La Contraloría General de la República advirtió un hallazgo fiscal por $213.548.069, correspondiente al costo total de cinco vuelos operados por aeronaves de la Policía Nacional. Según la entidad, estos desplazamientos no guardaban relación con la misión institucional de la Policía y fueron autorizados por el Ministerio del Interior.
En este hallazgo se conoció que los vuelos para Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez. Según la Contraloría estos traslados no cumplían con los criterios de pertinencia que justifican el uso de equipos destinados a labores propias de seguridad, investigación o apoyo operativo, funciones exclusivas de la institución policial.
De acuerdo con la información recopilada por el organismo de control, dos de los vuelos realizados el 19 y 20 de junio fueron justificados como necesarios para facilitar la participación de Juliana Guerrero en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
En medio de las investigaciones, la Contraloría precisó que, aunque se alegó una actividad oficial, el uso de aeronaves policiales exige que las misiones estén directamente vinculadas con funciones institucionales, algo que no se evidenció en los documentos analizados.
El primer vuelo tuvo lugar el 19 de junio, cuando Guerrero se desplazó de Bogotá a Valledupar a las 10:44 de la noche. La operación fue reportada como requerida para asistir a una “reunión con comunidad”. La solicitud, según los registros, fue presentada por el supervisor del convenio del Ministerio del Interior, quien pidió la asignación de una aeronave “para el traslado del personal del señor ministro y su comitiva”.
Otro de los vuelos se registró el 20 de junio, y se cubrió la ruta Valledupar – Aguachica – Valledupar, con salida a las 7:10 de la mañana. En esta ocasión, además de Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Verónica Guerrero, viajaron Mauricio Díaz, Gerardo Bohórquez y José Pérez Yancy.
Los vuelos anteriores, según indicó la Contraloría, no tenía conexión con actividades misionales de la Policía.
La Contraloría concluyó que los vuelos generaron una afectación al presupuesto del Ministerio del Interior, al asumir gastos de operaciones no justificadas bajo los criterios establecidos, es decir, que las aeronaves de la institución u oficiales solo pueden ser utilizadas autorización expresa del ministerio correspondiente y exclusivamente para labores ajustadas a la normatividad institucional.
La entidad indicó que los resultados serán remitidos a las instancias competentes para la adopción de las acciones de control que correspondan.
