento fue realizado por un calificado equipo jurídico y técnico que con toda la seriedad del caso ha hecho una exposición clara y sustentable de los que ha generado inconformidad y una revisión detallada sobre los incumplimientos al plan de gobierno y las promesas de campaña, tal y como lo indica la ley.

Ahora inicia el trámite oficial ya con un Comité conformado, registrado y operativo, liderado desde la Corporación Medellín Cuenta Conmigo y todo el equipo de voluntarios que conforman la iniciativa de revocatoria.

Los voceros de el Comité reclaman transparencia en el proceso y piden a las autoridades hacer respetar los procesos. Desde ya advierten una alerta temprana de tratar de boicotear el proceso desde la misma Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, que el pasado 16 de diciembre, emitieron una extraña resolución que modifica la ley estatutaria en los requisitos para la revocatoria. Se trata de la inclusión de la realización de una Audiencia Pública, previo al visto bueno del Comité en el proceso de registro en la que el alcalde pueda defenderse.

Esta resolución dice que tras ser escuchadas las partes, los magistrados del CNE y la registraduría darán no el visto bueno para el avance del proceso, sin que se especifique ningún elemento técnico más que el subjetivo. A todas luces, esta resolución no tiene sustento en la normatividad, pues no puede modificarse los requisitos estipulados en una ley estatutaria con una simple resolución, por lo que se prepara la demanda de la misma.

(DENUNCIA) La extraña resolución que expidió el Consejo Nacional Electoral, modificando el proceso de revocatoria

 

 

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