Luego de 13 meses desde que Maduro había suspendido las conversaciones el proceso se retomó con este compromiso de obtener más de 3.000 millones de dólares, así como atender los efectos del sobre cumplimiento de las sanciones internacionales impuestas al país.
Los recursos conseguidos se usarán a través de programas de Naciones Unidas en Venezuela, en proyectos para estabilizar el sistema eléctrico, reforzar el sistema de salud, ampliar la acción del Programa Mundial de Alimentos y atender la infraestructura educativa pública.
El convenio firmado el sábado en la capital azteca no incluyó medidas de carácter político o electoral, principal interés de los adversarios de Nicolás Maduro. La delegación opositora en México insistió en que ahora tocará abordar los temas “de fondo”.
Las exigencias de los opositores pasan por el respeto a los derechos políticos, como el levantamiento de las inhabilitaciones que en este momento impiden candidaturas de casi 90% de los aspirantes a enfrentar a Maduro en 2024-, los derechos humanos, la liberación de presos políticos, el cese de la persecución política y el diseño de condiciones electorales que permitan unos comicios libres y observables con participación de los migrantes en el exterior, ahora impedidos de participar.
