El presidente Gustavo Petro firmó este 9 de octubre la nueva Ley de Administración de Justicia, con la que busca la modernización del sistema judicial en Colombia.
Esta ley tiene como objetivo reformar y optimizar la eficiencia del sistema, estableciendo medidas que permitirán la virtualización de los trámites judiciales y redefiniendo el proceso de selección de magistrados.
Una de las características más destacadas de la ley es la digitalización de los procesos judiciales. Esto implica que los trámites y actuaciones se llevarán a cabo de manera virtual, facilitando así el acceso a la justicia, especialmente en zonas rurales donde las barreras geográficas y de seguridad han sido un obstáculo significativo.
La normativa también ofrece a los jueces la posibilidad de decidir si las pruebas se presentan de forma presencial o virtual, a excepción de los juicios orales penales, que deberán ser presenciales, salvo en situaciones de fuerza mayor.
En lo que respecta a la selección de magistrados para las altas cortes, la ley introduce cambios que buscan mejorar la transparencia y asegurar una mayor participación ciudadana.
Se establecen nuevas reglas para la formación de listas de candidatos, exigiendo la demostración de méritos y garantizando la equidad de género en los procesos de selección.
La nueva ley otorga más derechos a los funcionarios judiciales de carrera, ampliando sus posibilidades de movilidad dentro del sistema. Además, consolida la administración de justicia como “un servicio público esencial”, asegurando su continuidad, incluso en el contexto de huelgas, bajo la condición de que se mantengan servicios mínimos.
Otro de los cambios importantes de la ley es el fortalecimiento de la Defensoría Pública. Se establece que cada municipio del país debe contar con una oficina de defensoría, compuesta por un defensor municipal y uno público, garantizando así el acceso a la justicia en todas las regiones del país.
Este enfoque busca asegurar que cualquier persona, independientemente de su situación económica o social, pueda recibir apoyo legal.
La ley también contempla la inclusión de magistrados de descongestión en la Sala Laboral, con el fin de aliviar la acumulación de casos, y refuerza los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC).
El Ministerio de Justicia tendrá la obligación de realizar evaluaciones periódicas y presentar informes al Congreso cada dos años sobre el avance de estas medidas.
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