Hidroituango ha estado en ojo de las entidades desde 2018, cuando se presentó un derrumbe en el túnel de desviación del río lo que generó una emergencia, que aún hoy no ha podido ser superada al 100 % ya que el riesgo se mitiga únicamente cuando la central entre en operación con sus ocho generadoras.
Por esta razón, es el proyecto constructivo de esta naturaleza más monitoreado del mundo, y se mide cualquier movimiento tanto en el macizo rocoso como en la presa, que son precisamente los dos puntos más vulnerables y donde se pueden presentar emergencias que impacten a las comunidades aguas abajo de Hidroituango. Todas estas alertas y posibles riesgos han sido documentados tanto por EPM como por consultores independientes durante años.
En este panorama se ha mantenido un Puesto de Mando Unificado, que controla todas las variables que pueden aumentar o disipar el riesgo del proyecto, y ante el pronto encendido de las dos primeras turbinas, y el impacto que este hecho puede tener en el comportamiento de la montaña y de la presa, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, le envió a EPM una carta solicitando un informe completo del actual estado del proyecto y la posibilidad de que expertos visiten las cavernas y realicen nuevas inspecciones.
Se solicitó un análisis y examen de los riesgos que implicarían las pruebas dinámicas para las comunidades aguas abajo de la presa, además de inspección que se consideraría independiente y que permitiría al gobierno nacional dar luz verde para las pruebas cruciales y para la puesta en marcha del proyecto.
Ante el posible riesgo, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se ha solicitado a EPM y a las entidades de riesgo que se realice la evacuación preventiva de algunas de las comunidades aguas abajo antes de efectuar las pruebas con agua de las turbinas y que puede generar vibración en el macizo rocoso, ya siniestrado.
De igual forma, el gobierno pretende analizar la situación de la presa, en la que tuvo que llevarse a cabo una metodología constructiva única, con el fin de dar por terminada la obra ante el derrumbe y colapso del 2018.
Esta nueva solicitud del gobierno nacional, sumada a la determinación del PMU de evacuar poblaciones aguas abajo antes de iniciar las pruebas dinámicas, podría generar más retrasos a la hora de poner en marcha las dos primeras turbinas y por ende se pondrían en riesgo las finanzas de EPM en caso de que la CREG determine que le cobrará la sanción por no entrar en operación antes del 30 de noviembre.
