En medio de una serie de bloqueos viales y manifestaciones en múltiples regiones del país, el Gobierno Nacional y representantes del gremio arrocero llevarán a cabo este jueves una mesa de diálogo con el propósito de avanzar hacia un acuerdo que permita superar la crisis que afecta a pequeños y medianos productores del sector.
El encuentro, programado desde las 11:00 a.m., se lleva a cabo en la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá y cuenta con la participación de altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos ministros y viceministros de Agricultura, Comercio, Medio Ambiente y Hacienda. Por parte del gremio arrocero, asistirán 22 delegados, 14 de forma presencial y ocho por conexión virtual.
La movilización de los arroceros comenzó el pasado 14 de julio en respuesta a lo que consideran incumplimientos del Gobierno frente a compromisos adquiridos en marzo. Entre las exigencias del sector se encuentran:
- La creación de un precio de referencia para la compra del arroz
- El cumplimiento de acuerdos firmados previamente
- El fortalecimiento de controles fronterizos para frenar el contrabando de grano desde Ecuador.
En paralelo al inicio del diálogo, se mantiene la jornada de protestas que ha incluido bloqueos en corredores clave de al menos once departamentos. Según reportes, los puntos afectados incluyen municipios como Saldaña, Espinal, Neiva, Ibagué, Campoalegre, Tesalia, Tierra Alta, Aguazul, Tame, La Jagua de Ibirico, Aguachica y Sabana de Torres, entre otros.
El detonante más reciente fue la expedición de una resolución del Ministerio de Agricultura que establece precios mínimos regulados para el arroz paddy verde. Dicha resolución plantea un precio mínimo de $188.000 por carga de 125 kilogramos en los Llanos y de $205.000 en la región Centro.
Para la tonelada, los valores oscilan entre $1.500.000 y $1.645.386, dependiendo de la región. En total, el volumen regulado bajo esta medida abarca 1.400.184 toneladas.
Líderes del sector advierten que estas cifras no responden a los costos reales de producción. Según Ángel María Serrano, vocero de los arroceros en Tolima, el precio mínimo necesario para garantizar la viabilidad económica del cultivo debería alcanzar los $230.000 por carga. “Esa resolución apenas fue publicada para comentarios, eso se tarda más o menos veinte días, nosotros requerimos soluciones inmediatas”, declaró en una entrevista reciente.
Además del componente de precios, los arroceros señalan pérdidas acumuladas que, de acuerdo con estimaciones del Comité Nacional Arrocero, ascienden a entre $2.500.000 y $2.800.000 por hectárea cosechada. La situación ha impactado de manera directa a pequeños y medianos productores, quienes sostienen que la sobreoferta y la estacionalidad del cultivo han profundizado la inestabilidad del sector.
Como parte de las acciones gubernamentales, el Ministerio de Agricultura anunció la asignación de $7.000 millones para apoyar a los cultivadores inscritos en el programa Faia Arroz, una iniciativa que incluye subsidios para la compra de fertilizantes. Esta intervención ya ha sido aplicada en 23 departamentos.
Otra preocupación recurrente en el sector es el ingreso irregular de arroz procedente de Ecuador. El Gobierno ha señalado que se reforzarán los controles fronterizos. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que se implementarán medidas para enfrentar “prácticas ilegales e irregulares que están afectando tanto el suministro de alimentos como la economía del campo colombiano”.
Los delegados que participan en la negociación esperan que se logren acuerdos estructurales. Entre los puntos de mayor interés están la regulación de la producción para evitar excedentes, el establecimiento de precios sostenidos y el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria en las fronteras.
Productores de zonas como Campoalegre, uno de los epicentros de la protesta en el Huila, han manifestado que mantendrán los bloqueos hasta que se alcancen compromisos verificables.Mientras se desarrollan las conversaciones, los líderes de la movilización han reiterado que la publicación de una resolución no equivale a una solución definitiva.
“No vamos a detener los bloqueos y manifestaciones simplemente por la emisión de la resolución”, enfatizó Serrano.
La jornada de este jueves será clave para determinar si el diálogo puede abrir una vía efectiva hacia el levantamiento de las protestas y la estabilización del sector arrocero, cuya producción es fundamental en la canasta básica nacional y el abastecimiento del mercado interno.
